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4 de agosto de 2018 | Provincia

El ajuste llegó a la salud

IOMA continúa con su política de “patear” a los discapacitados

Baldassarre, titular del sector encargado de auditar los presupuestos presentados, expuso que la autorización emitida por un plazo menor al indicado en la orden médica responde a que el afiliado con discapacidad “puede evolucionar”, resultando a su entender justificado reducir el período que indica el médico tratante.

Las madres que firmaron el amparo colectivo en representación de familiares de niños y jóvenes con discapacidad junto al doctor Federico Cerrudo, quien los representa, fueron convocados el pasado 25 de julio a una reunión por el director del IOMA Mar del Plata, Marcelo Lacedonia.

En la reunión se encontraban presentes, entre otras autoridades, el director de Programas Específicos, Alejandro Baldassarre, y el defensor Adjunto de la provincia de Buenos Aires, Marcelo Honores, quien manifestó estar dispuesto a colaborar sin perjuicio de las acciones judiciales emprendidas.

Aunque durante la reunión se hablaron de distintos temas, en concreto no se logró ningún tipo de avance. Según expresaron a REALPOLITIK las madres, las autoridades continúan justificando las demoras diciendo que todo el que trabaja en el estado sabe que históricamente paga mal: “No creemos que sea correcto naturalizar la falencia de la obra social más grande de la provincia, que se sostiene con el aporte de 2.400.000 afiliados”, aseguraron en ese sentido.

Al unísono, las mamás depositaron su esperanza en el proceso de modernización del estado que, con el nuevo sistema informático, garantizaría la agilidad de los pagos y descentralizaría las autorizaciones.

Además, se refirieron a la judicialización del IOMA e insistieron en que por vía de acción de amparo individual los trámites de los afiliados se demoran más que por la vía normal. Afirmaron que los prestadores de salud no trabajan si no media un amparo porque les interesa pedir un monto mayor en sus honorarios de lo que estipula el nomenclador de IOMA. En ese marco, aseguraron que “lo que ocurre es que el valor que paga no está de acuerdo al valor nación que es de 475 pesos, en el caso de las prestaciones de apoyo”.

Por su parte, Baldassarre, titular del sector encargado de auditar los presupuestos presentados, expuso que la autorización emitida por un plazo menor al indicado en la orden médica responde a que el afiliado con discapacidad “puede evolucionar”, resultando a su entender justificado reducir el período que indica el médico tratante. Claramente, esto complica más a los padres que cada seis meses tienen que renovar el trámite para renovar terapias o insumos y entran en la vorágine de una burocracia que deja desprotegido a los más vulnerables.

En relación a la prestación que brindan al afiliado con discapacidad los transportistas, el conflicto se encuentra según ellos en que los valores que presupuestan resultan ser mayores a los del valor del nomenclador de nación. Los transportistas se rigen por el nomenclador del ministerio de Salud, que es de 16,47 el kilómetro, a pesar de los grandes aumentos en las naftas y el desgaste normal de un vehículo en la calle. Se les paga esa ínfima cifra con una demora de un año. El atraso hace más grande la diferencia. Es esta la razón por la que ningún transportista quiere trabajar por IOMA: no se pueden sostener.

El director de Programas Específicos negó en la reunión que existen retrasos en los pagos a los profesionales y en las autorizaciones de prestaciones e insumos. También dijo que por trámite común las autorizaciones y los pagos se realizan más rápido que cuando se presenta un amparo.

Este medio pudo registrar muchos ejemplos que contrarían las versiones de Baldassarre.

1.- Daniela Pose lucha por su hijo Ian de seis años, quien tiene espina bífida. Esto lleva a no tener fuerza en sus miembros inferiores, por lo que requiere de ortopedia para no atrofiarse. Tiene la cadera subluxada y los pies se le están atrofiando por no tener las prótesis. Inició el trámite de las valvas y resiprocador para iniciar la marcha en diciembre del 2016, y aún no las tiene. Su hijo usa zondas vesivales que antes daban por seis meses y ahora, al renovar el trámite, se lo dieron por tres meses. Tampoco tiene transporte, por lo que no puede ir a las terapias.

