Tras la estafa millonaria en el edificio de Núñez, se abrió una subasta y los compradores perderán todo

En el 2010, una banda de estafadores, asociados ilícitamente, en una sociedad anónima llamada Le Bretón 5222 comenzó a vender departamentos “de pozo” cuando ni siquiera habían comprado el lote. Luego, cuando juntaron cuatro compradores, compraron una casa vieja en Arribeños 2856, entre Av. Congreso y Quesada.

El expediente municipal salió express, puesto que el profesional que “hizo el proyecto”, y firmó por tal y por la dirección de obra, era un ex funcionario de la misma municipalidad, de apellido Doméstico. Comenzaron las obras, levantaron seis niveles, durante casi un año. Con esa mentira, siguieron vendiendo boletos de compra/venta, ahora con un mejor disfraz, puesto que ya tenían parte del esqueleto construido.

En el medio de esta construcción fugaz, hacen una jugada veloz de cambio de autoridades societario -inicialmente eran Humberto Raiano y su mujer- y llegó a la presidencia Eduardo Atilio Camaratta. Sorprendentemente, las primeras maniobras de este estafador es hipotecar el inmueble donde estaba emplazado el edificio, con la obra en construcción, a favor de los ex dueños de la SA (Le Breton 5222) que le habían cedido.

Uno podría suponer que se trata de una maniobra legítima puesto que estos ex directores de la sociedad anónima, además de cedérsela, le dan dinero en efectivo a cambio por el cual el nuevo presidente les hipoteca el inmueble que ahora tiene a su cargo.

Fue así como Camaratta, procesado en 2018, embargado por 19 millones de pesos e inhibido de salir del país por una demanda penal de los afectados, iniciada en septiembre 2017, constituyó a favor de otros integrantes de la banda tres hipotecas fraudulentas por un monto total de alrededor de 380 mil dólares.

Por si ello fuera poco, en los meses y años sucesivos, y ya con el inmueble hipotecado, frenó las obras, evadió impuestos y comenzó a revender los mismos departamentos ya vendidos por las antiguas autoridades de la SA a otros compradores por montos más altos.

Además, Camaratta vendió departamentos en pisos inexistentes y prohibidos para construir. Sin ir más lejos, hay una víctima que tiene un boleto por un departamento en el piso 9. Cabe aclarar que tanto el Código de Planeamiento Urbano de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vigente en el 2010 sólo aprobó planta baja y seis niveles de viviendas. Esta señora entonces, compró lo que comúnmente se denomina “aire” en este tipo de delitos inmobiliarios.

En adición, Camaratta decide “renunciar” a la obra por falta de pago, aún cuando la SA habría cobrado el dinero de las hipotecas y aparece otro profesional en el expediente, llamado Vicente Sintes, un arquitecto jubilado que está por cumplir 80 años. Casualmente también ex funcionario de la Municipalidad de Buenos Aires.

En las redes sociales abundan las fotografías de que todas estas personas que fueron nombradas, que están en permanente convivencia personal y delictiva, y son siempre los mismos nombres y apellidos, bajo el mismo plan de acción.

Ahora bien, la semana pasada les llega a algunos acreedores el aviso de Subasta Hipotecaria del edificio, ya que un acreedor hipotecario en segundo grado, es decir, el acreedor hipotecario original, le vende parte de esa hipoteca a un tercero y pide la ejecución del inmueble por un monto de 35 mil dólares, que actualizados a una tasa cuasi ridícula le permite exigir unos 280 mil dólares. El juez civil que otorga esta medida es Daniel Guillermo Alioto.

“Pasando en limpio, nosotros, las víctimas de esta estafa organizada por una asociación ilícita, quienes denunciamos estos hechos en una demanda penal el año pasado, mediante la cual la jueza Karina Zucconi ha procesado a uno de los siete acusados, estamos al borde de perder el único bien que tiene actualmente esta sociedad apócrifa y delictiva, dejándonos con juicios abstractos, sin departamentos, con deudas, y sobre todas las cosas, sin justicia”, lamentó una de las afectadas, en diálogo con REALPOLITIK. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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