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Lejos de amilanarse, el gobierno provincial prepara los cañones para un 2019 en el que pretende socavar la fuerza sindical en el organismo. La reconversión deseada y la falta de rentabilidad, en el tapete.
A principios de los noventa comenzó en todo el mundo un proceso de reconversión de los astilleros estatales. En su enorme mayoría, redujeron notablemente sus planteles, duplicaron su producción y lograron llegar así una rentabilidad mínima que les asegure la supervivencia. Este proceso provocó serias tensiones en el Astillero Río Santiago, y los políticos de turno decidieron evitar el costo de la reducción de personal e, incluso, promovieron el movimiento inverso. El astillero duplicó la cantidad de recursos humanos, redujo su producción y promedió un déficit de 170 millones de dólares anuales.
Con el correr de los años, el astillero se convirtió en un blanco de las políticas más crueles, fogoneadas en gran parte por el notable desinterés del país en la industria naval. De este modo, se fue eliminando inversión, contratos, publicidad y hasta el servicio de limpieza. Así, luego de años de expandir el plantel de trabajadores y desfinanciar el organismo en simultáneo, el ARS se convirtió en un gigantesco elefante blanco. Una verdadera ciudadela sin un motivo mayor para justificar su existencia que el de proveer los sueldos de una notable cantidad de familias, en su mayoría de las ciudades de Ensenada y Berisso.
La llegada del gobierno de Cambiemos a la provincia de Buenos Aires fue, posiblemente, el golpe de gracia. Por primera vez en la historia del organismo, aparecieron denuncias de corrupción en el gremio ATE, con acusaciones de desvío de fondos y malversación. Mientras las autoridades aseguraban querer limpiar las malezas, los sindicalistas afirmaban que el gobierno preparaba el terreno para la tan temida reestructuración.
Ante la imposibilidad política de despedir trabajadores ociosos en masa, el gobierno optó por incomodarlos. Así, una de las primeras y más polémicas medidas fue atacar el histórico “plus por productividad”. El mismo, denominado “Premio a la Eficiencia”, fue aprobado en 1975 a partir del convenio 91/75 luego de una intensa negociación. Con 43 años de vigencia, fue incorporado al inconsciente colectivo de los trabajadores quienes lo tienen en cuenta ante la falta o el retraso de compensaciones de otro tipo.
Para el gobierno, el Astillero Río Santiago, que no produce barcos desde hace años, no es productivo en lo absoluto y por ende no merece premio alguno. Sus empleados, no obstante, aseguran que no pueden crear nada si los gobiernos nacionales y provinciales no abastecen al organismo con los insumos necesarios para trabajar.
Entre los responsables del embate a los premios para productividad, el gremio ATE señaló al gerente de Asuntos Jurídicos y Relaciones Institucionales, Héctor Calvente, y al propio interventor del Astillero Río Santiago, Daniel Capdevila. Acorde a los empleados, el próximo paso de las autoridades será sobre el pago de las vacaciones. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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