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22 de febrero de 2019 | Municipales

Por un préstamo del BID

Denuncian un cobro indebido por parte de la municipalidad de La Plata en el arreglo de veredas

En el año 2016, el municipio de La Plata obtuvo un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del programa “Ciudades Emergentes y Sostenibles”.

En el año 2016, el municipio de La Plata obtuvo un préstamo no reembolsable del Banco Interamericano de Desarrollo en el marco del programa “Ciudades Emergentes y Sostenibles”, donde debiera haber puesto en valor el arbolado, veredas y el tema ambiental respecto de las habilitaciones que continuaba concediendo sin evaluación de impactos.  

Sin embargo, el estado de las veredas se ha ido deteriorando con el paso del tiempo y el compromiso asumido con el BID nunca se puso en marcha. Al mismo tiempo, se establecía que la comuna debería terminar con las habilitaciones sin evaluaciones de impactos sobre edificios y obras, pero lejos de hacerlo utilizó las rampas de acceso a las veredas como publicidad de campaña política.

Luego se pretendió trasladar el costo de reparación en calles centrales a los vecinos por un valor altísimo, cuando dicho costo se encuentra controvertido en la Justicia. Es así que, a fines de 2016, se presentó un amparo ambiental ante lo Contencioso Administrativa platense, cuando una maestra denunció la causa en la cual cuenta cómo se cayó en una vereda que tenía un poste de señalización roto.

La damnificada no sólo peticionó su indemnización ante el municipio, sino que también accionó en defensa del ambiente y la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. Este accidente le provocó heridas superficiales en el cuerpo, la cara y la cabeza, por lo que perdió días de trabajo y, en su presentación, advirtió que toda la ciudad estaba en ese estado.

En ese este sentido, la oposición en el Concejo Deliberante había presentado un proyecto de ordenanza para que se hagan efectivas las sanciones a las empresas de servicios públicos que rompen veredas y denunciaron la falta de control por parte los funcionarios, concluía en gastos de reparaciones que salían de los bolsillos de los vecinos.

En efecto, se pretendió realizar relevamiento en colaboración con los vecinos y publicidad en periódicos locales, aunque todo quedó en una simple iniciativa que era impulsada mediante la abogada María Sol Dellamea, ya que los diarios fueron desnaturalizándola al punto de no poder informar que se llamaba a los mismos vecinos de la ciudad a armar el mapa de veredas rotas.

En este sentido, la letrada explicó que el objetivo de esta acción es, entre otras cosas, “lograr la incorporación de una proporción de espacio verde para mitigar el impacto de cemento que en la ciudad obra sobre las veredas, que sean removidos todos los obstáculos, se coloquen las veredas en estado de accesibilidad para personas con capacidades diferentes y movilidad reducida y se ejecute la sentencia de conformidad al plan de ejecución que deberá acompañar el municipio producidas las pruebas”. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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