Red de trata y esclavas sexuales: La Justicia, detrás del macrismo y dirigentes cordobeses

La señora Liliana Rojo realizó en Córdoba varias denuncias de un enorme coraje: “En el año 1998 mis hijas muy jovencitas, reciben la propuesta de trabajar bailando en boliches como La Barra, Coyote o Rapoza. Gente de la red de tratas secuestra a una de ellas, Erica, y la lleva a Bolivia. Entraban y salían por Salta, por Atacama cruzaban a Chile, y por la triple frontera caminando. La llevaron por Perú, Brasil, Colombia, y en Argentina por muchas provincias. En un vuelo de Tam fue llevada a Alemania vía Brasil. En Iquique Chile y Lima Perú, mi hija era publicitada en grandes pancartas. En Cancún México, es rescatada en 2011 del prostíbulo de Raúl Martins en parte gracias al consulado” (causa 83238/12 fiscalía Federal Nro. 3 de Graciela López de Filoñiuk).

Debemos recordar que Mauricio Macri y Juliana Awada fueron fotografiados con Gabriel Conde hace unos años en Cancún, sonriendo alegremente en uno de los prostíbulos de Raúl Martins. Los Conde han sido dueños de Sampoo y otros tugurios de máxima pureza, asociados o como testaferros del ex CEO de Operaciones y Negocios de la SIDE, Jaime Stiuso. Martins, conforme las denuncias de su hija Lorena, estuvo siempre asociado a don Jaime y además es aportante de las campañas de Macri.

La detención del puntero y financista de la gobernadora María Eugenia Vidal, el “Peque” García, hace unas semanas, con varios procesamientos por trata, dejan en claro los vínculos prostibularios del macrismo en la provincia.

Otro denunciante a su vez, describió dos tugurios de CABA: “Las cuevas de trata de personas de Urquiza 178 y Santiago del Estero 1450 continúan operando disfrazadas de pensiones, con protecciones policiales, fiscales, judiciales y políticas de hace más de quince años. En ambas hay todo tipo de malandras y traficantes que venden y roban en las mismas o en las inmediaciones. Efectivos policiales concurren semanalmente a cobrarles, y suele haber uno o dos uniformados a metros de sus puertas, cuidando sus operatorias. En ambas suele haber jovencitas drogadas atadas a las camas, para ser vendidas a redes de trata nacionales y extranjeras. Sus modus operandi fueron denunciados en la fiscalía Nro 1 de Py junto a un conjunto de setecientos objetivos de cohecho policial de las dos comisarías actuantes. También se realizaron las denuncias ante la inoperante o encubridora Oficina de Trata de Personas del ministro Germán Garavano (denuncia 11551/17, originada en línea 147 a la señora Fátima, el 14 de septiembre de 2017) y por escrito a la Oficina de Denuncias de CABA”, donde gobierna Horacio Rodríguez Larreta, recientemente denunciado por el abuso de un menor de edad. 

El 17 de octubre de 2017, NOVA publicó un artículo que contenía lo siguiente: “Shopping de drogas Hotel Urquiza 178 fue denunciado en las causas 7104/13 y 8025/13 en Comodoro Py, actuaciones del juzgado federal Nro. 2 a cargo de Sebastián Ramos, como también en la actuación Nro. 815/13 de la Corte Suprema de Justicia, además de PROCUNAR”. “El testigo aseguró que existió y aún existe un modus operandi, permanente y sistemático, de mantener secuestradas a jóvenes en general de entre quince y veinte años, con un perfil muy similar: originarias de Corrientes, Misiones y Paraguay, rubiecitas y bien ‘blanquitas’”. “Es un ‘centro de acopio’, por cuanto las chicas terminan siendo vendidas a redes de trata o directamente a prostíbulos”. “Shopping de drogas Hotel San Carlos de Santiago del Estero 1450, cuenta con protección de la comisaría 16 hace ya más de veinte años. Opera una banda con niñas secuestradas, pero con otro perfil, es decir morochitas o chinitas. Los ‘pescadores’ actúan en forma similar a los de Once, en este caso en plaza Constitución o en la estación de trenes y las niñitas son vendidas a prostíbulos menos pudientes”.

Otros juzgados federales habrían recibido, en estos años, denuncias sobre esclavitud sexual, tales como el juzgado Nro. 10 de Julián Ercolini. Si esas supuestas causas no avanzaron, seguramente fue porque tal como comentamos oportunamente, la mujer del juez es funcionaria y operadora del gobierno de Macri.

La señora Liliana Rojo también denunció a varios de sus coterráneos cordobeses: “La secretaría de Trata de Personas a cargo de María Amelia Chiofalo recibe el caso de mi hija. Mi hija vuelve a caer en manos de otro tratante, Gastón Alesandrini. La señora Chiofalo la vuelve a rescatar, pero la fiscal la hace internar en una supuesta ONG de la psiquiatra Mónica Frencia, un verdadero campo de concentración. También realicé la denuncia en la PROTEX, de absoluta inutilidad a cargo del fiscal Marcelo Colombo. En 2018 mi hija denuncia a Alesandrini, en la fiscalía federal Nro. 11 de Comodoro Py, luego de la desastrosa actuación de Claudia Martinez, la nueva secretaria de Trata de Personas provincial. En Córdoba la red fue sostenida por Adriana Nazario, la ex pareja de José Manuel De La Sota, Luis Juez, y el gobernador Juan Schiaretti. También están implicados el juez federal Luis Rueda, el ex fiscal general David Besario, el ex ministro de Desarrollo Social Daniel Passerini y el fallecido De La Sota. Todos fueron denunciados como tratantes”.

El gran problema, además, es que existen distintos bandidos travestidos de Organizaciones Anti Trata de Personas que viven de algunos fondos del estado y de los peajes que les cobran a tratantes y a narcos. En tal sentido se destaca un lumpen de apellido Mao, con una supuesta ciudadanía norteamericana. En este contexto tan confuso, aparece el diputado Eduardo Amadeo –con cargos en las presidencias de Carlos Saúl Menem, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde y eterno operador del catolicismo fascista-, y con ocho familiares ocupando cargos en este gobierno, en especial su mujer Beatriz Orlowski (conforme publicara REALPOLITIK el 7 de mayo de 2018). Amadeo y su mujer apoyan y/o financian a varios de esos supuestos anti trata, quienes cuentan con distintos antecedentes penales y recientemente, en una suerte de tragicomedia se han denunciado alegremente entre sí.

Raúl Martins junto a Gabriel Conde, ambos pertenecerían a una cadena de explotación sexual.

Creo que quedan más que claros los vínculos de políticos, jueces, fiscales y jefaturas de fuerzas de seguridad, con la trata de personas. En tal sentido, hasta Naciones Unidas no tuvo más remedio que aceptar que las rutas de trata son las mismas que las de cocaína y la heroína, hacia los “mercados” de altos consumos de Brasil, Europa, USA y Asia. 

Esperemos que dentro de no mucho tiempo, se puedan precisar los grandes bancos que lavan los dineros de estos delitos complejos. Seguramente veremos el desfile de los grandes lavadores del Chapo Guzmán: Wachoria, HSBC, Bank of América, entre otros “buenos muchachos”.

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