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Nacionales
Cuando se cumplían 17 años del crimen, en septiembre de 2014, la Cámara Penal de Dolores condenó a prisión perpetua al ex policía bonaerense Fermín Basualdo.
Tiempo atrás, la familia del único condenado por la muerte de Emilio Blanco había denunciado una serie de irregularidades en la causa y presiones por parte de la Iglesia Católica para que se resuelva aceleradamente la investigación. Por aquel entonces, había afirmado que existían varias inconsistencias y hasta el polémico juez Martín Ordoqui estuvo en la mira.
Por tal motivo, y luego de no recibir ningún tipo de respuestas por parte del Estado argentino, bajo el patrocinio del abogado Federico Arturo Ravina, realizaron una presentación ante el Secretario Ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Paulo Abrão. La intención es poner de manifiesto estas irregularidades ante este organismo internacional.
En este sentido, denuncian a la República Argentina por la violación a los derechos de Fermín Eleodoro Basualdo, el único acusado, que actualmente se encuentra detenido en la en la Unidad N° 9 de La Plata. En el expediente, el letrado sostiene que está condenado injustamente a la pena de prisión de perpetúa y da varios detalles sobre la investigación.
Allí Ravina sostiene que hubo una violación del debido proceso legal, y entre otras cosas afirma que hubo dos deficiencias graves: “primer lugar, se omitió por completo la investigación de cualquier delito que no se encuentre enmarcado dentro de la violencia institucional, o en su defecto, un simple accidente ferroviario. En segundo lugar, se dejaron de ordenar, practicar y valorar pruebas que hubieran sido de vital importancia para el debido esclarecimiento de la verdad de los hechos”.
Entre varias de las irregularidades que ponen de manifiesto, afirman que “las autopsias quedaron incompletas y fueron observadas de manera muy poco técnica” y que, por otro lado, “no se citó a declarar a compañero de escuela alguno, donde no solo cursaba los estudios secundarios, sino que había transitado todo el ciclo primario”.
Según lo destaca el abogado, uno de los causales por los cuales se realiza la presentación por la violación del debido proceso es que Basualdo fue detenido e interrogado en 2011, 14 años después del fallecimiento de Blanco. Asimismo, detalla que el implicado no conocía a la víctima ni a sus familiares y sostiene que “imputar y detener a una persona por un hecho gravísimo, aun año de la prescripción de un delito tipificado con pena única de prisión perpetua, debe ser un acto de excepción minuciosamente fundado”.
EL CASO DE EMILIO BLANCO
El 28 de septiembre de 1997, Emilio Blanco se despidió de su familia en Chascomús y se fue a bailar. Era una noche fresca y despejada de primavera, y todo preveía algunas horas de diversión. A primeras horas de la mañana, su cuerpo fue encontrado a un costado de las viejas vías del ferrocarril, a metros de la avenida Yrigoyen.
Empujada por la presión social y los medios, la Justicia avanzó en la investigación, concluyendo que el joven de 16 años fue arrojado a las vías para simular un accidente ferroviario, cosa que fue descartada de plano por los peritos de la Corte Suprema. Con el correr del proceso judicial, se llegó a la conclusión que el joven había sido detenido y torturado hasta su muerte en la comisaría de Chascomús.
Cuando se cumplían 17 años del crimen, en septiembre de 2014, y tras mucho tiempo sin definiciones concretas, la Cámara Penal de Dolores condenó a prisión perpetua al ex policía bonaerense Fermín Basualdo, aunque jamás se supo quiénes fueron los uniformados que supuestamente lo acompañaron en la tarea.
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