2.- Yahir Longo es un adolescente de Batán con parálisis cerebral. Hace dos meses que no va a la escuela ni a las terapias porque se quedó sin transporte. Esto provoca un grave retroceso de las habilidades logradas con tanto esfuerzo y atrofia en sus miembros.

3.- Fabiola Valdebenito es una mamá sostén de familia que tiene un amparo. No autorizan el transporte para su hijo. Ellos viven en Batán. No puede ir a las terapias y corre peligro que le suspendan el servicio de internación domiciliaria por demora en los pagos. Esto le acarrearía un gran problema a la mamá porque no podría ir a trabajar ya que tendría que cuidar de su hijo. Tiene pedido una silla motorizada y un elevador hidráulico por trámite común, sin amparo. Pasa el tiempo y no llega la autorización.

4.- Cynthia lucha por su hijo León, tiene una enfermedad terminal llamada Tay-Sachs. IOMA no le da el equipamiento que necesita, silla postural, valvas chaleco coderas, guantes.  Le informaron a la familia por carta documento que hasta el 4 de agosto tiene servicio de internación domiciliara por falta de pago. Tiene una medida cautelar.

5.- Emanuel Zapata es un niño de diez años de Pinamar con hidrocefalia congénita. Su médico de cabecera solicitó una silla de autopropulsión ultraliviana para traslado y valvas cortas a 90 grados. Este pedido fue cargado el 22 de marzo de este año. La silla llegó la semana pasada pero no es la pedida por el médico, difieren las características. Las valvas llegaron hoy después de varios reclamos.

Hay prestadores a los que esta semana le pagaron trece trámites atrasados del año 2016, pedidos por trámite común. La demora en los pagos generalmente va de seis meses a un año.

Durante reunión inicialmente mencionada, a las madres se les propuso ser intermediarias de los 2.400.000 afiliados con que el IOMA cuenta en la provincia de Buenos Aires por medio del correo de amparo colectivo, donde recepcionan adhesiones y denuncias hace meses, comprometiéndose a revisar cada situación en particular.

“Las denuncias que recibimos en [email protected] serán reenviadas a la presidencia del IOMA y acompañadas al expediente judicial solicitándose en cada caso la inmediata intervención de la defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires”, expresó una de las mamás a REALPOLITIK.

Las actuaciones se encuentran radicadas en el Tribunal Criminal N° 2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Roberto Falcone, Néstor Conti y Alexis Simaz.

