Corrupción: Pablo Fappiano, el funcionario bonaerense que salta a ambos lados del mostrador

Los rumores, las denuncias y los pedidos de informes se remontan a abril del 2017, cuando el municipio de Mar del Plata firmó un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata para la aplicación de un sistema de fotomultas. En aquel entonces, la oposición advirtió que el proceso licitatorio estaba “lleno de ambigüedades y algunas cuestiones directamente contradictorias”.

En efecto, el convenio incluía la tercerización del servicio a un privado, de forma tal que se trataba de una contratación directa encubierta. E incluía varios millones. En efecto, en aquel momento se explicó que la letra chica incluía el compromiso de incluir a un privado, la Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina (Cecaitra), en temas de “alta especialización”.

En aquel entonces, se pidió que la Justicia y el Honorable Tribunal de Cuentas estudie un detalle perturbador: El director de Proyectos de Seguridad Vial de la UTN de La Plata, firmante de todos los expedientes licitatorios y convenios, Felipe Yannaduoni, era a su vez vicepresidente de Cecaitra e integrante de la fundación Aprender. Allí, comparte las tardes junto a un tal Pablo Fappiano, que resultó ser el director provincial de Política y Seguridad Vial de la provincia.

Otra vez la historia de siempre, funcionarios públicos contratándose a sí mismos, en una macabra rueda financiera que traslada fondos públicos a manos privadas.

El caso más grave, sin embargo, estaba por venir en forma de dos licitaciones. En Lomas de Zamora se celebró la compulsa 102/18, en la que se invirtió unos 1.231.020.000 millones en cámaras de fotomultas y radares de velocidad. Poco tiempo después, una maniobra similar y con los mismos montos permitió la adquisición del servicio en la ciudad de La Plata.

En ambos casos, los resultados de las licitaciones levantaron polvadera. Resulta que la empresa que ganó y se llevó el jugoso botín es TN Group, que no tiene antecedentes en la prestación de este tipo de servicio y que, además, en ningún momento especificó dónde estarán apostados los equipos.

Más llamativo aún, mientras TN Group cotizó el 50 por ciento de la recaudación para el municipio y el 40 por ciento para el adjudicatario, su competencia, Cecaitra, con amplia experiencia en el rubro, cotizó 61 por ciento para el municipio y 39 por ciento para el adjudicatario. Un acuerdo mucho más favorable para las ciudades.

¿Dónde estaba, entonces, el dato a tener en cuenta? En que la suma de la distribución de la recaudación que prometió TN Group, entre el municipio y el adjudicatario, solo suma el 90 por ciento de los ingresos. El 10 por ciento restante va a parar a la provincia de Buenos Aires. Extraña casualidad, justo el lugar en el que se desempeña una figura conocida de los procedimientos sospechosos: Pablo Fappiano, director provincial de Política y Seguridad Vial bonaerense.

Cuando las sospechas comenzaron a tornarse inevitables, cuando desde el Concejo Deliberante de Mar del Plata solicitaban la presencia del Tribunal de Cuentas y los concejales de La Plata denunciaban no tener información precisa sobre el proceso de licitación, llegó una noticia tan inesperada como indignante. Acorde a testimonios de empleados de TN Group, uno de los abogados de la empresa sería el propio Fappiano. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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