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14 de marzo de 2019 | Provincia

Inquietud en el gobierno bonaerense

La subsecretaría de Atención Ciudadana tiene cautivos a más de veinte empleados de planta

La subsecretaría de Atención Ciudadana tiene cautivos de su ignorancia y mentiras a más de veinte agentes públicos en el Centro de Atención Telefónica, área que se identifica con las siglas CAT: un invento de Guillermo Vallarino, colaborador directo de Becerra, en honor al presidente Mauricio Macri.

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Este último dato es meramente anecdótico, pero demuestra la poca seriedad con que se toman las decisiones.

Hace algunas semanas, Juan Pablo Becerra anunció su call center “CAT 148” de Atención Ciudadana por redes sociales, afirmando, entre otras mentiras que la gobernadora María Eugenia Vidal implementó el boleto estudiantil después de cuarenta años de nada, cuando en verdad lo hizo por mandato de la justicia, cuando la misma Vidal pregonaba que “no era prioridad”, y se negaba a reglamentar esa ley por recelos de que fue sancionada en tiempos kirchneristas, y fotos al ploteo,  parece querer lograr que el “elefante blanco de Calle 48”, adquiera una nueva impronta visual que mágicamente solucione los desórdenes, aunque la continuidad de los problemas parecen no mudarse, se  auto coloca nuevamente en una encrucijada.

 

El conflicto obedece a problemas con los trabajadores de planta permanente, que desempeñan tareas en el “CAT 148”, quienes fueron convocados por la administrativa de Becerra mediante las búsquedas internas oficiadas a través de la subsecretaría de Capital Humano y con la promesa de cobrar un mejor sueldo.

Todo parece indicar que la promesa de los directores dependientes de Becerra se hizo de espaldas al compromiso asumido por la provincia con el estado nacional, algo que, a estas alturas, es conocido por cualquier funcionario que sabe dónde está parado.

El eje del conflicto se da en el marco de la ley Nro. 27.428 sobre el régimen de Responsabilidad Fiscal y Buenas Prácticas de Gobierno, a la que la provincia de Buenos Aires adhirió por la ley Nro. 15.017 sobre Consenso Fiscal.

Esta norma coloca como meta fiscal en materia de empleo público no engrosar el gasto administrativo de las jurisdicciones con topes establecidos, algo que Becerra terminó provocando a la hora de solicitar masivamente pases para llenar las sillas y escritorios de su call center. Esto fue en razón de que el ministerio de jefatura de Gabinete de Ministros goza de la famosa bonificación Nro. 125 que engrosa los sueldos por encima del promedio, a lo que hay que agregar además el régimen de cuarenta horas que supera holgadamente el tope de gastos corrientes permitidos por esta cartera provincial.

La situación tomó su escalada en las últimas horas cuando, a raíz de lo acontecido, los empleados del call center, al recibir la devolución de algunos expedientes por parte de la dirección provincial de Relaciones Laborales, preguntaron si por lo menos iban a recibir la bonificación por los meses trabajados. Otros, directamente, cansados del mal pasar y los maltratos que experimentaban en sus organismos de origen, no dudaron en darle curso sindical a la cuestión ante el silencio y las ambigüedades de los directores de línea y colaboradores de Juan Pablo Becerra que no dieron la cara y solicitan cumplimiento de horarios y tareas como si nada sucediese.

Fuentes cercanas al conflicto comentan que la única respuesta que recibieron los empleados es que si existía una ley vinculante esta también se presumía conocida por ellos, desplazando con ese argumento este desbarajuste de responsabilidad, haciendo vivir con culpa la irregularidad cometida por los altos funcionarios, para ir a la solución más fácil: que el problema se resuelva por decantación y que los empleados se vayan yendo.

El conflicto se agravó aún más ni bien los mismos empleados que consultaron sobre el problema a la subsecretaria de Capital Humano se enteraron que el Centro de Atención Telefónica o “CAT” no tiene una estructura aprobada y que estos empleados serían colocados revistando en otras direcciones provinciales de Becerra, lo cual los hace volver a sentirse en situaciones precarias que hieren la ilusión de recomponer su dignidad y realidad laboral.

Ante este panorama no son pocas las dependencias del propio ministerio de jefatura de Gabinete de Ministros que se sienten preocupadas por los expedientes de la subsecretaría de Atención Ciudadana y las distintas iniciativas en curso, ya que todas adolecen de una notoria falta de planificación y de pisada firme en el gobierno bonaerense, llegándose en algunos casos -según fuentes consultadas de la dirección Técnico Administrativa-, a asignar más de una persona para supervisar hasta el último punto de cada uno porque generalmente todos encierran alguna problemática que obstruye los circuitos administrativos y exponen políticamente al ministerio.

Es así que, en las últimas horas, la subsecretaría de Capital Humano consultaría con mayor detalle y exhaustividad otras iniciativas de Becerra a la dirección provincial de Relaciones Laborales, ya que la subsecretaría de Atención Ciudadana estaría repitiendo este mismo error en el proyecto Estaciones de Trámite -que pretendía generar ahorros y terminó siendo más costosa para la provincia-, liderado por la directora provincial Margarita Cejas y su más íntima colaboradora política, Carla Giorno.

Por lo visto, en la subsecretaria de Atención Ciudadana no todo lo que reluce es oro y la falta de planificación dejó de ser un problema de relación con la burocracia gubernamental, para poner en evidencia un absoluto desconocimiento e improvisación que hoy tienen como cautivos a los empleados públicos que creyeron en la palabra de Becerra. (www.REALPOLITIK.com.ar)


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Juan Pablo Becerra

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