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6 de marzo de 2019 | Provincia

Espionaje electoral

Troll Center y campaña: Atención Ciudadana compró un programa para espiar a los bonaerenses

El software adquirido por el gobierno de la provincia de Buenos Aires utiliza información personal de los usuarios para recabar datos utilizables en campañas políticas.

La subsecretaría de Atención Ciudadana, cuyo titular es Juan Pablo Becerra, se lanzó a la compra de un software de Big Data, que utiliza datos de los ciudadanos para campañas políticas.

La licitación para la compra del mismo, además, dejó mucho que desear. Tanto, que ya comenzaron a salir a la luz denuncias que aseguran que la misma fue “dirigida a dedo” para beneficiar a la empresa ganadora, Quantum. El programa está pensado para utilizar todo tipo de datos personales dejados en la web por los usuarios de cualquier red social o incluso datos más íntimos, como cuentas bancarias y correos electrónicos, teléfonos y cuentas de Twitter, Instagram o Facebook. La versión técnicamente identificada por fuentes consultadas, se corresponde con las diferentes aplicaciones y herramientas que proporcionan información de los ciudadanos cuando realizan consultas web o llamados al gobierno de la Provincia, por lo que el CRM analítico está ligado a un depósito de datos o información denominado “Data Warehouse” la caja que serviría a la franquicia provincial de Cambiemos para explotar información y estudiar preferencias, problemas comunes de los ciudadanos a partir de lo que consultan y no por resolverlos.

El subsecretario Becerra, quien ya había sido acusado en numerosas ocasiones de gestionar los polémicos troll centers, abonará por el servicio un total de 5.989.998 millones de pesos. El mismo estaría gestionado por su mano derecha, el entrerriano y autoproclamado “porteño” pero que trabaja en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Vallarino, personaje que llegó en reemplazo de Pablo Fappiano, quien saltó a la fama luego de que lo denunciaran por contratar a TN Group, la empresa a la cual él mismo representaba legalmente.

Más polémica aún levantó la intervención en el expediente del departamento de Sistemas de la Información y Tecnologías, dependiente de la subsecretaría para la Modernización del Estado, que irrumpió en el pliego para aclarar por escrito que la contratación queda bajo exclusiva responsabilidad del funcionario solicitante tanto “en la racionalidad del precio”. En criollo, se lavó las manos ante un eventual ilícito. Además, se filtró que los agentes de la Dirección Provincial de Información Sistemas y Tecnologías, concluyeron que la plataforma CMR (Customer Relationship Management) no está instalada ni en su versión gratuita en la provincia de buenos aires y que mal puede contratarse un servicio para algo que no está, surgiendo en dicho momento otro dato interesante: La hipótesis de que se está colocando un sobreprecio en un servicio para comprar algo que es gratis y que la misma provincia podría haber instalado con “costo cero” en sus servidores. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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