La caja de Pandora que hace crujir al radicalismo de Chascomús

Desde la mismísima ex intendenta Liliana Denot, hasta el último candidato a concejal por el radicalismo (y ex director del hospital municipal), Santiago Dos Santos, el caso de los cuadernos de las coimas amenaza con llevarse puestos a todos los que formaron parte de los últimos 16 años de gestión radical en Chascomús. Los vínculos del alfonsinismo con Romero, el “ramo de rosas” de las 753 viviendas, una sala de pediatría fantasma y un candidato sumariado por hacer negocios con la salud pública.

Por estos días, el radicalismo de Chascomús (patria chica del ex presidente Raúl Ricardo Alfonsín) vive tiempos de turbulencias. Y no precisamente por la reciente decisión de Ricardo Alfonsín de pasar a la clandestinidad y lanzar el “Espacio de Pensamiento Alfonsinista” (EPA), una corriente propia dentro del centenario partido con el objetivo de recuperar identidad y corporizar las posiciones críticas al gobierno nacional y a la conducción de la UCR que viene planteando desde el inicio del gobierno de Cambiemos. No fue el momento más propicio para hacerlo.

El caso de los cuadernos abrió una impensada caja de Pandora que amenaza con llevarse puestos a todos los que se alinearon con esta nueva vertiente boina blanca (el más enardecido fue el actual presidente del Honorable Concejo Deliberante de Chascomús, Osvaldo “Pollo” Casalins), y con muchos de los que desempeñaron alguna función pública en los últimos 16 años de gestión radical en Chascomús (desde la mismísima ex intendenta Liliana Denot, hasta el último candidato a concejal por el radicalismo y ex director del hospital municipal, Santiago Dos Santos).

Hoy todo el radicalismo chascomunense, y en especial la corriente política que encarnan Ricardo Alfonsín, Liliana Denot, Osvaldo Casalins y Santiago Dos Santos, se ve cercado por dos flancos con un mismo hilo conductor: la corrupción. Uno es el caso EMEPA, Romero, Poblete, las sospechas de narcotráfico en torno al manejo de la Hidrovía, y los históricos vínculos con la familia Alfonsín. El otro frente de tormenta, tanto o más peligroso, se encarna en la información que estaría dispuesto a brindar a la justicia el arrepentido ex funcionario K, José López. Vayamos por partes.

ROMERO, EL OTRO ROSTRO DE ALFONSÍN

En su edición del pasado jueves 16 de agosto, el diario El Argentino publicó un extenso artículo en el que sostiene que la trama de corrupción en torno a EMEPA comenzó a tejerse en Chascomús allá por 1986, con negocios que crecieron en el tiempo a partir de las vinculaciones de miembros de la familia y amigos de Alfonsín con el grupo Romero, y que fue denunciada hace casi 20 años por el entonces director del periódico, Darío Eduardo Cuence. En esa denuncia presentada en la Justicia Federal surge una millonaria operación entre Benjamín Gabriel Romero (“chatarrero sin experiencia”) y César Cao Saravia, por entonces propietario de un campo de 116 hectáreas (en dónde iba a funcionar un mercado concentrador de hacienda) y de la fábrica metalúrgica unipersonal EMEPA.

Durante el gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín, la flamante EMEPA Sociedad Anónima comenzó a recibir contrataciones directas de Ferrocarriles Argentinos y a edificar la pujanza que convirtió a esta empresa en una de las más importantes del país a partir de la amistad de su principal accionista (Romero) con los hijos del ex presidente, especialmente con “Raulo”. Señalan ciertas maldicentes lenguas que Romero representa “el otro rostro del alfonsinismo”, ese lado poco ético y deshonesto que casi nadie conoce.

Durante las presidencias de Raúl Alfonsín, Carlos Menem, Fernando de la Rúa, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, EMEPA creció como contratista y concesionario de servicios públicos en rubros sumamente diversificados pero siempre orientados, según el periodista Horacio Verbitsky, al cobro de subsidios y/o sobreprecios. A saber...

