La Justicia le exigió al Astillero que explique por qué no se pagó el premio a la productividad

Durante los primeros años desde su fundación en 1953, el Astillero Río Santiago fue considerado una verdadera perla productiva. Con algo más de 8 mil trabajadores en doble turno, llevaba adelante trabajos en barcos mercantes y de guerra, pero también abastecía al sector industrial y al ferroviario. Durante la década del 70, la caída de su producción implicó que 3 mil de aquellos empleados pasen a ser tercerizados y en los 90, cuando todo hacía pensar que sería privatizada, terminó su destino en manos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, que decidió no darle prácticamente ningún uso.

Durante los últimos años, acusaciones de aprietes y peculado, corrupción en los contratos y un fraude que ascendería a los 16 millones de pesos, signaron el final anticipado del Astillero. Hoy deambula entre crueles despidos y el posible cierre de la planta. Ante este escenario desgarrador, parecieran existir dos miradas distintas, la de los trabajadores y la del gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Desde el gobierno se decidió unilateralmente eliminar el premio a la productividad o efectividad, que nació hace 30 años y que en su momento constituyó una herramienta de aumento salarial cuando éste no llegaba por otros medios. El motivo que esgrimen las autoridades es muy simple: “Los trabajadores no son efectivos. Tardan 5 años en construir un barco, no se respetan los tiempos establecidos en los contratos. ¿Por qué razón habría que pagarles un premio por algo que no logran?”. Los trabajadores explican la situación con la misma simpleza: “No terminamos a tiempo porque eligieron desfinanciar la actividad. Si tuviéramos las herramientas para trabajar, los terminamos en la mitad de tiempo que especifica el contrato”.

En este tira y afloje se metió el juez titular del juzgado en lo Contencioso y Administrativo N°1, el doctor Francisco José Terrier, quien elaboró un oficio exigiéndole a las autoridades del Ente Administrador del Astillero Río Santiago que, en el plazo de 5 días, “produzca un informe acerca de los antecedentes y fundamentos (…) por los cuales no le estaría abonando a los trabajadores el “Premio a la Eficiencia”, y que en igual sentido se expida con respecto a las vacaciones anuales”.

La pelota pasó, de este modo, a las autoridades bonaerenses, que tendrán que explicarle a la Justicia el ajuste aplicado sobre los trabajadores del Astillero Río Santiago. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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