Junín: Petrecca deberá pagar de su bolsillo una multa de 750 mil pesos que fijó el Tribunal de Cuentas

El intendente de Junín le recargó al erario de la comuna los gastos de contratación a una universidad pública por los servicios de auditoría y asesoramiento, cuando son tareas propias de los funcionarios municipales, del Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. Ahora deberá cubrir ese saldo también en solidaridad con los funcionarios y los concejales que incurrieron en la falta.

Indudablemente la gestión de Pablo Petrecca al frente del municipio de Junín comenzó con el pie izquierdo. Mal asesorado por su flamante secretario de Legal y Técnica, Adrián Feldman, y la secretaria de Gobierno, Agustina De Miguel, se apresuró a firmar el 1 de marzo de 2016 un convenio con la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, por los servicios de asistencia técnica y auditoría en la comuna, sin saber que para estas tareas existen organismos públicos, por lo que luego de dos años y medio el Tribunal de Cuentas lo intimó a responder con su patrimonio por ese gasto innecesario que supuso una suma de 620.225 pesos.

Del detalle que se desprende del fallo puede constatarse que una serie de sumas exorbitantes fueron derivadas a cubrir el gasto de dos “Programas de Asistencia Técnica”: uno destinado al recuento de bienes y revisión de diversos informes correspondientes a la gestión saliente; y otro de asesoría profesional vinculada a la historia contable de la comuna, por los montos de 297 mil pesos y 330 mil pesos respectivamente.

El convenio fue declarado de interés municipal por decreto Nº 519/2016, y convalidado por la ordenanza Nº 7093/17, a través de la cual se autorizó además “la cobertura de gastos de hospedaje, comida y todo otro que pudiera surgir como consecuencia de la actividad llevada a cabo”. Por esto el Tribunal de Cuentas responsabiliza también a los concejales Gabriel Jorge D'Andrea, Anselmo José Hernández, Javier Adrián Ramón Belligoi, Javier Rubén Prandi, María Lía Castratovich, Nora Elizabeth Mahuad, Gustavo Tomás Traverso, Lautaro Diego Mazzutti, Rodolfo Omar Bertone, Maia Soledad Leiva, Olga Marta Prieto y Marcelo Omar García, por haber validado con su voto el garrafal error. No obstante, los ediles no deberán pagar la multa, sino que en su lugar deberá responder el intendente en solidaridad y como máximo responsable.

En esa línea, deberá responder también por los funcionarios municipales implicados. Tal es el caso de la contadora municipal, Natalia Viviana Donati, el secretario de Hacienda y Finanzas, Eduardo Ariel Díaz, y el Tesorero Claudio Osvaldo Burgos. En el caso de la contadora, se comprobaron una serie de irregularidades en cuanto a las órdenes de pago, así como el faltante de documentación, derivando en varias infracciones a la ley Orgánica de las Municipalidades. Entre otros, se detectaron anomalías además en la cadena de pago a proveedores, la inexistencia de remitos o constancias de pagos de facturas y “deficiencias en todo el circuito de compras”, por lo que quedó comprometido el tesorero Osvaldo Burgos, como se indicó, “ante la imposibilidad de corroborar la salida de fondos y la percepción de los mismos por los beneficiarios”.

En cuanto al secretario de Hacienda y Finanzas, Eduardo Ariel Díaz, el Tribunal señala su responsabilidad al ser quien suscribió los egresos, por iguales motivos que los concejales que votaron afirmativamente la aprobación del convenio suscripto entre la municipalidad y la facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires

Asimismo, el Tribunal justificó la sanción al observar que los gastos realizados “no encuadran dentro de la finalidad pública, por cuanto los mismos no debieron ser afrontados con fondos públicos sino con capital privado”. Fundamentando además “que es materia exclusiva del Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires el estudio de las cuentas municipales en los aspectos legales y contables, del Honorable Concejo Deliberante en materia de oportunidad, mérito y conveniencia de la gestión y que además la municipalidad cuenta con las áreas de Patrimonio, Contabilidad y Presupuesto con incumbencias de igual naturaleza que las contratadas”.

No obstante, el fallo es claro al remarcar que en este proceso el ejecutivo “se constituye en responsable por la contratación efectuada, ya que de tener la necesidad de reforzar las áreas que dependen de su departamento, debió afrontar los gastos con fondos propios y no públicos, considerándose que posee personal al cual se abonan salarios para desarrollar las mismas tareas, y que por lo tanto se abona dos veces por el mismo servicio”.

Por todo esto, intima a Pablo Petrecca a asumir los costos de la multa, en solidaridad con sus funcionarios y los concejales, que equipara el monto desembolsado por la comuna más los intereses. Esto representa un cargo por 634.615,80 pesos que sumado a los intereses que paga el Banco de la provincia de Buenos Aires, en sus operaciones de depósito a treinta días, desde la fecha de pago y hasta el dictado de la sentencia, asciende a 113.877,13 pesos, lo que hace un total de 748.492,93 pesos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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