Desde 1994, el grupo EMEPA a través de Ferrovías explota la concesión del servicio de pasajeros de la línea Belgrano Norte de la red ferroviaria argentina. La Auditoría General de la Nación publicó en 1999 un informe donde señaló que los subsidios que otorgaba el estado a la empresa eran desviados para otorgar “préstamos” a otras empresas del mismo grupo. En febrero de 2014, por decisión del por entonces ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, se oficializó el traspaso de las líneas ferroviarias Belgrano Sur y Roca al consorcio EMEPA (bajo el nombre de Argentren S.A.). En febrero de este año, el gobierno de Mauricio Macri decidió no renovar la concesión con Ferrovías. Pero en virtud de una prórroga otorgada por el estado, la empresa de Romero seguirá operando el servicio hasta mediados del 2020. Beneficios.

Las maldicientes lenguas dicen que el lado “menos romántico” del Pacto de Olivos se encarna en la hidrovía Paraguay-Paraná. Romero es accionista, en sociedad con capitales belgas, de Hidrovía S.A, empresa a cargo del dragado, señalización y cobro del peaje desde el puerto de Santa Fe hasta el mar a través de la zona de aguas profundas naturales del Río de la Plata. En mayo de 1993, el entonces presidente Carlos Menem convocó a una licitación para entregar "a riesgo empresario y sin aval del estado" la ampliación y dragado de un tramo del río Paraná. Pero ese contrato con Hidrovía, que era por 10 años, terminó renegociándose en condiciones muy ventajosas para la empresa de Romero: en 1997, cuando comenzaba a concebir la posibilidad de su re-reelección, Menem lo prorrogó por otros ocho años.

Volviendo a los últimos acontecimientos periodísticos que dan hilo conductor a esta compilación de eventos, en sus cuadernos Gloria, el 20 de enero del 2010 el detallista chofer Oscar Centeno hizo una anotación: “13.35. Ministerio, lo llevé al licenciado y a Nelson a Corrientes 316, donde nos esperaba un señor. Luego subió al edificio con el licenciado Baratta; luego bajaron con un bolso con dinero aproximadamente por el tamaño unos 800 mil dólares, subió al auto con el bolso el licenciado y los llevé al ministerio”. La sede central de la empresa EMEPA funciona en esa dirección.

El martes de la semana pasada, Romero declaró como arrepentido ante el fiscal Carlos Stornelli. Según fuentes vinculadas a la investigación, el empresario vinculado al alfonsinismo admitió haber entregado dos pagos a Roberto Baratta (mano derecha de Julio De Vido): uno que se hizo el 20 de enero de 2010, un día antes de que se publicara el decreto 113/2010 en el que se le extendió en el tiempo la concesión del cobro de peajes por el río a la firma Hidrovía. El otro pago se produjo semanas después de la firma del decreto de Cristina Kirchner, que le garantizaban 115 millones de dólares anuales de facturación al menos hasta el 2021.

Ese martes, Romero se fue de Comodoro Py escoltado por su ladero Sebastián Casalins, miembro de una tradicional familia chascomunense muy cercana al ex presidente (y primo hermano del actual presidente del Honorable Concejo Deliberante de Chascomús). Casalins es gerente comercial de Talleres Metalúrgicos RIORO S.A., empresa del grupo EMEPA que a mediados del 2017 cerró su sede en la ciudad de Pérez (Santa Fe) y dejó a 70 operarios en la calle. Nada muy distinto a lo sucedido con los 80 despedidos de fines de mayo en los talleres de Chascomús.

LAS CASITAS DE LILIANA

El otro frente abierto para los militantes de la calle Mazzini es el ex secretario de Obras Públicas de la Nación y nuevo arrepentido, José Francisco López. La profundidad de los hechos confesados por quien manejó el dinero monumental de la obra pública K incluso lo llevaron a ser incluido en el “Programa Nacional de Protección de Testigos”. Según el diario La Nación, todas las sospechas sobre la cartelización y los retornos en la obra pública a los ex funcionarios kirchneristas se confirmaron en boca de varios de sus protagonistas, devenidos arrepentidos.

