Papelón de Gay: Obsesionado, intervino el parque industrial en forma ilegítima

El pedido solicitado por el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Javier Tizado, promovió que ayer el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, firme el decreto 2537 que establecía los procedimientos que al mediodía se realizaron para concretar la intervención del parque industrial de aquella localidad. De esta manera, Raúl Carrete -que era el responsable del consorcio que administraba el mencionado conglomerado de fábricas- será reemplazado por un lapso de seis meses por Ricardo Tapia.

El ahora ex titular del parque industrial hace más de un año que viene denunciando animosidades contra su persona desde el gobierno local, señalando inclusive la existencia de mafias en la ciudad, vinculadas con uno de los más importante medios de Bahía Blanca y operaciones en su contra. Recordemos que en ese entonces, la situación era compleja y Carrete señalaba confabulaciones de los funcionarios municipales Pablo Pusseto y Adriana Chanampa para quedarse con la administración del espacio que dirigía el ex presidente del parque.

En este marco, la comuna –que según Carrete le debe 6 millones de pesos al consorcio del parque- logró llevar adelante ayer su cometido y por medio de la solicitud de Tizado se pudieron realizar los procedimientos de intervención. En su comunicado, el ministro argumenta que el proceso se basa en que el consejo de administración carecía de personería jurídica y, en este sentido, al no tener un reglamento aprobado por autoridades competentes, se aceptó la solicitud de la municipalidad de hacerse cargo de la intervención.

Desde este aspecto, el gobierno de Bahía Blanca dispuso la regularización jurídica del parque designando a Tapia interventor del mismo por seis meses, siendo su primer tarea tomar posesión del cargo para poder dar con la documentación contable, legal, administrativa, bancaria e impositiva para realizar la auditoría pertinente y comenzar con las acciones que crea necesarias para la normalización.

Lo que no se tuvo en cuenta a la hora de llevar los procedimientos en horas del mediodía, es que el decreto emanado desde el departamento ejecutivo tiene vigencia a partir de su comunicación en el Boletín Oficial Municipal, según determina la ley provincial Nro. 14491. REALPOLITIK pudo confirmar la falta de difusión de la norma, exigencia sine qua non para ejecutar las acciones que en ella se determinen.

En este sentido, la intervención no debería haberse hecho hasta que el decreto sea oficialmente publicado dentro del compendio de actos que según la normativa establece como legal para que cobre vigencia. 

Si bien desde el consorcio no se llevaron adelante presentaciones judiciales ante esta irregularidad, es posible que la acción llevada adelante por la comuna deba ser desestimada hasta tanto el procedimiento de difusión de la norma sea realizado como se debe según los parámetros burocráticos de la legislación bonaerense. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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