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24 de febrero de 2019 | Provincia

Indignación

Empresario solicitó el juicio político para Vidal y Conte Grand

Cansado de lidiar con la injusticia, el propietario de una empresa que fue vaciada en el 2014 solicitó el juicio político a María Eugenia Vidal y Julio Conte Grand, máximo responsable del ministerio Público Fiscal, tras no recibir respuesta a sus requerimientos.

Se trata de José Luis Ortega quien en el 2014 encontró su metalúrgica vaciada presuntamente por sus dos socios, Carlos Acosta y Alfredo Gómez, quienes habrían desmantelado la empresa, dejando en pampa y la vía al empresario denunciante. 

Ante esta situación y tras cinco años de idas y vueltas presentando escritos ante los poderes ejecutivo y judicial, decidió cortar por lo sano e iniciar el juicio político a la gobernadora Vidal y al procurador, Julio Conte Grand.

Todo comenzó hace años cuando Ortega fue a realizar la denuncia correspondiente ante el ministerio Público de La Matanza, que designó para realizar la investigación penal al fiscal Juan Diomede, de la UFIyJ Nro. 5. Sin embargo, los resultados fueron negativos, ya que el funcionario judicial decidió, luego de un tiempo prudencial, archivar la causa.

Ante esto, el denunciante solicitó el desarchivo de la causa, logrando que se citen a ciertos testigos que, según Ortega, habrían falseado sus declaraciones. Entre estos declarantes, se encontraba el dueño del galpón donde estaba la metalúrgica, que solicitó tomar nuevamente posesión de su propiedad, siendo habilitado por la secretaría del fiscal en cuestión y, según la denuncia, produciendo la destrucción de las pruebas existentes en el lugar, que desde la fiscalía prefirieron no investigar.

Indignado por la situación, el denunciante inició una investigación propia ya que, para él, “algo olía mal”. En ese lapso, logró dar con el lugar donde habían sido trasladadas las maquinarias de la empresa. Sin embargo, al anoticiar al fiscal Diomede sobre el hecho, este no tomó ninguna acción al respecto. 

Por lo antedicho, Ortega realizó una nueva denuncia, aunque en este caso el foco estaba puesto en el propio funcionario judicial. La misma recayó en la fiscalía descentralizada de Gregorio Laferrere a cargo del Fernando Garate, quien rápidamente desestimó la presentación.

Sin saber a quién recurir, Ortega apeló el fallo de Garate y la fiscal general de La Matanza, María Ochoa, decidió tampoco hacer a lugar al recurso interuesto. 

Finalmente, el damnificado recusó al agente fiscal con el juez que entendía en la causa, Gustavo Blanco. Pero también se rechazó el escrito recusatorio.

Al atar cabos, se empezaron a encontrar respuestas a las diversas situaciones que durante años sucedieron en la causa y se encontró un dato particular: el propio fiscal Diomede tenía relación con uno de los abogados de los imputados, que era el propio presidente del Colegio de Abogados de La Matanza, Martín Polito. Además, la fiscal general Ochoa también conocía a Diomede, con quien compartió un concurso ante el Consejo de la Magistratura, en donde ambos fallaron.

En este sentido, extraoficialmente, es sabido que para ocupar un cargo en el ministerio Público y en las diferentes fiscalías de la provincia de Buenos Aires es necesario contar con la venia de las colegiaciones distritales, cuestión que embarra más la llegada de Diomede y Ochoa a sus cargos, ya que también habrían tenido el visto bueno de Polito.

Estos vaivenes judiciales fueron denunciados ante el procurador Julio Conte Grand y comunicado, a través de un escrito, a María Eugenia Vidal. Sin embargo, más allá de la formación de expedientes que vagaron por la burocracia judicial, el empresario no obtuvo respuesta y todavía sigue reclamando por el vaciamiento de su empresa.

Ante esta situación, Ortega decidió iniciar el juicio político a aquellas personas que tienen el máximo poder para resolver este meollo pero que, en vista de los hechos, decidieron hacer oídos sordos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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24 Feb | 12:45
Pehuén Curá | [email protected]
Si, golpea que te van a abrir.
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