Provincia cierra delegaciones y acumula personal en estructuras irregulares

La ley 14.828, que es la vedette de los pliegos licitatorios, operó en conjunto a la ley de Emergencia Nro.14.815, que declaraba a la provincia en estado de emergencia económica y administrativa, abriendo las puertas a enormes gastos en materia de modernización e incorporaciones de monotributistas a través de numerosos proyectos.

Cada uno de estos proyectos implica costosas estructuras marginales con elevados contratos de monotibuto, exigiendo al máximo el apretado presupuesto bonaerense. Entre estos proyectos se enmarcan, por ejemplo, la incorporación del SIGAF, un sistema enlatado vendido por proveedores porteños a la provincia de Buenos Aires, sin tener en cuenta que la estructura de la provincia es mucho más compleja y se encuentra en una situación mucho más precaria que la coqueta Capital Federal. De este modo, dio a luz un sinfín de distorsiones y retrasos que provocaron dolores de cabeza tanto en los proveedores del estado como en los trabajadores de los organismos públicos.

La subsecretaría de Servicios y Atención al Ciudadano, liderada por Juan Pablo Becerra, ha inaugurado las Estaciones de Trámite, una suerte de refrito de aquella marca por la que alguna vez se pagó un verdadero dineral a la consultora PQ, que finalmente desapareció entre rumores de escándalos y la intervención del Tribunal de Cuentas.

Dichas estaciones tendrían, en realidad, un propósito algo más sombrío. Impuestas por insistencia de Magdalena “Magdy” Acuña, una funcionaria Pro vinculada al ministro Roberto Gigante y responsable, en su momento, del proyecto de asistencias técnicas de La Generación, las Estaciones de Trámite cumplirían en realidad el rol de acumular personas con costosos contratos monotributistas y trabajadores que se quedaron sin su delegación. Acorde a uno de los trabajadores en diálogo con REALPOLITIK “no son más que ranchos, cajitas chiquitas, en las que estamos todos amontonados con jóvenes Pro que cobran fortunas y que no hacen más que algunos trámites, acomodan carpetas y ostentan cargos sin función aparente”.

Por este hecho, ya se habrían generado numerosas denuncias ante el gremio de ATE y ante la Comisión Mixta de Salud y Seguridad en el Empleo Público (CoMiSaSEP) a través de abogados laboralistas.

Por otro lado, las estaciones cumplirían un rol clave en el proceso de cierre de delegaciones que Cambiemos está llevando adelante en toda la provincia. Muchos de los trabajadores terminan allí, a más de 60 kilómetros de su lugar habitual de residencia, pero sin que nadie les pague el desarraigo. A los funcionarios, aparentemente, “se les pasa”. Así, con el amontonamiento de empleados, el estado ahorra en alquileres, todo en pos de una eficacia y una eficiencia que, al menos en los presupuestos, pareciera que aún no aterrizó en tierras bonaerenses. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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