Durante sus doce años a cargo de la secretaría de Obra Públicas, López manejó adjudicaciones por más de 230.000 millones de pesos. El funcionario supervisó dos áreas: Vialidad Nacional y la secretaría de Vivienda. Por Vialidad Nacional pasaron más de 127.000 millones de pesos entre 2003 y 2015. La secretaría de Vivienda también destinó fondos públicos por más de 105.000 millones entre 2003 y 2015.

Bonadío no estaría sólo en esta cruzada anticorrupción. Muchos periodistas vaticinan que si el fiscal platense Álvaro Garganta, que actualmente investiga al ex gobernador Daniel Scioli en un mega expediente sobre lavado de dinero, se anima a profundizar la línea que sigue el juez Bonadío y avanzar en el sistema de recolección de coimas con ramificaciones en la provincia, caerían varios intendentes actuales (y ex jefes comunales que ejercieron sus cargos entre el 2005 y el 2015). En su segunda declaración ante Bonadío, ayer López hizo mención a intendentes vinculados al kirchnerismo respecto a financiación de campañas electorales. Según Clarín, esto comenzó a trascender y despertó inquietud en el arco político.

Volvamos a Chascomús, una década atrás. Resultó bastante extraño que siendo un distrito claramente opositor al proyecto Nacional y Popular, la tierra de Alfonsín resultara beneficiada con obras del “Pan Federal de Viviendas”. Pero no sólo eso: más llama la atención que la cantidad de casas a construir en el municipio administrado en aquellos años por la actual diputada provincial Liliana Denot (UCR) superaba por lejos a la media que solía adjudicarse en otras ciudades políticamente más “afines” al kirchnerismo.

Nunca se podrá probar la leyenda urbana de que el gesto del ex presidente Néstor Kirchner hacia la trabajadora social fue una suerte de flirteo, un coqueteo importante que incluso habría disgustado a la mismísima Cristina. Tampoco sería posible aseverar que esa inversión en viviendas fue tan alta como el retorno comprometido en coimas. Lo que sí es comprobable es que en el año 2005, la administración Denot adjudicó, mediante licitación, la construcción de 753 viviendas con un desembolso de Nación de casi 50 millones de pesos. Y que en noviembre del 2008, mediante una videoconferencia simultánea entre Chascomús, Pilar, Mar Chiquita y Húrlingham, la por entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner las dio por inauguradas.

Aquellas licitaciones para adjudicar las obras del millonario “Pan Federal de Viviendas” que el kirchnerismo bajó a Chascomús no estuvieron desprovistas de turbiedades y desmanejos. Por citar un ejemplo, el domicilio legal que una de las empresas adjudicatarias se fijó, sospechosamente, en el domicilio particular de un funcionario del gabinete radical. Quien fuera secretario de Planificación y Desarrollo Local de la gestión Denot entre 2003 y 2008, el arquitecto Eduardo de Castro, se alejó de la función pública en agosto de ese año para terminar trabajando en Gaia Ingeniería S.A., empresa que obtuvo el contrato de la licitación Nº2/2005 para la construcción de 82 viviendas (por un valor de 4.398.077 de pesos). Y los legajos administrativos de las licitaciones en las que se le otorgaron contratos a Málaga Construcciones, G y C, Playa Construcciones, una extraña cooperativa (Acorde Limitada) y a la citada Gaia están incompletos, con documentación faltante, y sin las ofertas formales ni los avales correspondientes.

CIRUJANO CON SALVAVIDAS DE SANDÍAS

Una columna de opinión de mediados del año pasado, publicada en el portal Chascomús Ciudad y firmada por Nelson Dafoe, sostenía que “radicales eran los de antes” y que “el tortazo del 2015 aun los tiene algo aturdidos, no para ejercer su principal pasatiempo, el boludeo interno, aunque sí para reaccionar políticamente. Hubo un intento de todos los sectores de reflotar aquella movida posterior a 1995, cuando el peronismo con Norberto Fernandino les dio una histórica paliza, por ese entonces se juntaron todos en el comité, decidieron caminar juntos, armar una estrategia de denuncias permanentes al peronismo, ofrecerle un huesito a alguna pata pseudo peronista y utilizarla para el trabajo sucio”.

