Mafia institucionalizada: Un complejo entramado de coimas encarece la salud de los bonaerenses

Historia conocida, los proveedores de la provincia de Buenos Aires han tenido que llevar adelante verdaderos malabares financieros para poder cobrar en tiempo y forma sus expedientes. Esto ha sido así durante, al menos, una década. Tanto el sistema manual de administración de expedientes y documentos como el actual e informatizado SIGAF han dejado mucho que desear, teniendo a los empresarios en vilo para poder cubrir gastos regulares como sueldos, impuestos, materiales y servicios, y otros menos regulares, como coimas, sobornos y pagos hacia otros colegas por mantenerse fuera de una licitación o, simplemente, ofertar un precio denodadamente alto como parte de una complicidad francamente delictiva.

Lo facturado hoy se cobra, en el mejor de los casos, en sesenta días. Aunque muchas veces suele extenderse a seis meses. Durante ese lapso, la empresa deberá pagar impuestos y sueldos sin haber todavía cobrado un peso. Todos estos problemas encarecen notablemente los productos que compra la provincia. Al valor de costo del producto se le debe sumar la ganancia de la empresa, pero también los sobornos para las autoridades, el tiempo de espera, y los “pagos irregulares” a quien recibe el producto final, para comprar su buena voluntad y que no se queje de lo que obtiene del proceso licitatorio.

Una investigación de REALPOLITIK pudo dar con el que sea, tal vez, el caso más paradigmático de delito institucionalizado de la salud en la provincia de Buenos Aires, distrito gobernado por María Eugenia Vidal. El rubro en cuestión es el de la provisión de prótesis, y los que reciben el dinero sucio no son otros que los neurocirujanos y traumatólogos bonaerenses, que cobran suculentas sumas como resultado de aprietes a los empresarios proveedores.

El aceitado sistema delictivo funciona de la siguiente manera: cuando un paciente necesita una prótesis determinada, que puede ser algo pequeño como un tornillo o más grande como una prótesis a medida o no convencional, la provincia lleva adelante un proceso licitatorio para comprarla. Luego de la apertura de los sobres, la empresa que ofertó el precio más bajo será quien provea el producto al hospital público. No obstante ello, quien tiene la palabra final es el médico responsable. Es decir, quien solicitó la prótesis. Será él quien, luego de analizarla, decidirá si la acepta o si quiere un reemplazo. De este modo, el médico se presenta como un ser todopoderoso que tiene la facultad de hacerle la vida sencilla al empresario, o muy difícil y costosa.

A cambio de aceptar el producto sin mayores reclamos, los neurocirujanos y traumatólogos bonaerenses exigen la suma de 20 mil pesos por prótesis como pago por su “buena voluntad”.

REALPOLITIK destapó un escándalo de corrupción, coimas y sobornos que se extiende a lo largo y ancho de la provincia, focalizado en los hospitales públicos. Conversaciones personales grabadas, aprietes por WhatsApp y llamadas telefónicas en las que los médicos actúan como jefes de la Cosa Nostra, pidiendo “lo suyo” con total llaneza.

Tanto han naturalizado el procedimiento que incluso reciben cheques que, con total impunidad, van a cambiar a cuevas financieras o incluso los utilizan para pagar viajes al exterior. El sistema corroe el corazón mismo del sistema de salud en la provincia, elevando denodadamente los costos y volviéndolo ineficiente. Vale aclarar que estos casos no son la excepción, sino una regla dentro de los códigos médicos.

Uno de los inconvenientes que el otrora aceitado sistema enfrenta hoy por hoy tiene que ver con los atrasos en el SIGAF, que provocaron una inesperada sequía en las arcas de los empresarios. Como consecuencia de ello, les entregan cheques diferidos a cinco meses a los médicos como pago de sus coimas, aunque los profesionales exigen el dinero para ser acreditado en 48 horas.

“Resulta extremadamente difícil blanquear que esto está pasando, porque si los médicos se enteran que yo estoy mandándolos al frente, no vendo más una prótesis en mi vida”, explica uno de los empresarios arrepentidos. Mientras tanto, las autoridades de la Federación de Mayoristas y Proveedores del Estado (FEMAPE) parecieran hacer la vista gorda. “Las autoridades de FEMAPE hacen lobby para ellos mismos. El resto no importa. Acá los socios pagamos 1.200 pesos de cuota pero no obtenemos nada a cambio. Nos dicen que aguantemos, que no hagamos problemas porque las cosas van a mejorar, pero la verdad es que ellos están bien con la gobernadora, hacen sus números y no quieren que se les complique la cosa”, explica el empresario.

Existe apenas un puñado de auditores del ministerio que estarían capacitados para controlar y dar orden a este descalabro de corrupción generalizada. No obstante, varios profesionales están de los dos lados del mostrador, trabajando como auditores y médicos al unísono.

“Me estás conmoviendo. Me vas a hacer llorar”, exclama con ironía un médico mientras exige sus 20 mil pesos ante un empresario que le explica que aun no cobró. “Fijate si podés hacer algo, lo mejor que puedas”, insiste el profesional. “¿Cuándo tendrás lo mío?”, pregunta el doctor J. “Pasámelo cualquier día de la semana por zona norte, a la tarde”, explica muy suelto de cuerpo. “¿Se sabe algo de lo nuestro?”, pregunta el doctor R. “Apurate que me voy el finde, así lo puedo acreditar antes”, exige.

Conversaciones de este tipo, que se retrotraen desde la actualidad hasta muchísimos años atrás, se acumulan unas sobre otras en las computadoras de REALPOLITIK. Se trata, al fin y al cabo, de médicos que, alejados del juramento hipocrático cuando es necesario, patean a sus pacientes alegando que "las prótesis no llegan" solo por unos cuantos fajos de dinero negro. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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