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16 de noviembre de 2018 | Interior

Gustavo Bordet en la mira de la Justicia

Grave denuncia contra el gobernador de Entre Ríos por irregularidades en licitaciones de obras

Gustavo Bordet le adjudicó a una empresa china la licitación de las obras del Cierre Norte y Cuyo, prometidas desde tiempos de Montiel. Para esto habría pasado por alto varios puntos de la legislación vigente. Desde la Contaduría General de la provincia sostienen que los mecanismos de la adjudicación presentan “vicios invalidantes para su concreció

La denuncia penal, presentada ante la Fiscalía Anticorrupción de Entre Ríos, a cargo de Cecilia Goyeneche, revela una serie de irregularidades en torno a la contratación de una empresa de origen chino para obras gasíferas y eléctricas en el norte de esa provincia. La demanda fue presentada a mediados de septiembre y ampliada días más tarde, por el senador de Cambiemos Raymundo Kisser con el patrocinio del abogado Rubén Pagliotto.

Se trata de la primera denuncia formal contra el gobernador Gustavo Bordet, quien el 3 de septiembre firmó el decreto 2776/18 que habilita un nuevo régimen provincial de iniciativa privada que permitió luego la contratación de la empresa National Import Export Corporation-Yutong para la realización de las obras en el denominado Cierre Norte gasífero y eléctrico.

La contratación se hizo a través de la estatal ENERSA (Energía de Entre Ríos SA) tras la apertura de sobres de la licitación que se realizó el pasado 19 de octubre, donde la empresa china se presentó como única oferente, mientras en la Justicia avanzaba la denuncia contra Bordet por la presunta comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad en el marco del proceso de selección de contratista para las obras del denominado Cierre Norte gasífero y eléctrico.

En su exposición la querella sostiene que se violentaron varias leyes vinculadas al proceso de licitación pública, como la Ley 5140 (LAF) y el Decreto Nº 795/96 que reglamentan las contrataciones del estado, comprometiendo además el erario de la provincia, dado que las obras estarían sobrevaluadas por la empresa que se presentó como único oferente.

Asimismo, apuntan contra el titular de ENERSA y secretario de Energía, Jorge González; el ministro de Economía, Hugo Ballay; y el secretario Legal y Técnica, José Gervasio Laporte; dado que la contratación no pasó por ninguno de los organismos de control pertinentes, mientras que cabe aclarar que el decreto 2776/18 no pasó por la Legislatura y ni siquiera fue publicado en el Boletín Oficial.

Dudan de los necesarios controles de los organismos específicos como la Contaduría General de la provincia y Tribunal de Cuentas, y la aplicación de las leyes Nro. 5140 (LAF) y decreto Nro. 795/96 (Reglamento de Contrataciones del Estado) y Nro. 6351 (LOP). Incluso se detectan en el corto y meteórico proceso argumentos falaces en los propios considerandos de los decretos, como por ejemplo en el Nro. 2776 MPIYS, en el último de ellos, donde se expresa que “han tomado intervención los organismos de control de la provincia de Entre Ríos” (cuáles, cuándo, de qué manera), cuando tal cosa resulta ser absolutamente falsa.

Por su parte, el fiscal de estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, en defensa de las gestiones de Bordet en torno a la contratación aseguró que “no hay ningún contrato celebrado” y que “lejos estamos de una cuestión judicializable a nivel penal”. En contraposición, el 26 de septiembre último, el contador General de Entre Ríos, Aurelio Miraglio, presentó un informe al respecto que permitió a la querella ampliar la denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción. En su exposición el titular del organismo remarcó que el decreto 2776/18 contiene “vicios invalidantes que lo tornarían inaplicable”.

Asimismo, se detalla que durante el proceso además de la falta de intervención de la Contaduría General, “se aplicó normativa no vigente”, al tiempo que el refrendo estuvo en manos del ministro de Economía, Hugo Ballay, y no del ministro de Planificación, Infraestructura y Servicios, Luis Benedetto. Además del “erróneo encuadre normativo”, Kisser y Pagliotto advierten que tampoco intervino el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos.

A su vez indican que el llamado a licitación pública nacional e internacional se publicó en la página de ENERSA en setiembre 2018, cuando se dictó el decreto Nro. 2916 del 06/09/2018 que declara de interés provincial la iniciativa privada del grupo chino.

Paralelamente, cabe mencionar que el gobierno provincial firmó el 29 de octubre un acuerdo marco de cooperación de intercambio comercial con la Corporación Nacional de Importación y Exportación Técnica de China (CNTIC), la empresa que además de las obras gasíferas, se ocupará del tendido de líneas de alta tensión y fibra óptica en el norte entrerriano.

“La designación de ENERSA como ejecutor o subejecutor de la obra eléctrica y gasífera es competencia de la Legislatura, facultando al poder ejecutivo a que dicte las normas complementarias, como se hizo en el artículo 9 de la ley 10492. En este caso, no se hizo lo mismo y por tanto hubo una leve violación normativa e incumplimiento de los deberes de funcionario público, cuando no, un claro e inexcusable abuso de poder, direccionado, quizás, a beneficiar a un determinado oferente”, advierten ante la fiscalía los letrados de Cambiemos.

En tanto, apuntan a otro decreto, el Nro. 2916 MPIYS, que en el artículo tercero delega en ENERSA y la CIA de Gas “la tramitación bajo sus procedimientos y modalidades de contratación”, quedando habilitados además en el artículo cuarto a “efectuar convenios de colaboración, gestiones, negociaciones y diligencias que resulten necesarias para la adecuada ejecución”, es decir por fuera del control de la Contaduría General provincial.

“Como se expresara anteriormente si las obras se hicieran con los organismos técnicos competentes de la administración central, descentralizada o autárquicos que consolidan en el presupuesto del estado, estarían obligados a respetar los procedimientos de la leyes 5140 (de Administración Financiera) y 6351 (de Obras Públicas) y sometidos al control de la Contaduría General de la Provincia y control posterior y aprobación del Tribunal de Cuentas”, aclaran Kisser y Pagliotto ante la fiscal Cecilia Goyeneche. Remarcando además que el objetivo de la demanda no es contra de las obras, tan necesarias en esa parte de la provincia y para el desarrollo industrial de la región, sino que aspira el cumplimiento de las leyes y la “necesaria transparencia que debe caracterizar el manejo y la administración de la cosa pública”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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16 Nov | 07:19
mordisquito y mordiscon | Mail
insólito por estas tierras - se vino la honestidad de golpe y ahora todos denuncian - será que varios quedaron excluídos de la mordida -
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