“Estamos esperanzados que los señores jueces que intervienen en esta acción colectiva generen un cambio profundo en el derecho de las personas con discapacidad de toda la provincia a fin de que mejore la calidad de vida de los afiliados. Ya que de dictarse una sentencia favorable anhelamos que sus efectos alcancen a todos los afiliados de la provincia de Buenos Aires”, concluyeron. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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05 Aug | 09:23
LANATO | Mail
Estimado Director de Realpolitik: Me gustaría en breve ver una nota sobre temas que Cambiemos "no cambió", a saber: ¿Por qué en el actual Ministerio de Gestión Cultural siguen mandando los kirchneristas, por qué no investigó Vidal en que condiciones fueron otorgadas las jefaturas de departameno, por qué en lo que va de la gestión nadie se ocupó del tema? ¿Por qué gente, si se la puede llamar así, como los que figuran en la nota que sigue, no solo no están presos, sino que siguen trabajando e incluso influyendo sobre empleados y autoridades? ¿No es grave o es una sensación mía? : Instituto Cultural: condenan a exfuncionarios por fraude con los sueldos: Incluían en un listado a personas que no trabajan en la institución pero cobraban los salarios en el Banco Provincia, a través de una red de complicidad. El Juzgado Correccional Nº2 los sentenció a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos El titular del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, condenó a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios que se desempeñaban en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tras comprobarse que se apoderaban de dinero destinado al pago de sueldos del personal. Durante la audiencia quedó comprobado que el encargado de la oficina Controlador de Sala y Escenario -Walter Hugo Barragán- en connivencia con el asesor del presidente del Instituto -Guillermo Daniel Zo-, al momento de confeccionar las planillas para la liquidación de haberes del personal de Sala y Escenario incluían indebidamente a personas que no habían prestado esa actividad. Según fue acreditado por el Juzgado Correccional Nº2, tanto Barragán como Zo actuaban en complicidad con un tercer imputado, Jorge Luis Ledesma -coordinador administrativo de Tesorería-, quienes cobraban dinero destinado al pago de los sueldos del personal del Instituto, sumas que mensualmente eran depositadas en cuentas fiscales del Banco Provincia de Buenos Aires, casa matriz. La modalidad consistía en que, una vez confeccionadas las planillas, eran remitidas a la Oficina de Liquidación de Haberes, para realizar la correspondiente liquidación en el sistema informático del Instituto Cultural, y luego eran nuevamente remitidas a la oficina Sala y Escenario para un nuevo control de los imputados. De esta manera, los tres acusados daban el visto bueno para la impresión de los cheques en favor de cada beneficiario, los cuales debían ser abonados en el banco de la Provincia. Una vez impresos los cheques, éstos eran remitidos junto a los listados de control de recibos-cheque a la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Allí, Barragán confeccionaba una nota dirigida a las autoridades del Banco Provincia por la que autorizaba -con su firma y sello- a otro de los imputados a cobrar el lote de sueldos correspondientes a las personas indebidamente incluidas en el listado, a quienes se les había liquidado el sueldo como consecuencia de la información falsa remitida al área de liquidaciones por el propio encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Barragán trabajó en el Instituto durante varios años, y en 2008 asumió como encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Durante el juicio, confesó que él era quien retiraba el lote de cheques por Tesorería, cobraba el dinero bajo la modalidad descripta, lo guardaba en un portafolios que llevaba a la Dirección General de Administración (DGA), que estaba a cargo de Hernán Gullo, y se lo entregaba a Zo. Por esa tarea, el acusado recibía una compensación de $170.000 por mes, convertida en “horas extras”, “viáticos” y sueldo que percibía a pesar de que no concurría a trabajar, a excepción de su tarea habitual. De la misma manera, Zo comenzó a trabajar en el Instituto en diciembre de 2007, a través de un amigo que lo llevó como asesor de Presidencia. Reconoció que recibía una compensación salarial semejante a un sueldo en blanco. Se utilizaba la modalidad Sala y Escenario como una “partida