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7 de noviembre de 2018 | Campo

Más golpes al agro

Otro golpe al campo: a partir de 2019, el Impuesto Inmobiliario Rural aumentará un 38 por ciento

Al momento de redactar estas líneas, la dirigencia agropecuaria bonaerense no se ha pronunciado al respecto. Pero más allá de la reacción de los ruralistas, el proyecto de ley que busca imponer Vidal deja algunos puntos para el análisis, sobre todo en lo relacionado al rol de los municipios, uno de los grandes perdedores en esta película.

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En un cierre de año caliente, la gobernadora María Eugenia Vidal adoptó una táctica diferente al momento de iniciar la discusión presupuestaria de cara a 2019. El año anterior, desde la gobernación dieron a conocer el borrador del proyecto de Ley para el Presupuesto 2018, que incluía un fuerte aumento del Impuesto Inmobiliario Rural, en el orden del 50 por ciento.

Cuando este dato se hizo público, el ruralismo bonaerense buscó por todos los medios que la gobernadora revea esta decisión. Así, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) se reunió en varias ocasiones con integrantes del gabinete de Vidal, pero chocaron una y otra vez con la intransigencia del ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza.

Con esos antecedentes, la gobernadora encaró otra estrategia para dar a conocer su borrador presupuestario para el próximo año. En esta ocasión, optó por esconder sus cartas hasta último momento, a la espera de definiciones concretas por parte de la legislatura nacional.

A Cambiemos no le tembló el pulso para ajustar al sector agroindustrial y así volvieron las retenciones para las exportaciones primarias, en donde la soja fue la principal castigada, mientras que se reinstauraron los derechos de exportación en trigo, maíz y girasol.

Es por demás evidente que la política agropecuaria no figura entre las prioridades del presidente Mauricio Macri. Además de incumplir sus promesas electorales básicas –como la quita de retenciones- degradó al ministerio de Agroindustria al rango de secretaría, le recortó fondos y despidió a más de mil empleados, contabilizando la cartera agropecuaria y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

Tras un prolongado misterio y con el presupuesto nacional encaminado en la Legislatura, Vidal finalmente dio a conocer su borrador para la asignación presupuestaria 2019. A tono con la Casa Rosada, prima el impuestazo: a partir de 2019 los productores bonaerenses pagarán un 38 por ciento más en concepto de Impuesto Inmobiliario Rural.

En un documento que circuló entre los legisladores provinciales y al que REALPOLITIK tuvo acceso, el oficialismo justificó estos aumentos al entender que los fenómenos climáticos adversos impactaron en la producción de granos. Así, consideraron que en la campaña 2017/18 se vieron afectadas “un 35 ciento de las áreas cultivables de la provincia”, de las cuales corresponden un 32 por ciento a soja, 7,2 por ciento a maíz y 3,9 por ciento a girasol.

Al igual que el presupuesto nacional, la gobernación bonaerense apuesta a una excelente cosecha de trigo y cebada, con rindes que estiman “de buenos a muy buenos”, situación que se traslada a los cultivos de verano, como girasol y maíz.

Al momento de redactar estas líneas, la dirigencia agropecuaria bonaerense no se ha pronunciado al respecto. Pero más allá de la reacción de los ruralistas, el proyecto de ley que busca imponer Vidal deja algunos puntos para el análisis, sobre todo en lo relacionado al rol de los municipios, uno de los grandes perdedores en esta película.

Una vez que provincia dicta los aumentos en materia tributaria, los jefes comunales suelen seguir esa tendencia y dictaminan aumentos en las tasas municipales, que a principios de 2018 ocasionaron más de un dolor de cabeza a las autoridades. Pero este año, en materia impositiva el Presupuesto pone un límite al aumento de tasas, que no podrá exceder el 38 por ciento.

Este punto no es menor. En 2019, los intendentes verán recortada su autonomía a la hora de implementar aumentos, en un escenario de arcas al rojo vivo. Al recorte del Fondo Solidario (también conocido como “Fondo Sojero”), se suma que los municipios deberán empezar a absorber los subsidios en energía y transporte que nación dejará de lado.

De esta manera, la Gobernadora Vidal siguió los pasos del oficialismo a nivel nacional y cargó parte del ajuste sobre el sector agropecuario, que al menos por ahora soporta en silencio la voracidad fiscal de una gestión provincial que se encamina tras el espejismo del déficit cero. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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