Vuelco en la causa de testaferros de Kirchner, dejaría muy mal parados a Eskenazi y el Grupo Petersen

Hasta el momento, Juan Manuel Ducler había sido detenido el 28 de diciembre del 2017 en las mismas oficinas del Grupo Petersen, luego de que sus abogados supuestamente exijan una “entrega controlada” de dinero a cambio de no revelar ante los medios el rol que el grupo empresario de la familia Eskenazi llevó adelante en el vaciamiento de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández. Según se supo, Ducler contaría con información que comprobaría que el Grupo Petersen ofició de testaferro de los Kirchner.

A pedido de Sebastián Eskenazi, la fiscal Cinthia Oberlander habría ordenado un procedimiento, utilizando cámaras ocultas para filmar la entrega del dinero y luego poder detener tanto a Ducler como a sus abogados.

En efecto, en el video, que se publicó editado, se observa cómo personal jerárquico de la empresa entrega 300 mil dólares termosellados a cambio de un acuerdo para “ir eliminando la información poco a poco, hasta que no quede nada”. Al llegar a la planta baja del edificio, Ducler fue interrumpido por personal policial que lo esposó y lo llevó detenido.

La novedad del caso, ahora, es una información que daría por tierra todo el procedimiento y que, además, dejaría muy mal parado ante la Justicia al Grupo Petersen.

Luego de dos años, el abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten, quien denunció oportunamente al juez Claudio Bonadío luego de comprobar que la amistad que mantenía con los hermanos Eskenazi era una de las razones para la protección del Grupo Petersen en la causa de los cuadernos, solicitó revisar todos los audios y las cámaras ocultas de la fatídica reunión.

En los videos completos y sin editar –que no fueron mostrados a los medios sin que nadie explique por qué razón –se registraron negociaciones entre los encargados del procedimiento policial y los directivos de la empresa, en los que se habló de coimas para ejecutar la maniobra. De este modo, en las fojas 510 a 512 se habla de pagos que oscilan entre los “100 mil pesos para cada uno” a los 3 millones de pesos.

“Sí, 3 millones. Eso le puede servir”, afirma una voz. “Un millón de pesos está bien. Está bien un millón de pesos”, responde otro. Más adelante, en lo que pareciera ser la voz de uno de los directivos del grupo, se escucha claramente: “Bueno, para que se queden contento. Lo pactado, 100 lucas cada uno”.

Acorde a los abogados de Ducler, la nueva información daría por tierra a todo el procedimiento. “Esto es totalmente ilegal y hace ver el marco de ilegalidad que rodea no solo al personal interviniente sino también a los querellantes y sobre todas las cosas afecta la veracidad del material colectado en aquella oportunidad”, explicó Kalbermatten.

La familia Eskenazi vuelve a quedar en el foco de la Justicia. Si se comprueba que la causa fue armada, que las conversaciones entre los policías que estaban montando las cámaras ocultas y los directivos de la empresa giraron en torno al pago de cuantiosas coimas, no sólo implica que la cámara oculta dejará de tener valor legal, sino que además presentará un grave problema legal para los que, hasta ahora, figuraban como denunciantes. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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