El gobierno le puso fecha de vencimiento: El 31 de diciembre de 2022 se termina el cine nacional

Acorde a la Ley de Cine, el 10 por ciento del valor total de las entradas vendidas en las salas nacionales es destinado a la financiación de producción nacional. De este modo, el gobierno nacional mostraba una sana tendencia a apoyar la actividad audiovisual nacional, lo que provocó que Argentina se transforme en uno de los países latinoamericanos con mayor producción de cine y una incidencia clara en el 17 por ciento de los mercados internacionales.

Hace apenas unas horas, la Asociación de Directores de Cine PCI denunció ante la comunidad audiovisual que el abogado Julio Raffo, uno de los impulsores de la creación de la histórica Ley de Cine, advirtió que el 27 de diciembre de 2017 se aprobó una ley que pone “fecha de defunción” a la producción nacional de cine.

En la misma, se incluyeron modificaciones a diferentes cuestiones tributarias, entre ellas el artículo 4, que le fija un plazo de vigencia a la afectación al Incaa del impuesto al cine.

En efecto, acorde a la ley 27.432, se estableció que el impuesto a las entradas de espectáculos cinematográficos e impuesto sobre los videogramas grabados previstos en la ley 17.741 y el impuesto a los servicios de comunicación audiovisual previsto en la ley 26.522 “mantendrán su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022 inclusive”.

El documento, firmado por Gabriela Michetti y Emilio Monzó, anticipa que pasada dicha fecha se cortará todo ingreso de dinero en este concepto, beneficiando así a las grandes cadenas de cine y a las productoras extranjeras, con especial énfasis en las norteamericanas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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