Nicolás Galvagni, reemplazante de Inza, acusado de cajonear las denuncias de Rodríguez Larreta

La búsqueda desesperada por dar con los funcionarios adecuados para los cargos correctos, ha implicado que los últimos 24 meses la provincia de Buenos Aires se haya transformado en un constante desfile de nombres que, en la mayoría de los casos, van de mal en peor.

“No levantes la cabeza, tenés muchas causas en el lomo. Mejor seguí cantando bajito y con algo de suerte termina prescribiendo todo”, comentan que le aconsejaron a la ex secretaria Legal y Técnica y, ahora, también ex Contadora General bonaerense, María Fernanda Inza. Es que, además de la mega investigación por los aportantes truchos durante las campañas de Cambiemos, el nombre de la por entonces funcionaria figura en otras dos indagaciones judiciales de peso: La malversación de más de 1.000 millones de pesos del ENARSA, cuyo pliego fue estudiado y avalado por Inza, y un escándalo doméstico de sobresueldos durante diciembre de 2015 y los primeros meses del 2016 en la secretaría que comandaba.

No obstante las palabras de sabiduría de sus allegados, Inza se tentó por el apoyo que le brindaban sus superiores y presentó su pliego como candidata a la Contaduría General en reemplazo de Gastón Messineo, aceptado puertas adentro del organismo pero duramente cuestionado por la implementación del SIGAF por los proveedores del Estado bonaerense.

El resultado de aquella movida fue el conocido por todos: Las denuncias tomaron rápidamente estado público y el peso de los cuestionamientos le valió el mandato más corto en la historia provincial, algo así como 37 horas. Entonces, cuando parecía que no podía estar en mayores problemas, la contadora tuvo la malograda idea de enviar a 28 personas de confianza a tomar el edificio de Contaduría, incluyendo su despacho. Aquel desafío abierto a la gobernadora María Eugenia Vidal le costó el poco crédito que le quedaba.

Amén de los problemas que aún se mantienen en la vital Contaduría General de la provincia, es su otro cargo el que ahora se encuentra en la picota. Al abandonar la secretaría Legal y Técnica, su puesto fue ocupado por Nicolás Andrés Galvagni Pardo, quien se presenta a sí mismo como “primero licenciado en Ciencias Políticas y luego abogado”, y ya se encuentra firmando los boletines oficiales. “Vamos de mal en peor, ¿justo a Galvagni eligieron?”, dicen que preguntó un funcionario de alto rango apenas se enteró de la designación.

Corrían los primeros días de septiembre de 2015 cuando Julieta Costa Díaz denunció penalmente a la funcionaria macrista Paula Uhalde, empleada del por entonces jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, por adjudicar numerosas licitaciones a una ex asesora de Uhalde quien tenía prohibido ser proveedora del Estado. No obstante lo que ordenaba la Justicia, ganó licitaciones vinculadas a la campaña “Ciudad Verde” por hasta 2 millones de pesos.

La denuncia penal no fue la primera opción de Costa Díaz, sino que la información había sido remitida ante la Autoridad de Aplicación de Ética Pública para que intervenga inmediatamente ante las irregularidades multimillonarias que se estaban cometiendo. “Lo que encontramos fue una complicidad de la Autoridad de Ética Pública, cajoneó la denuncia”, informó Costa Díaz a los medios.

El titular de Ética Pública, en aquel entonces, no era otro que Nicolás Galvagni Pardo, que decidió mirar para el costado. “El retraso de Galvagni solo se puede justificar en una maniobra para dilatar una resolución desfavorable a Uhalde y su jefe, Rodríguez Larreta”, indicó por aquel entonces la Justicia.

Insólitamente, cuando hubo que elegir a la persona encargada de fiscalizar la legalidad de los documentos que emanan de la provincia de Buenos Aires, se eligió a Galvagni, que viene de ser denunciado justamente por no analizar la irregularidad que ocurría bajo sus narices. (www.REALPOLITIK.com.ar)  

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