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26 de noviembre de 2018 | Provincia

Polémica decisión

Ordenan un polémico procedimiento jurídico para salvar a los “expertos”

En una singular movida, la provincia de Buenos Aires sorprendió a todos. En vez de exigirles que devuelvan el dinero que han cobrado durante los últimos dos años en los que el contrato estaba vencido, crearán una resolución para mantenerlos en el cargo.

El llamado grupo de “Expertos en Gestión Pública”, un equipo de trabajadores formados por la Universidad de Tres de Febrero a través de un convenio que ya no se encuentra vigente y que cobran contratos de directores de línea aunque ya llevan dos años vencidos, habría encontrado el tan necesario “padrino”, un político de peso en la arena bonaerense que les palmee la espalda y les permita continuar con el tren de dudosa moralidad en el que están montados.

A pesar de haber firmado un contrato por cinco años en el 2011 y nunca haberlo renovado, el grupo hoy continúa cobrando jugosos contratos. Incluso con el agravante de no haber fundamentado su función con trabajos concretos y diferenciadores en ningún área de la administración pública provincial, se niegan a soltar el dinero mal habido.

Con el propósito de sostener la charada, lograron que la jefatura de Gabinete bonaerense ordene a la secretaría de Legal y Técnica que saque de la galera alguna idea creativa. En la jerga, a dicha secretaría la llaman “el laboratorio jurídico”, dado que allí se crean resoluciones de la nada, como la antimateria, se crea algo donde no había nada, ni siquiera una ley que lo respalde.

La idea a la que arribaron es la de arreglar el brete con un “reconocimiento de servicios”, que sigue teniendo como base un programa vencido, y que parece ser que de este modo se apelaría a arreglar todo cambiando decreto por decreto, resolución por resolución.

Lejos de pedirle a los supuestos expertos que devuelvan el dinero que cobraron a pesar de tener un contrato holgadamente vencido, parece que estarían creando un decreto o una resolución para justificar la situación irregular y, además, permitirles continuar cobrando. De este modo, la ley ya no actuaría como defensa de los derechos de los ciudadanos, sino como una vil herramienta para justificar la irregularidad y, peor aún, darle viabilidad.

A todo esto, según cuenta una persona llegada al “laboratorio jurídico” de la provincia, cuando la orden arribó los mismos “científicos” se miraron horrorizados. “¿Qué servicios se supone que tenemos que reconocerles?”. Es que, en el mamarracho llevado a cabo, nunca se cumplió con la única forma fehaciente de evaluación de desempeño que especifica el programa, dado que ninguno de los organismos por los que se paseó a este grupo llevó adelante la evaluación correspondiente de acuerdo a la resolución 2/16.

De este modo, lo que la provincia entendería como servicios sería simplemente la retención de cargos a lo largo del tiempo y el reemplazo de la evaluación por los favores personales que los expertos realizarían a cambio del real cumplimiento de sus tareas.

Increíblemente, esto ocurre en tiempos en que la provincia de Buenos Aires se encuentra prorrogando su emergencia administrativa, con el Tribunal de Cuentas completamente encima, al menos en la teoría, de cualquier desbarajuste legal. Parece que aquí se les ha pasado un punto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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