Contratados en alerta: Precarización y fraude laboral a la ley de Empleo Público bonaerense

Esta ley, como declaración de principios políticos de la gobernadora María Eugenia Vidal, terminó siendo la herramienta que habilitó además la adquisición de mobiliarios, bienes informáticos y alguna polémica locación que, atento a los personajes involucrados, ya no se puede denunciar.

Empero, esta norma que respondió más a perversas prácticas que a la romántica declaración de urgencia, deja entrever la deficiente técnica legislativa que define el contrato de servicios con una grotesca cláusula que, a modo de caballo de Troya, fagocitó un verdadero fraude laboral que desconoce situaciones que en los hechos se configuran en una verdadera relación laboral pública.

Para echar luz a este fraude, el artículo 23 habla de un “servicio determinado sin sujeción a un resultado concreto” y entre los presupuestos para calificar y justificar estos contratos, se refiere, entre otras cuestiones, a que las tareas o necesidad “por su complejidad o especialización no pueda ser cumplida por personal permanente, no debiendo desempeñar tareas distintas a las del contrato”.  Esta última parte constituye una verdadera provocación a los empleados de planta que fueron así legislativamente calificados de inútiles, sin aún recibir disculpas ni por los legisladores de Cambiemos ni por los de otras fuerzas políticas, que levantaron la mano para acordar una redacción grotesca.

La desfiguración de lo dicho en la ley es fácilmente comprobable en la realidad por cualquier empleado bonaerense que conozca personas sometidas a este régimen, sobre todo las que son “hijos de vecinos” y no vienen con pergaminos –poco comprobables y generalmente contrarios a lo que se pregona-, amiguismos o parientes desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los “hijos de vecinos” que pierden, hoy se encuentran cumpliendo horario y desarrollando tareas de planta permanente. Según investigó REALPOLITIK, también tienen usuarios de expediente electrónico (conocido como GDEBA), mails con dominio “gba.gob.ar”, llegando algunos a calificarse en la firma de las providencias como “personal administrativo”, “secretaria” y “asesor legal”, todas categorías con actividades que se encuentran fácilmentes entre el personal y no tienen nada de especial, ya que no son pocos los casos en que están altamente calificados -hoy degradados por esta norma-. Son ejemplos que muestran cómo los contratados por servicio terminan haciendo lo que se conoce en la jerga pública como “tareas habituales” -no especiales-, algo que esta ley tiene vedado para estos casos, pero igual termina sucediendo. En resumen, el empleo público encubierto ha creado una verdadera burocracia paralela, que genera confusión y desorden no en pocos casos.

Un relevamiento reciente efectuado por afiliados al sindicato ATE y que en breve será presentado ante el mismo, muestra las áreas según cantidad de contratos de servicios y, cruzado ese dato con expedientes de esas dependencias, demuestra que la gestión de los mismos tiene idas y vueltas por múltiples incorrecciones y problemas, algo que el sistema de expediente electrónico hoy permite trazar.  El resultado es que los empleados de la modalidad son sometidos a tareas para las que no fueron contratados y terminan, sin experiencia, haciendo tareas habituales como gestionar un expediente, algo que por la misma ley de emergencia les está vedado.

A su vez, para completar el cuadro descriptivo de problema, a muchos se les imponen regímenes horarios, ya que se utilizó “lugar de cumplimiento” como sinónimo de lugar y horario, con una interpretación que excede la figura del “servicio” y se coloca dentro de un esquema de dependencia, ya que las ordenes a cumplir también son impartidas por jerárquicos superiores.

A modo de conclusión, cabe mencionar un perverso mecanismo que se práctica este año con muchos de los contratados que vienen prestando servicios. El mismo consiste en darles aumentos bajos y a la vez tomar nuevos ingresantes con montos sustancialmente superiores (de hasta 14 mil pesos más) para disuadir a quien está hace tiempo de continuar en el estado. Pero lo grotesco del asunto es que los jóvenes que participan políticamente del espacio Cambiemos, tienen la chance de cambiar de lugar y pasan “por contacto” a otro organismo con suntuosos sueldos casi simulando ser “nuevos”, para aprovechar los montos, que tienen como finalidad generar desigualdad e incomodidad entre los contratados por servicios que llevan tiempo en la provincia, y evadiendo esa suerte.

En fin, quienes terminan perdiendo, yéndose, son los “hijos de vecinos”, resultando privilegiados los sectores de Cambiemos que presentan renuncias para pasar a otros organismos con montos “año cero” y otras anomalías y programas irregulares que consumen presupuesto y la provincia mantiene, sostenidos por la misma política. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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