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14 de septiembre de 2018 | Judiciales

Contaminación y servicios cortados por falta de pago

Fracasó la relocalización de familias en el Riachuelo y la Justicia ordenó al estado que las asista

El resultado de dicho proceso es el rápido deterioro de las viviendas por falta de dinero para ser mantenidas, gastos consorciales impagos y el corte de servicios básicos por facturas adeudadas, provocando que muchos deban abandonar la propiedad y volver a una casilla.

Cuando la Corte Suprema de Justicia ordenó la relocalización de las familias que habitan en los márgenes de la cuenca del Riachuelo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de sus habitantes y prevenir los problemas de salud ocasionados por el alarmante nivel de contaminación, no tuvo en cuenta el factor tiempo.

Especialistas en la materia aseguraron que “el tiempo es crucial” y “la dinámica social del territorio es de crecimiento constante, si no se relocaliza a las familias rápidamente, continúan apareciendo otros que ocupan una y otra vez el mismo espacio”.

Desde aquel fallo histórico, sólo se ha cubierto el 21 por ciento del total de 17.771 familias que debían ser reubicadas. No sólo ello, sino que las que lograron moverse se encontraron ante escollos aún mayores. Nunca se colocaron la mayoría de los sumideros, las ratas invadieron la zona por los movimientos de suelo y el costo de los servicios públicos de sus viviendas resulta imposible de pagar.

De este modo, el resultado de dicho proceso es el rápido deterioro de las viviendas por falta de dinero para ser mantenidas, gastos consorciales impagos y el corte de servicios básicos por facturas adeudadas, provocando que muchos deban abandonar la propiedad y volver a una casilla.

En consecuencia, a raíz de una presentación conjunta realizada por el ministerio público de la Defensa de la Ciudad y la Defensoría General de la Nación ante los juzgados federales en lo Criminal y Correccional de Morón, el juez Jorge Rodríguez le ordenó al estado nacional que presente, en los próximos 45 días, alternativas que permitan a estas familias la cancelación de las facturas de los servicios públicos que deben, sin que esto les implique una nueva alteración en sus economías domésticas. Al mismo tiempo, le ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta que presente una propuesta para mantener y evitar el deterioro de las viviendas.

De este modo, y ante la presencia de un alto porcentaje de niños entre las familias involucradas, el juez Rodríguez ordenó que el estado supla la ausencia de ayuda de las empresas prestatarias, que en numerosas ocasiones se negaron a brindar un subsidio a sus clientes en problemas. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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14 Sep | 02:32
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hace mas de diez años que con el verso de la "ACUMAR" los politicos, funcionarios, jueces, sindicalistas y falsas consultoras se vienen afanando fortunas y el Riachelo sigue igual de podrido. ¿nadie lo va a investigar?
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