salvadora” para sobresueldos y también para gestión. “El presidente del Instituto, Patricio D’Amico, estaba al tanto de esta situación y también cobraba compensación”, señaló el acusado en su declaración, y añadió que a éste último se le entregaba aproximadamente el 60% del dinero obtenido en la maniobra. Por su parte, Ledesma prestaba funciones en 2008 en el Instituto y, al igual que la tesorera y la subdirectora contable, eran las personas que tenían su firma registrada en el Banco Provincia. Por esta razón, Barragán le había pedido “en confianza” que le firmara los listados para cobrar en nombre de las personas que figuraban en los mismos. Para el magistrado, quedó acreditado que los tres imputados cometieron “fraude en perjuicio de la administración pública”. Por ello condenó a Barragán y a Zo a la pena de “tres años de prisión de ejecución condicional”, y a dos años a Ledesma, sumado a la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” para los tres imputados. Vínculos con la conducción de UPCN Según pudo saber Hoy, los exfuncionarios condenados formaron parte de la gestión que encabezó Juan Carlos D´Amico cuando estuvo al frente del Instituto Cultural, cargo que ejerció entre 2007 y 2012, cuando fue reemplazado por Jorge Telerman. Durante ese período el Director General de Administración (DGA) era Hernán Gullo quien, junto con Zo, a quien dentro del Instituto lo conocen con el seudónimo de “El Chino”, mantenía una estrecha relación con el actual secretario gremial de UPCN, Diego Rétola, quien fue designado como Director de Museos. Eso lo permitió estar de los dos lados del mostrador: ser sindicalista y funcionario a la vez. Esta doble función le permitió a Rétola que nombren a su mujer Sonia Rodríguez como jefa de Departamento en el área compras del Instituto, como así también a otros familiares. “Era tan estrecho el vinculo con Zo y Gullo, que Rétola los agasajaba con asados en el camping del sindicato”, dijeron fuentes consultadas por Hoy. El actual secretario gremial de UPCN es uno de los principales colaboradores del secretario general de ese sindicato, Teodoro Carlos Quintana. El testimonio de Leonor Benedetto En la causa figura la declaración testimonial de la actriz Leonor Benedetto cuya productora –Buen Destino SRL- tenía un contrato con el Instituto Cultural para la puesta en escena de un espectáculo en el interior de la provincia. La actriz tuvo que declarar porque el nombre de una licenciada en comunicación social que trabajaba para ella –Laura Soledad García- apareció en los cheques investigados. García dijo a la Justicia que “no reconoce ninguna de las firmas, ni las aclaraciones”. También consignó que “nunca vio estos talones, ni recibió en pago los importantes allí consignados”. Eso no fue todo García remarcó que “nunca cobró nada del Instituto Cultural y jamás autorizó a ninguna persona a cobrar en representación de ella”. En ese sentido, Benedetto reconoció que, producto del contrato que tenía con el Instituto, en una oportunidad había entregado en el organismo un listado con todos los nombres de los que participaban en su espectáculo. La Justicia acreditó que esos datos habrían sido utilizados por los tres exfuncionarios condenados para la recaudación ilegal.
05 Aug | 09:21
LANATO | Mail
Estimado Director de Realpolitik: Me gustaría en breve ver una nota sobre temas que Cambiemos "no cambió", a saber: ¿Por qué en el actual Ministerio de Gestión Cultural siguen mandando los kirchneristas, por qué no investigó Vidal en que condiciones fueron otorgadas las jefaturas de departameno, por qué en lo que va de la gestión nadie se ocupó del tema? ¿Por qué gente, si se la puede llamar así, como los que figuran en la nota que sigue, no solo no están presos, sino que siguen trabajando e incluso influyendo sobre empleados y autoridades? ¿No es grave o es una sensación mía? : Instituto Cultural: condenan a exfuncionarios por fraude con los sueldos: Incluían en un listado a personas que no trabajan en la institución pero cobraban los salarios en el Banco Provincia, a través de una red de complicidad. El Juzgado Correccional Nº2 los sentenció a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos El titular del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, condenó a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios que se desempeñaban en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tras comprobarse que se apoderaban de dinero destinado al pago de sueldos del personal. Durante la