Las renovadas turbulencias del radicalismo chascomunense amenazan con hundir prematuramente el nao electoral del denotista Santiago Dos Santos, quien pretende ir por la revancha de su fallido debut político en las internas del 2017 del frente Cambiemos en Chascomús. Cabe recordar que el ex director del hospital San Vicente de Paul perdió ante el novel Ramiro Ferrante, comerciante del rubro chacinados y embutidos, que representó a la línea Pro pura que terminó imponiéndose al aparato radical.

Los antecedentes del cirujano en la función pública no son del todo asépticos. El caso más reciente que lo involucra data de mediados del 2017. Derivó en un sumario administrativo por haberse negado a realizar una intervención quirúrgica a un menor en el hospital municipal local, y por querer derivarlo a una clínica privada para poder percibir honorarios adicionales por esa práctica. En el expediente, que aún sigue en etapa sumarial, queda asentado que “la negativa del profesional daña al sistema de salud pública, genera un claro conflicto de intereses y causan un perjuicio económico a los bienes municipales". Asimismo, en las actuaciones surge que la madre del paciente manifestó haber recibido por parte del médico un "maltrato inconcebible".

Este no fue el primer sumario en el cual Dos Santos, hombre del riñón de la actual diputada provincial Denot y militante del nuevo espacio alfonsinista EPA, se ve involucrado. En el año 2011 se llevó a cabo una investigación presumarial a raíz de una denuncia por desvíos en la compra y utilización de insumos médicos (más precisamente clips para operaciones laparoscópicas) en perjuicio del erario público. Lo extraño y llamativo del caso fue que a pesar de todas las pruebas aportadas por la instrucción, que demostrarían las operaciones "en negro" y el peculado, la por entonces intendenta Denot ordenó el cierre del sumario y el sobreseimiento de los agentes involucrados mediante decreto 805/2011.

Casualmente uno de esos agentes era Dos Santos, quien desde el 2008 y hasta la asunción del actual intendente Javier Gastón, vendría obteniendo importantes ingresos personales por prestar servicios con su equipo propio de laparoscopía (negocio interrumpido con la nueva gestión por considerar que implicaba una incompatibilidad). Dos Santos sería el mismo quien hoy, desde las sombras y alejado de la planta de empleados municipales por decisión propia, sigue agitando las aguas desde dentro del hospital en contra de la actual administración. Cuenta para este cometido con la inefable ayuda del gremio de la CICOP.

Hoy Dos Santos gozaría del suficiente consenso partidario para ser el candidato del radicalismo para los comicios municipales del 2019. En un intento por empezar a lavar su foja de servicios ante la opinión pública, su primer acto no oficial de campaña fue operar (no en términos quirúrgicos), conjuntamente con el Colegio de Médicos IX Distrito, un intento de sanción corporativa a la actual secretaria de Salud de Chascomús, Marcela Árias, por “presunta infracción a las normas de ética profesional”. Fuentes del municipio que se encuentran analizando la documentación probatoria para su correspondiente apelación aseguran que todas las actuaciones del fallo del Tribunal de Disciplina están manchadas de parcialidad, y son absolutamente impugnables.

En un claro gesto de alineamiento, el comité Chascomús de la Unión Cívica Radical recogió el guante y emitió días pasados un duro comunicado en el que multiplica la información que Dos Santos filtró en los medios locales sobre el fallo del Colegio de Médicos, y critica la gestión de salud de la actual gestión Gastón. Con la firma del presidente Jorge Macchi (ex concejal, ex secretario de Turismo, ex subsecretario de Hacienda y ex subsecretario de Gobierno) y de Laura Márquez (ex secretaria privada de Liliana Denot y actual secretaria del HCD), el comunicado de prensa simboliza ese ADN lanzabomba que Dafoe califica como “boludeo interno”, pero que no es otra cosa que un precoz lanzamiento de campaña del radicalismo, y un intento por desviar la atención pública del caso EMEPA, Romero, Poblete, José López y los retornos en la obra pública.

Con las cartas jugadas, heroica tarea la que le espera desde ahora a todos los que tienen algo que ver con los últimos 16 años de gestión radical en Chascomús, y que aún hoy no pueden desprenderse del estigma de la sala de pediatría que, desvío de fondos mediante, nunca jamás se construyó. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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