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25 de julio de 2018

LEGISLATIVAS

El senador Darío Díaz Pérez expresó su preocupación ante el desmedido aumento de los medicamentos

El legislador vicepresidente de la comisión de Salud lo hizo mediante un proyecto de declaración ante lo inexplicable del precio de los medicamentos y por el impacto que genera sobre la accesibilidad a los mismos en la gran mayoría de los bonaerenses.

El legislador vicepresidente de la comisión de Salud lo hizo mediante un proyecto de declaración ante lo inexplicable del precio de los medicamentos y por el impacto que genera sobre la accesibilidad a los mismos en la gran mayoría de los bonaerenses.

El senador de la provincia de Buenos Aires, presidente del bloque Peronista y vicepresidente de la comisión de Salud de esa Honorable Cámara Legislativa, presentó un proyecto de declaración donde expresa su preocupación ante el desmedido e inexplicable aumento del precio de los medicamentos y el alto impacto que genera sobre la accesibilidad a los mismos en la inmensa mayoría de los bonaerenses.

Entre sus fundamentos, Díaz Pérez destaca que de acuerdo al informe del mes de julio del corriente año del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda, los precios de los medicamentos en Argentina crecieron en promedio en estos últimos dos años y medio un 130 por ciento.

El incremento de los gastos en salud presiona el presupuesto familiar al ocupar una porción cada vez mayor de los ingresos. El aumento del precio de los medicamentos es seguramente el emergente más sintomático del estado actual de la salud en Argentina, registrándose las principales alzas en los fármacos de consumo masivo.

Esta situación se da en un contexto de extrema relajación de los controles por parte de la secretaría de Comercio sobre un sector, la industria farmacéutica, con muy alto grado de concentración tanto en la producción como en la comercialización. Sólo 20 de los 110 laboratorios de medicamentos concentran el 80 por ciento de la facturación y 4 de las 445 droguerías concentran el 70 por ciento del mercado.

Un progresivo desmantelamiento del programa Remediar, actualmente denominado CUS Medicamentos, que garantizaba los fármacos esenciales, los que cubren el 80 por ciento de las enfermedades más frecuentes a la población que se atiende en el subsector público, en el primer nivel de atención. La decisión del PAMI, de dejar de entregar medicamentos con cobertura del 100 por ciento a una gran cantidad de beneficiarios, además de una merma en la calidad y cantidad de prestaciones, un combo que encarece los costos de salud de los afiliados y en muchos casos los obliga a tener que incurrir en gastos suplementarios a partir de resignar parte de sus haberes, acudiendo a la colaboración de sus familiares o incluso, endeudándose. Aumento de la tasa de desempleo, llegando en el conurbano bonaerense a cerca de dos dígitos con la consiguiente pérdida de la cobertura social. Un empeoramiento del servicio de salud pública con faltante de insumos, de recurso humano y demoras excesivas.

Hay que tener presente que por ley los medicamentos se consideran un bien social, estando sujetos a regulaciones específicas en cuanto a su abastecimiento.

La ley nacional 26.688 promulgada en el año 2011, determina en su artículo primero que los medicamentos deben ser entendidos como bienes sociales. 

Por su parte, la constitución de la provincia de Buenos Aires en su artículo 36 establece que “la provincia promoverá la eliminación de los obstáculos económicos, sociales o de cualquier otra naturaleza, que afecten o impidan el ejercicio de los derechos y garantías constitucionales”.

A tal fin reconoce como derecho social: inciso 8 - A la Salud: La provincia garantiza a todos sus habitantes el acceso a la salud, en los aspectos preventivos, asistenciales y terapéuticos.

Cabe destacar que para estudiar la evolución de los precios de los medicamentos y poder medir el impacto de las subas de los últimos meses sobre la población consumidora de fármacos, el Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAV llevó a cabo un relevamiento de precios sobre una canasta de 123 productos de diversas características, marcas, función y origen. De acuerdo al relevamiento realizado entre noviembre de 2015 y mayo de 2018, el aumento promedio del fue del 130 por ciento, un 22 por ciento por encima del IPC CABA (107,5 por ciento).

Cuando se analizan las distribuciones en las variaciones de precios de los diversos productos, se observan variaciones nominales que llegan en algunos casos al 400 por ciento. Se relevaron catorce medicamentos con aumentos de precios superiores al 200 por ciento.

Se observaron aumentos promedio del 284 por ciento en medicamentos destinados a la terapia tiroidea, del 225 por ciento en broncodilatadores destinados a pacientes con problemas respiratorios leves, del 218 por ciento en los ansiolíticos, del 176 por ciento los antiinflamatorios broncodilatadores para pacientes con problemas respiratorios severos, del 161 por ciento los antidepresivos, 157 por ciento los antiinflamatorios, 156 por ciento los protectores gástricos, 150 por ciento los medicamentos utilizados para reducir el colesterol y otras grasas, 141 por ciento los anticonceptivos y un 139 por ciento los anticonvulsivantes.

Por otro lado desde diciembre de 2015 a mayo de 2018, los productos importados tuvieron un mayor incremento que los nacionales, por ejemplo los ansiolíticos importados subieron un 287 por ciento mientras que los nacionales se incrementaron promedio un 103. Los antihipertensivos importados lo hicieron en un 120 por ciento y los nacionales en un 94. Esto en un marco de incremento en la importación de medicamentos que además fueron impactados por la devaluación.

Al respecto Díaz Pérez sostuvo: "El aumento nominal desde noviembre de 2015 del salario mínimo vital y móvil, de la AUH y la jubilación mínima del 70, 89 y 94 por ciento respectivamente, implicó una merma en el poder de compra de unidades de medicamentos del 15,18 y 26 por ciento". A lo que agregó el Legislador, vicepresidente de la comisión de Salud de la Cámara de Senadores: "Hay que mencionar otro golpe letal al bolsillo en materia de salud, como lo es el incremento de la medicina prepaga que afecta a alrededor de 6 millones de personas, de las cuales menos del 30 por ciento son afiliados voluntarios directos y el resto pertenece a obras sociales que transfieren los aportes al subsector privado.  De 2016 a la fecha se produjeron varios aumentos en las cuotas autorizados por el ministerio de Salud de la Nación, con un peso cada vez mayor en el presupuesto de la clase media. Desde el primer aumento autorizado por el actual gobierno en febrero de 2016, el incremento promedio fue del 111 por ciento. En agosto habrá otro aumento del 7,5 por ciento. Las empresas de medicina prepaga constituyen un sector muy concentrado. De las 270, sólo 8 concentran el 60 por ciento de los afiliados y el 70 por ciento de la facturación".

Por último, señaló que como alternativa "Las opciones de las familias que no pueden seguir pagando la cuota son pasar a un plan de menor cobertura o recurrir al subsector público de manera de morigerar los efectos de las subas sobre los bolsillos”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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Darío Díaz Pérez

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