audiencia quedó comprobado que el encargado de la oficina Controlador de Sala y Escenario -Walter Hugo Barragán- en connivencia con el asesor del presidente del Instituto -Guillermo Daniel Zo-, al momento de confeccionar las planillas para la liquidación de haberes del personal de Sala y Escenario incluían indebidamente a personas que no habían prestado esa actividad. Según fue acreditado por el Juzgado Correccional Nº2, tanto Barragán como Zo actuaban en complicidad con un tercer imputado, Jorge Luis Ledesma -coordinador administrativo de Tesorería-, quienes cobraban dinero destinado al pago de los sueldos del personal del Instituto, sumas que mensualmente eran depositadas en cuentas fiscales del Banco Provincia de Buenos Aires, casa matriz. La modalidad consistía en que, una vez confeccionadas las planillas, eran remitidas a la Oficina de Liquidación de Haberes, para realizar la correspondiente liquidación en el sistema informático del Instituto Cultural, y luego eran nuevamente remitidas a la oficina Sala y Escenario para un nuevo control de los imputados. De esta manera, los tres acusados daban el visto bueno para la impresión de los cheques en favor de cada beneficiario, los cuales debían ser abonados en el banco de la Provincia. Una vez impresos los cheques, éstos eran remitidos junto a los listados de control de recibos-cheque a la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Allí, Barragán confeccionaba una nota dirigida a las autoridades del Banco Provincia por la que autorizaba -con su firma y sello- a otro de los imputados a cobrar el lote de sueldos correspondientes a las personas indebidamente incluidas en el listado, a quienes se les había liquidado el sueldo como consecuencia de la información falsa remitida al área de liquidaciones por el propio encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Barragán trabajó en el Instituto durante varios años, y en 2008 asumió como encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Durante el juicio, confesó que él era quien retiraba el lote de cheques por Tesorería, cobraba el dinero bajo la modalidad descripta, lo guardaba en un portafolios que llevaba a la Dirección General de Administración (DGA), que estaba a cargo de Hernán Gullo, y se lo entregaba a Zo. Por esa tarea, el acusado recibía una compensación de $170.000 por mes, convertida en “horas extras”, “viáticos” y sueldo que percibía a pesar de que no concurría a trabajar, a excepción de su tarea habitual. De la misma manera, Zo comenzó a trabajar en el Instituto en diciembre de 2007, a través de un amigo que lo llevó como asesor de Presidencia. Reconoció que recibía una compensación salarial semejante a un sueldo en blanco. Se utilizaba la modalidad Sala y Escenario como una “partida salvadora” para sobresueldos y también para gestión. “El presidente del Instituto, Patricio D’Amico, estaba al tanto de esta situación y también cobraba compensación”, señaló el acusado en su declaración, y añadió que a éste último se le entregaba aproximadamente el 60% del dinero obtenido en la maniobra. Por su parte, Ledesma prestaba funciones en 2008 en el Instituto y, al igual que la tesorera y la subdirectora contable, eran las personas que tenían su firma registrada en el Banco Provincia. Por esta razón, Barragán le había pedido “en confianza” que le firmara los listados para cobrar en nombre de las personas que figuraban en los mismos. Para el magistrado, quedó acreditado que los tres imputados cometieron “fraude en perjuicio de la administración pública”. Por ello condenó a Barragán y a Zo a la pena de “tres años de prisión de ejecución condicional”, y a dos años a Ledesma, sumado a la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” para los tres imputados. Vínculos con la conducción de UPCN Según pudo saber Hoy, los exfuncionarios condenados formaron parte de la gestión que encabezó Juan Carlos D´Amico cuando estuvo al frente del Instituto Cultural, cargo que ejerció entre 2007 y 2012, cuando fue reemplazado por Jorge Telerman. Durante ese período el Director General de Administración (DGA) era Hernán Gullo quien, junto con Zo, a quien dentro del Instituto lo conocen con el seudónimo de “El Chino”, mantenía una estrecha relación con el actual secretario gremial de UPCN, Diego Rétola, quien fue designado como Director de Museos. Eso lo permitió estar de los dos lados del mostrador: ser sindicalista y funcionario a la vez. Esta doble función le permitió a Rétola que nombren a su mujer Sonia