Polémica: Denuncian irregularidades en la selección de Inza como contadora General bonaerense

La gestión del último contador General, Gastón Messineo, fue una de aciertos, desaciertos y decisiones difíciles. Incluso durante las últimas semanas, cuando su partida era prácticamente un hecho, los fusiles de las críticas seguían apuntando a su cabeza. Más allá de sus medidas más positivas, como la implementación de un nuevo sistema informático y la reorganización física de la enorme mayoría de oficinas de la Contaduría General, fue el fallido sistema SIGAF el que le terminó costando el puesto.

En el mes de mayo, cuando comenzaron a circular los rumores acerca de agentes de Modernización del Estado interviniendo algunas de las oficinas de Messineo, no fueron pocos los dirigentes políticos que comenzaron a promover su reemplazo con personas de su propio riñón. En este sentido, la ley establece que debe conformarse una terna con, lógicamente, tres candidatos y que será el Senado bonaerense el que decidirá cuál de los candidatos es el mejor preparado en base a conocimientos y trayectoria, y recién entonces proponer su pliego a la gobernadora de la provincia.

Con las cartas sobre la mesa, se presentaron en el Senado los pliegos de las tres candidatas: María Fernanda Inza, María Beatriz Melillo y Raquel Durda. Si bien ninguna de las tres, a simple vista, presentaba antecedentes abrumadores, lo cierto es que a nadie le cabía duda alguna que la próxima contadora saldría de la puja entre Melillo y Durda. La tercera propuesta debía quedar descartada de plano, dado que Inza estuvo involucrada en numerosos pasajes oscuros manchados de corrupción y que, hasta el momento, no han sido aclarados satisfactoriamente.

De hecho, cuando Roberto Baratta, el ex número dos de Julio De Vido, fue encontrado culpable por el juez Claudio Bonadío, quien ordenó la inmediata detención de ambos, se observó con estupor que quien había auditado y aprobado los contratos de los delitos no fue otra que Inza, que actuó como auditoria de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Por alguna razón, a pesar de los innumerables delitos que se estaban cometiendo a través del pliego, la ahora contadora General de la provincia lo aprobó, expresando por escrito: “No se encuentran situaciones que merezcan ser señaladas como irregulares, con lo cual se refleja la razonabilidad de la operatoria desarrollada por ENARSA”. Semanas después, y gracias a la aprobación de Inza, Baratta y De Vido accionaron una defraudación cuyo solo embargo asciende a 1.000 millones de pesos.

No es esta, bajo ningún punto de vista, la única denuncia que pesa sobre la polémica funcionaria. Apenas asumido el gobierno de Mauricio Macri en diciembre de 2015, un torbellino de denuncias por sobresueldos hacia parientes y militantes en la secretaría Legal y Técnica se asentaron en la Justicia. Los apuntados fueron dos: Pablo Clusellas y quien entonces fue caracterizada como “una lobista desconocida pero poderosa”, María Fernanda Inza.

Fue justamente por todas estos pasajes oscuros que pueblan su trayectoria, que nadie pensó que sería justamente ella la elegida para dirigir los pagos de toda la provincia. “Es como pedirle al lobo que cuide las ovejas”, aseguraron en la misma estructura de la Contaduría General. Es que, sin ir más lejos, fueron los propios trabajadores los que elevaron su voz al cielo y comenzaron a denunciarla apenas asumido su rol. “Necesitamos que todos conozcan su prontuario y así hacerle saber que la estamos mirando de cerca. Que cualquier fechoría que cometa, vamos a estar ahí para denunciarla”, sentenciaron.

No obstante ello, aun se mantiene en el aire la duda sobre la decisión del Senado. ¿Por qué elegir a una candidata con antecedentes judiciales para un rol tan importante? La respuesta, según allegados a la actual Contadora General, se encuentra en la estrecha amistad que mantendría con el jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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