Agustín Rossi, el presidenciable que podría terminar como compañero de celda de Julio De Vido

Era por entonces, cuando un entrevistador radial de Santa Fe lo preguntó por qué motivo el gobierno de Néstor Kirchner había repartido 400 millones de pesos de subsidios al transporte público de pasajeros en la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, y al resto de las provincias no les había tocado nada. Rossi tomó aire y declaró ahí mismo que él era capaz de “arbitrar los medios” para que también su provincia fuera favorecida. Lo que no aclaró era que buena parte de esos recursos irían a parar a los bolsillos de su propia familia, que hasta entonces no tenía experiencia alguna en la actividad. Pero el que no arriesga no gana, y mientras Agustín presentaba una iniciativa parlamentaria para hacer valer sus influencias, su hermano Alejandro -“Fratacho” para los conocidos- ya había comenzado a armar un lobby provincial, valiéndose de influencias y de dinero cuyo origen no podría demostrar, en los colectivos de su provincia, Santa Fe. En la actualidad, “Fratacho” es el feliz titular del quinto consorcio en importancia del país, y su empresa Autobuses Santa Fe S.R.L., que inició sus actividades en Rosario, ha conseguido extenderse a más de una docena de ciudades, entre las que se cuentan Córdoba, La Pampa, diversos distritos de Buenos Aires y de Santa Fe, Neuquén, etcétera. 

Para los que aseguran que los políticos mienten sistemáticamente, Agustín Rossi parece ser la excepción que confirma la regla: consiguió los subsidios, pero no sólo para Santa Fe, sino para buena parte del país, adonde llega la empresa presidida por su hermano “Fratacho”. 

Agustín "Chivo" Rossi y su hermano Alejandro, alias "Fratacho".

El año pasado circuló una grabación de una reunión celebrada en Córdoba entre funcionarios de la secretaría de Transportes y sindicalistas del área, en la que un representante de la empresa de los Rossi habría declarado: “Autobuses Santa Fe. ¿Quién la trae a Córdoba? El ‘Chivo’ Rossi. Lo trae el kirchnerismo. Lo trae la política”.

La diputada Elisa Carrió, a mediados de este año presentó una denuncia federal en la que acusa a Agustín, a “Fratacho”, al ex ministro Julio De Vido y a los secretarios de Transporte de la década K por delitos de corrupción, y al diputado Rossi, en particular, por tráfico de influencias, al desempeñarse como ministro de Defensa. El monto de los subsidios recibido por las empresas de colectivos de “Fratacho”, quien contaba como socio principal a Gerardo Ingaramo, superó los 1.900 millones. 

El juicio actualmente se tramita en el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral, y destaca la falta de transparencia en la operatoria, que habría favorecido la creación de asociaciones ilícitas, no sólo en el caso de Rossi y compañía, sino también de Cristóbal López, y muchos otros. 

Paradójicamente, y pese al gigantesco monto recibido en subsidios, varias de las empresas encabezadas por “Fratacho” Rossi naufragaron irremisiblemente hacia la convocatoria de acreedores. Según la diputada nacional Paula Oliveto, los denunciados habrían “usado el poder para hacer negocios con el pueblo. Y en este caso es grave, porque los Rossi eran el poder mismo”.

La denuncia de Carrió incluye la sospecha de que, habida cuenta de los concursos en que terminaron las empresas del Grupo Rossi, los fondos recibidos se habrían dirigido a destinos que poco tendrían que ver con el motivo de su asignación. En varias localidades sus colectivos tuvieron inconvenientes debido a lo obsoleto del material rodante, o el deficiente estado en que prestaban servicios. 

La piedra de toque de la cuestión, aseveran algunos, consiste en saber si “Fratacho” es un simple testaferro de Agustín, o si “Fratacho” se cortó sólo y se quedó con el negocio, traicionando la lealtad familiar. 

Para mediados de 2016 Agustín Rossi, por entonces diputado del Parlasur, se encontraba cercado por las denuncias y decidió salvar la ropa, afirmando que su hermano era el gerente de una empresa “que tiene el transporte de la ciudad de Santa Fe, de la ciudad de Neuquén, de Río Gallegos, un porcentaje del transporte de la ciudad de Córdoba, el transporte de la ciudad de San Miguel de Tucumán… ¿Y es testaferro mío?” 

Pocos creyeron el descargo de Agustín Rossi, pero debe consignarse que “Fratacho” no era un neófito en las lides políticas, ni mucho menos en la obtención de beneficios a partir de su desempeño público. Fue subsecretario de Justicia de Santa Fe, luego secretario de Gobierno de esa misma provincia durante la catástrofe hídrica de 2003, secretario de Seguridad provincial con Jorge Obeid y, posteriormente, diputado nacional del FPV hasta 2013. A través de Autobuses Santa Fe consiguió apropiarse inicialmente de empresas menores con métodos bastante cuestionables, para luego obtener concesiones monopolíticas en las ciudades que detalló su hermano Agustín en su descargo en el Parlasur, a las que deben sumarse Bariloche, Usuahia, Santa Rosa La Pampa, Lomas de Zamora, Monte Cristo, Carlos Paz, Lomas de Zamora, La Plata y Recreo. 

En enero de 2003, un periodista santafesino, Pablo Benito, disparó en un conferencia de prensa que “el dueño del Transporte en Santa Fe es el subsecretario de Seguridad de Obeid, Alejandro Rossi, y ustedes colegas, lo saben”. La denuncia generó malestar, pero pronto cayó en el olvido mediático. Pero los negocios no cesaron de incrementarse y en 2014 el diputado rossista del FPV Luis Rubeo negoció una reforma impositiva que liberaba de ingresos brutos al transporte, creaba un fondo de “compensación al transporte” por 200 millones a valores de ese año e impulsó un descuento de un 50 por ciento sobre el impuesto de patente única para el transporte de cargas. ¿Por qué el transporte de cargas? 

Naturalmente porque “Fratacho” Rossi, con sus habituales socios Gerardo Ingaramo, Nanci Tocci y Carlos Galetti, también son los titulares de la empresa Río Paraná Cargas SA. El holding, además, incluye a la empresa Constructora Urbana S.A.. Negocio redondo. 

Recientemente, el periodista Alejandro Benito: “Quizás luego de trece años alguien pueda contar, otros reproducir y la mayoría creer, aquella historia de la lluvia de subsidios millonarios sobre el transporte de Santa Fe que caían en cuentas de choferes desempleados y que luego desaparecían de la faz de la UTA. Así empezó a amasarse este poder, silenciando y hasta apresando a quienes lo denunciamos. Hoy, que los Rossi no tienen el mismo poder para castigar ni el mismo dinero para comprar voluntades, quizás se pueda reproducir aquella revista Tercer Mundo con la tapa que denunciaba el cartel del transporte y su contenido ignorado por una década”.

¿En qué derivará la causa de los hermanos Rossi y los subsidios al transporte? ¿Terminará en el mismo cono de silencio que le permitió crecer sin limitaciones durante más de quince años? ¿Se animará la Justicia a avanzar sobre el tema en un año electoral? Dudas, interrogantes, con la sensación de impunidad como inevitable telón de fondo. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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