Rodríguez como jefa de Departamento en el área compras del Instituto, como así también a otros familiares. “Era tan estrecho el vinculo con Zo y Gullo, que Rétola los agasajaba con asados en el camping del sindicato”, dijeron fuentes consultadas por Hoy. El actual secretario gremial de UPCN es uno de los principales colaboradores del secretario general de ese sindicato, Teodoro Carlos Quintana. El testimonio de Leonor Benedetto En la causa figura la declaración testimonial de la actriz Leonor Benedetto cuya productora –Buen Destino SRL- tenía un contrato con el Instituto Cultural para la puesta en escena de un espectáculo en el interior de la provincia. La actriz tuvo que declarar porque el nombre de una licenciada en comunicación social que trabajaba para ella –Laura Soledad García- apareció en los cheques investigados. García dijo a la Justicia que “no reconoce ninguna de las firmas, ni las aclaraciones”. También consignó que “nunca vio estos talones, ni recibió en pago los importantes allí consignados”. Eso no fue todo García remarcó que “nunca cobró nada del Instituto Cultural y jamás autorizó a ninguna persona a cobrar en representación de ella”. En ese sentido, Benedetto reconoció que, producto del contrato que tenía con el Instituto, en una oportunidad había entregado en el organismo un listado con todos los nombres de los que participaban en su espectáculo. La Justicia acreditó que esos datos habrían sido utilizados por los tres exfuncionarios condenados para la recaudación ilegal.
05 Aug | 05:57
LANATO | Mail
Estimado Director de Realpolitik: Me gustaría en breve ver una nota sobre temas que Cambiemos "no cambió", a saber: ¿Por qué en el actual Ministerio de Gestión Cultural siguen mandando los kirchneristas, por qué no investigó Vidal en que condiciones fueron otorgadas las jefaturas de departameno, por qué en lo que va de la gestión nadie se ocupó del tema? ¿Por qué gente, si se la puede llamar así, como los que figuran en la nota que sigue, no solo no están presos, sino que siguen trabajando e incluso influyendo sobre empleados y autoridades? ¿No es grave o es una sensación mía? : Instituto Cultural: condenan a exfuncionarios por fraude con los sueldos: Incluían en un listado a personas que no trabajan en la institución pero cobraban los salarios en el Banco Provincia, a través de una red de complicidad. El Juzgado Correccional Nº2 los sentenció a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos El titular del Juzgado Correccional Nº2 de La Plata, Eduardo Eskenazi, condenó a prisión condicional e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a tres exfuncionarios que se desempeñaban en el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, tras comprobarse que se apoderaban de dinero destinado al pago de sueldos del personal. Durante la audiencia quedó comprobado que el encargado de la oficina Controlador de Sala y Escenario -Walter Hugo Barragán- en connivencia con el asesor del presidente del Instituto -Guillermo Daniel Zo-, al momento de confeccionar las planillas para la liquidación de haberes del personal de Sala y Escenario incluían indebidamente a personas que no habían prestado esa actividad. Según fue acreditado por el Juzgado Correccional Nº2, tanto Barragán como Zo actuaban en complicidad con un tercer imputado, Jorge Luis Ledesma -coordinador administrativo de Tesorería-, quienes cobraban dinero destinado al pago de los sueldos del personal del Instituto, sumas que mensualmente eran depositadas en cuentas fiscales del Banco Provincia de Buenos Aires, casa matriz. La modalidad consistía en que, una vez confeccionadas las planillas, eran remitidas a la Oficina de Liquidación de Haberes, para realizar la correspondiente liquidación en el sistema informático del Instituto Cultural, y luego eran nuevamente remitidas a la oficina Sala y Escenario para un nuevo control de los imputados. De esta manera, los tres acusados daban el visto bueno para la impresión de los cheques en favor de cada beneficiario, los cuales debían ser abonados en el banco de la Provincia. Una vez impresos los cheques, éstos eran remitidos junto a los listados de control de recibos-cheque a la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Allí, Barragán confeccionaba una nota dirigida a las autoridades del Banco Provincia por la que autorizaba -con su firma y sello- a otro de los imputados a cobrar el lote de sueldos correspondientes a las personas indebidamente incluidas en el listado, a quienes se les había