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27 de diciembre de 2018 | Provincia

Silencio bonaerense

Los expertos siguen en condición de irregularidad

Hace ya un tiempo se reveló la situación del cuerpo de expertos en Gestión Pública: se trata de veinte agentes que cobran como directores provinciales, a través de un programa vencido en mayo.

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En su período de irregularidad, este puñado de trabajadores lleva unos 8 millones de pesos en gastos sin causa normativa alguna que los justifique, ni resultados en favor de la administración pública de la provincia, que se encuentra en uno de sus peores momentos en términos de la tan predicada eficiencia y eficacia que cambiemos, para salir de lo meramente discursivo, repite constantemente en toda resolución, decreto y ley. La prédica no pasa de ser un cambio de lo oral a lo escrito, resultando evidente el desmejoramiento de la actividad pública bonaerense que a estas alturas llega a advertirse consultando el simple curso de cualquier expediente, ya sea por inobservancias o por astucias relativas a procedimientos licitatorios dirigidos para favorecer a proveedores porteños.

Parece ser que la corrupción y las omisiones favorecen a los expertos en Gestión Pública, al calor de un caldo de casualidades que se justifican en la corrupción del oficialismo y las internas. En este caso, la lluvia de las irregularidades encontró paraguas en promiscuos intereses políticos afectados y omisiones de quienes deberían haber resuelto el asunto en tiempo propio, si es que consideraban que el cuerpo de expertos le estaba sirviendo o cumplía su función, cosa que se hubiese resuelto sobre la fecha del vencimiento sin dejar pasar tanto tiempo.

Esta situación fue consultada a funcionarios y ex funcionarios de la subsecretaría para la Modernización del Estado, quienes confirman que el cuerpo en cuanto a su utilidad desde hace tiempo que estaba en dudas y la propia Magdalena Acuña decidió subir el rigor de las evaluaciones para el cuerpo de expertos, que de por cierto nunca fueron practicadas conforme al reglamento y la provincia no tiene al día ningún cuerpo que dé fe del trabajo de los expertos evaluado por autoridades competentes.

Su supuesta actividad se sostiene a través de mensajes en redes sociales en los que ellos mismos y otras asociaciones de la sociedad civil, como “Governeo”, generan constantemente el conocido “autobombo” característico de las formas políticas toda vez que “algo falta” o está “suelto de papeles”. Es claro que ninguna de estas vías puede sustituir la verdadera corroboración de los resultados a la fecha inexistentes, pero los expertos parecen tener un proceder más político que profesional a la hora de vincularse con las redes sociales, claramente aprendido de quienes los resguardaron en todo este tiempo, particularmente apelan a la fotogénica legitimidad por las redes.

Se puede ver cómo siguen beneficiándose y publicando acuerdos de estructuras que ya no existen y fueron encabezadas en algún momento por Magdalena Acuña, funcionaria absolutamente desacreditada por muchos sectores, pero que los expertos a través de un revival de lo que dejó buscan la oportunidad de justificar otra potencial labor.

En dicho sitio se publica un modelo de convenio para asistencias de la ya desparecida subsecretaría de Innovación y Experiencia Ciudadana, entre otras tentativas de gobierno abierto de periodos anteriores, llegando a invocar inclusive otro polémico programa de “agentes de modernización”, disuelto hace años por su fracaso.

Atento al contexto político que signa el asunto, y a lo que se investigó posteriormente a las notas ya publicadas, se llegó a que las mismas tomaron gran relevancia sobre todo antes de la discusión de la ley de Presupuesto de la provincia.

En torno a la gestión Cambiemos, las notas anteriores parecen haber impactado en la cotidianeidad de la administración provincial y han generado actitudes y visiones bien distintas entre los funcionarios de la gestión de María Eugenia Vidal. Por un lado el doctor José María Grippo, el subsecretario de Coordinación Administrativa quien desde su posición entiende la irregularidad del asunto y es un verdadero abanderado de las metas fiscales empuñada por Hernán Lacunza desde el ministerio de Economía, y por otro el subsecretario de Capital Humano, Daniel Maggi, la persona que hoy protege a los expertos ya que ante la falta de personal medianamente capacitado, apela a los mismos para realizar trabajos corrientes, que en su contenido distan de ser aquellas “asistencias técnicas” que el reglamento de expertos aspiracionalmente estableció y, a rigor de verdad, son el trabajo de cualquier agente de la planta permanente con un ajustado salario por la realidad económica del país.

En este punto, el programa se revela como un acentuador de desigualdades que al calor de la política y sus intereses en breve buscará su renovación a capricho de Maggi, consagrándose la irregularidad absoluta mediante un decreto firmado por la misma gobernadora Vidal para confirmar a estos agentes que cobran suntuosos sueldos para apenas hacer el trabajo de un planta permanente promedio.

Cabe señalar que José María Grippo -joven y fervoroso militante de Cambiemos-, según algunas fuentes cercanas a su equipo, se encuentra en un embate perfilado por las jurisdicciones que realizan polémicos gastos y no consuenan con la austeridad que concibe desde su visión política, también el desgaste que le generó la imposición de personal platense con manías propias de los sectores locales, particularmente de la casta del colegio San Luis o conocidos como “maristas”, que poco tienen que ver con la filosofía porteña que define sus líneas de trabajo.

La sobreestima del licenciado Daniel Maggi hacia los expertos se basa en la falta de personal mínimamente idóneo para la dirección de Relaciones Laborales. Al parecer, los monotributistas bien pagos de dicha dependencia están por debajo del estándar necesario para el entendimiento de los asuntos laborales y administrativos provincianos, y es allí donde los expertos aparecen cubriendo la deficiencia pero haciendo un trabajo estándar, aunque cobrándolo como directores provinciales a través de un programa vencido, situación que a Grippo no le mueve el amperímetro pero que Maggi defiende además por ser “veinte votos, más los potenciales votos de sus familias”.

Como se adelantara en otras notas, se apeló a un polémico procedimiento para salvar a expertos, en un contexto en el que algunos -no todos- de los agentes de dicho grupo se encuentran haciendo trabajo equiparable al de cualquier profesional de planta permanente. La situación se agrava si se tiene en cuenta que el resto de los agentes cerró la paritaria con el gobierno de María Eugenia Vidal en un 20 por ciento, pero salvaguardando la situación de quienes tienen jerarquía como en el caso de los expertos.

A esta situación general se le suman ribetes particulares, según comentaron a REALPOLITIK fuentes cercanas a la dirección de José María Grippo. Tras la publicación de la nota de expertos, se intentó revisar la situación y se descubrió que muchos tenían doble cargo, cumpliendo funciones con cargos en educación -no sólo por docencia-, lo cual va en contra del concepto de dedicación exclusiva que se les paga y fue desde siempre necesario para el ya vencido programa.  A estos casos se suma el del polémico experto Jorge Blasetti, quien por presentar incompatibilidad al ser policía y tener cargo en el ministerio de Seguridad, tiene un procedimiento sumario abierto en dicha cartera, el cual misteriosamente no se termina de ventilar y mientras tanto sigue en el cuerpo de expertos.

En este cuadro de situación parece que el polémico procedimiento les da a los expertos un año más de vigencia, absolutamente marcado por las internas de Cambiemos y en un contexto en el que la administración bonaerense parece no destacarse ni en su actividad regular y corriente, siendo un ámbito caracterizado por el desorden, las internas y el gasto para algunos en desmedro de las mayorías. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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