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20 de junio de 2018 | Provincia

Panorama REALPOLITIK

Denuncian a referentes bonaerenses de Cambiemos por lavado de activos durante la campaña de 2017

La Alameda presentó formalmente ante el juez amigo del papa Francisco, Sebastián Casanello, la denuncia contra Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor Flores donde se los acusa de utilizar información de personas de bajos recursos para lavar dinero, al hacerlos figurar como aportantes de la campaña.

La Alameda presentó formalmente ante el juez amigo del papa Francisco, Sebastián Casanello, la denuncia contra Esteban José Bullrich, Gladys Esther González, María Graciela Ocaña y Héctor Antonio Flores donde se los acusa de utilizar información de personas de bajos recursos para lavar dinero, al hacerlos figurar como aportantes de la campaña.

Un verdadero escándalo se desató en los últimos días cuando se dieron a conocer pormenores de una asociación ilícita abocada al lavado de dinero durante la campaña electoral de 2017. La investigación periodística compromete a los candidatos de primera línea del Pro bonaerense y permite entrever cómo a partir de información pública se utilizó la identidad de al menos unas doscientas personas de bajos recursos pertenecientes a los programas sociales “Ellas hacen” y “Argentina Trabaja” para hacerlas figurar como aportantes a la campaña de la alianza Cambiemos en la provincia de Buenos Aires.

A raíz de esta publicación, la fundación La Alameda de Gustavo Vera hizo una presentación ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 7, a cargo de Sebastián Casanello. La denuncia lleva la firma del miembro de la fundación, Lucas Enrique Schaerer, y concretamente pide que se investiguen los hechos narrados, dado que los candidatos, ahora legisladores, “habrían utilizado las funciones del estado, para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”.

De esta forma quedaron comprometidos: Esteban Bullrich, Gladys González, Graciela Ocaña y Héctor "Toty" Flores, y piden que se investigue el entorno en búsqueda de cómplices e instigadores del ilícito, así como el origen del dinero ingresado al circuito legal y que podría provenir, entre otros, del narcotráfico o las coimas. 

“La finalidad de las conductas es clara: utilizar las funciones en el estado, para acceder a información sobre personas vulnerables y utilizarlas para introducir dinero ilícito en el sistema legal del financiamiento de partidos políticos”, resalta el escrito y aclara: “Para la ley es suficiente que exista la consecuencia posible de que esos bienes ilícitos o los subrogantes, adquieran mediante la realización de alguno de las acciones típicas, apariencia de licitud, sin necesidad de acreditar que efectivamente la hubiesen adquirido”.

Asimismo, en la fundamentación Schaerer trae a colación la investigación iniciada en 2009 por el juez Marcelo Aguinsky, denominada “Guerrero de los Balcanes”, por la cual se pudo desarticular una organización criminal dedicada al narcotráfico y al lavado de activos producto de esa comercialización ilegal de estupefacientes. 

Oportunamente la Justicia pudo determinar que la banda criminal encabezada por ciudadanos serbios contrabandeó más de 2 mil kilogramos de clorhidrato de cocaína y cómo luego la organización delictiva logró introducir el dinero ilícito en el circuito legal reclutando personas con bajos recursos y jubilados. 

“Este sector económico de la sociedad no genera alertas para los organismos de control financiero, tanto locales como internacionales; se encuentran fuera de cualquier tipo de control”, dice al tiempo que alerta que este tipo de maniobras conocidas como “micro lavado” es una práctica muy extendida en la actualidad.

En base a esto, La Alameda, dedicada a erradicar el trabajo esclavo y que ya denunció en otras oportunidades irregularidades en torno a los talleres textiles de la primera dama, Juliana Awada, le pide a Casanello que esclarezca “el origen de los fondos involucrados”, “máxime cuando algunas de las personas físicas son actualmente investigadas en otras causas judiciales, por hechos como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles con la función pública y falsedad maliciosa en la declaración jurada”.

Asimismo, destaca la importancia de desandar el camino iniciado por la investigación periodística en la lucha contra la corrupción, al decir que “los sistemas deben asegurar el control de la información no sólo por parte de los órganos encargados de su aplicación sino por los ciudadanos y por los medios de comunicación”. “Por ello, el carácter público de la información deviene en requisito esencial”, asegura el representante de La Alameda.

El caso es escandaloso por dónde se lo mire a tal punto que trascendió el cerco mediático que ostenta hoy la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, quien además vale recordar que, en 2017, tal cual fueron sus palabras, “se puso la campaña al hombro” y caminó varios distritos junto a los ahora investigados. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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21 Jun | 12:44
Pablo de Pilar | Mail
ESTOS HIJOS DE MIL PUTAS, CUANDO CAIGAN TERMINAN TODOS EN CANA CON UN PALO EN EL ORTO, CAGANDO SANGRE EN UN RETRETE. MUERTE A TODOS LOS HIJOS DE MIL PUTAS DE LA BANDA CRIMINAL DE SAQUEADORES DE GARQUEMOS>
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