Las sociedades rurales del sudeste bonaerense, en pie de guerra con el municipio de Mar del Plata

La voracidad fiscal en la provincia de Buenos Aires es cada vez más evidente. En los tres niveles del poder ejecutivo, a la coalición oficialista Cambiemos los números no le cierran por ningún lado, y en el caso del sector agropecuario, los roces con el gobierno son cada vez más frecuentes.

Tras las elecciones legislativas de 2017, en donde el voto “del campo” tuvo una clara orientación hacia el oficialismo, la gobernadora María Eugenia Vidal respondió del único modo que conoce: Aumentos desmedidos. El Presupuesto 2018 registró un incremento de más del 50 por ciento del Impuesto Inmobiliario Rural, que trascendió a pocos días de este contundente triunfo en las urnas.

No hace falta ser un Premio Nobel de Economía para darse cuenta que a raíz de esa fuerte suba, los jefes comunales tenían vía libre para ordenar incrementos en las tasas viales. Esta situación se expandió como un reguero de pólvora, y hubo virulentas reacciones por parte de sociedades rurales de la provincia, en ciudades como Balcarce, 25 de Mayo y Bolívar.

En esta última localidad, y después de una acalorada sesión en el Concejo Deliberante, los productores agropecuarios lograron frenar esa suba, que oscilaba entre un 40 y 50 por ciento. La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) mantuvo varias reuniones con el gabinete de la gobernadora, pero siempre chocaron contra la postura inflexible del ministro de Economía Hernán Lacunza, el celoso guardián de las arcas fiscales.

Con respecto a este delicado tema, Mar del Plata vive días agitados. En la localidad balnearia, el incremento en esta tasa llegó al 500 por ciento, y para atenuar el impacto de esta situación, la concejal por el radicalismo Cristina Coria presentó un proyecto, que busca reducir esta tasa un 250 por ciento.

El secretario de Economía y Hacienda marplatense, Hernán Mourelle, adoptó una postura agresiva y busca vetar esa iniciativa. ¿Sus argumentos? Para el funcionario, quienes se posicionan a favor de esa ley están “a favor de los grupos de poder económico” y “contra los vecinos”.

En parte, el nerviosismo del funcionario es entendible. Desde la Casa Rosada los vientos de ajuste soplan cada vez con más intensidad, y el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne anunció la quita del Fondo Federal Solidario, también conocido como “Fondo Sojero”. Se trata de dinero que proviene de las exportaciones de soja y sus derivados, que se coparticipa a las provincias, y solo en 2017 Mar del Plata recibió por este concepto 37 millones de pesos.

Esta medida se complementó con otras dos, que fueron el freno a la rebaja gradual en los derechos de exportación de derivados de soja (aceite y harina) y la eliminación de reintegros a las exportaciones. Claramente, el presidente Mauricio Macri arriesga capital político para cumplir con las metas fiscales impuestas por el Fondo Monetario Internacional.

Las Sociedades Rurales del sudeste bonaerense recogieron el guante, y mediante un duro comunicado sentaron su postura. Las 16 entidades que firmaron la misiva dejaron bien claro que Mourelle busca “enfrentar entre sí a los productores y a estos con la ciudadanía, para así justificar el aumento voraz de la tasa vial”.

“Señor Secretario, sus conceptos sobre la producción agropecuaria son erróneos y sus conocimientos nulos”, señalaron en otra parte del comunicado. Para los ruralistas, el deterioro de los caminos rurales en la región se debe a la falta de políticas de desarrollo y al “desinterés por parte de los gobiernos municipales en solucionar un problema de vieja data”.

En esta línea, explican que el municipio marplatense recibió durante 2017 unos ocho millones de pesos en concepto de Inmobiliario Rural, de los cuales un 12 por ciento debe ser aplicado a caminos rurales, de acuerdo a la Ley 13.010.

De esta manera, y en medio de un feroz ajuste fiscal, el oficialismo empieza a encontrar cada vez más resistencias, incluso desde sectores que brindaron su apoyo en dos elecciones, como el caso de la actividad agropecuaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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