liquidado el sueldo como consecuencia de la información falsa remitida al área de liquidaciones por el propio encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Barragán trabajó en el Instituto durante varios años, y en 2008 asumió como encargado de la oficina de Contralor de Sala y Escenario. Durante el juicio, confesó que él era quien retiraba el lote de cheques por Tesorería, cobraba el dinero bajo la modalidad descripta, lo guardaba en un portafolios que llevaba a la Dirección General de Administración (DGA), que estaba a cargo de Hernán Gullo, y se lo entregaba a Zo. Por esa tarea, el acusado recibía una compensación de $170.000 por mes, convertida en “horas extras”, “viáticos” y sueldo que percibía a pesar de que no concurría a trabajar, a excepción de su tarea habitual. De la misma manera, Zo comenzó a trabajar en el Instituto en diciembre de 2007, a través de un amigo que lo llevó como asesor de Presidencia. Reconoció que recibía una compensación salarial semejante a un sueldo en blanco. Se utilizaba la modalidad Sala y Escenario como una “partida salvadora” para sobresueldos y también para gestión. “El presidente del Instituto, Patricio D’Amico, estaba al tanto de esta situación y también cobraba compensación”, señaló el acusado en su declaración, y añadió que a éste último se le entregaba aproximadamente el 60% del dinero obtenido en la maniobra. Por su parte, Ledesma prestaba funciones en 2008 en el Instituto y, al igual que la tesorera y la subdirectora contable, eran las personas que tenían su firma registrada en el Banco Provincia. Por esta razón, Barragán le había pedido “en confianza” que le firmara los listados para cobrar en nombre de las personas que figuraban en los mismos. Para el magistrado, quedó acreditado que los tres imputados cometieron “fraude en perjuicio de la administración pública”. Por ello condenó a Barragán y a Zo a la pena de “tres años de prisión de ejecución condicional”, y a dos años a Ledesma, sumado a la “inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos” para los tres imputados. Vínculos con la conducción de UPCN Según pudo saber Hoy, los exfuncionarios condenados formaron parte de la gestión que encabezó Juan Carlos D´Amico cuando estuvo al frente del Instituto Cultural, cargo que ejerció entre 2007 y 2012, cuando fue reemplazado por Jorge Telerman. Durante ese período el Director General de Administración (DGA) era Hernán Gullo quien, junto con Zo, a quien dentro del Instituto lo conocen con el seudónimo de “El Chino”, mantenía una estrecha relación con el actual secretario gremial de UPCN, Diego Rétola, quien fue designado como Director de Museos. Eso lo permitió estar de los dos lados del mostrador: ser sindicalista y funcionario a la vez. Esta doble función le permitió a Rétola que nombren a su mujer Sonia Rodríguez como jefa de Departamento en el área compras del Instituto, como así también a otros familiares. “Era tan estrecho el vinculo con Zo y Gullo, que Rétola los agasajaba con asados en el camping del sindicato”, dijeron fuentes consultadas por Hoy. El actual secretario gremial de UPCN es uno de los principales colaboradores del secretario general de ese sindicato, Teodoro Carlos Quintana. El testimonio de Leonor Benedetto En la causa figura la declaración testimonial de la actriz Leonor Benedetto cuya productora –Buen Destino SRL- tenía un contrato con el Instituto Cultural para la puesta en escena de un espectáculo en el interior de la provincia. La actriz tuvo que declarar porque el nombre de una licenciada en comunicación social que trabajaba para ella –Laura Soledad García- apareció en los cheques investigados. García dijo a la Justicia que “no reconoce ninguna de las firmas, ni las aclaraciones”. También consignó que “nunca vio estos talones, ni recibió en pago los importantes allí consignados”. Eso no fue todo García remarcó que “nunca cobró nada del Instituto Cultural y jamás autorizó a ninguna persona a cobrar en representación de ella”. En ese sentido, Benedetto reconoció que, producto del contrato que tenía con el Instituto, en una oportunidad había entregado en el organismo un listado con todos los nombres de los que participaban en su espectáculo. La Justicia acreditó que esos datos habrían sido utilizados por los tres exfuncionarios condenados para la recaudación ilegal.
05 Aug | 03:35
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aprovechemos ese "conflicto" para reventarlos a todos
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