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23 de marzo de 2019 | Historia

Una lucha que no cesa

Las mujeres y el duro tránsito hacia la igualdad 

En la madrugada del jueves 24 de noviembre de 2016, la Cámara de Diputados de la Nación convirtió en ley la paridad de género, que garantiza la representación igualitaria (50 y 50) de hombres y mujeres en los cargos legislativos electivos. 

HORACIO DELGUY

por:
Alberto Lettieri

La sorpresa radicó no en la sanción en sí, sino en la oportunidad de su votación, fuera del orden del día y doblegando la tenue resistencia del oficialismo.

La ley, finalmente, se aprobó sin debate, con 168 votos a favor, 4 en contra (3 de legisladores de Cambiemos y otro del Frente de Izquierda) y 1 abstención, curiosamente de una legisladora del Frente Cívico de Santiago del Estero. 

La decisión del Congreso Nacional vino a coronar un largo camino de lucha por la paridad de géneros que se extiende por más de dos siglos a escala planetaria. En efecto, si bien los estudios nos demuestran de manera concluyente que las mujeres desempeñaron funciones muy diversas, reñidas a menudo con el estereotipo social predominante (fueron guerreras y sacerdotisas, condujeron estados y ejércitos, espías y hasta sicarias), su participación en la política moderna se limitó a menudo a los ámbitos de debate privado en los que se tomaban decisiones de alto impacto público -recordemos, por ejemplo, en nuestro país, las célebres tertulias organizadas por Mariquita Sánchez

Por cierto que no faltaron reclamos ni incipientes movimientos de protesta a favor del reconocimiento de derechos equivalentes a la mujer en occidente desde fines del siglo XVIII, expuestos a sanciones de todo tipo, que incluyeron diversas formas de violencia psicológica y física, y hasta la cárcel por alteración del orden público. Fuera de occidente, tales reclamos constituían en utopías inimaginables, y en muchos lugares, lamentablemente, la situación no ha variado esencialmente hasta el presente. 

Durante mucho tiempo, los reclamos sobre la paridad de derechos tuvieron su eje en la demanda de acceso al voto, considerado como la llave que permitiría abrir las puertas a nuevas demandas. Así fue que aparecieron diversas Asociaciones de Mujeres Sufragistas, que exigían enérgicamente el sufragio "igual" (supresión de las diferencias de género), aunque no "universal" (es decir, excluyendo las discriminaciones que tenían como fundamento a las "razas" o etnias). 

Un breve repaso sobre los primeros avances en materia del voto femenino nos remiten a 1776 en Nueva Jersey, donde fue aprobado de manera accidental, para ser abolido unos años más tarde, en 1807. Otro antecedente excepcional puede rastrearse en 1838 en el dominio británico de las Islas Pitcaim. Sin embargo, los avances efectivos y más generalizados recién comenzarían a concretarse a partir de la segunda mitad del siglo XIX: Australia del Sur (1861), el Estado de Wyoming (1869) en los EE.UU. -donde se aprobó el sufragio "igual", pero no "universal"-, Nueva Zelanda (1893). En un principio las mujeres sólo obtuvieron un sufragio "activo" y no "pasivo" -es decir, se les permitía votar pero no ser votadas-, hasta que finalmente en 1894, en Australia del Sur, se reconoció su derecho a presentar candidaturas en elecciones legislativas. 

En Europa el proceso tendría cierto retraso, ya que habría que esperar hasta 1907 para la aprobación del voto femenino en Finlandia, decisión que se replicaría poco después en Noruega y Suecia. En España recién las mujeres accederían en 1931, en tiempos de la república, aunque por poco tiempo, ya que la dictadura de Francisco Franco anuló el ejercicio del sufragio libre, para ser restituido a partir de 1976, tras la muerte del generalísimo. 

No me propongo realizar aquí una cronología minuciosa de la extensión del sufragio, sino destacar algunos de sus hitos principales. En los EE.UU., por ejemplo, habría que esperar hasta 1920 para que la decimonovena enmienda de la constitución estipulase que "no podrá negarse a un ciudadano el derecho de voto a causa de su sexo". 

En nuestro país, la lucha por la paridad de derechos se inició a principios del siglo XX. Las primeras luchadoras fueron socialistas y anarquistas, entre las que se destacaron Elvira Dellepiane de Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau de Justo, fundadoras de incipientes Asociaciones de Sufragistas al estilo europeo. La doctora Julieta Lanteri plantó el primer mojón en la lucha al conseguir que un juez nacional le reconociera sus derechos de ciudadanía, en 1910. En 1911 fue empadronada y 26 de noviembre de ese año ejerció su derecho a sufragio, convirtiéndose en la primera iberoamericana en hacerlo. Y hasta intentó ir más allá, aunque sin éxito, al presentarse como candidata a diputada nacional en 1919. En este mismo año, el diputado radical por la UCR Rogelio Araya presentó el primer proyecto de ley reconociendo el voto femenino.

El camino no fue sencillo. En 1927, tanto la República Oriental del Uruguay como San Juan se convirtieron en los primeros escenarios latinoamericanos en consagrar el sufragio femenino, aunque en el caso de la provincia cuyana ese avance sería suprimido por el golpe de estado de 1930. 

Las sufragistas socialistas y radicales, de todos modos, no se dieron por vencidas y continuaron con sus activas demandas, aunque sería finalmente Eva Duarte de Perón, a partir del 27 de febrero de 1946 -sólo tres días después de las elecciones que llevaron a la presidencia nacional a su marido, el general Juan Domingo Perón, quien anunciaría la ofensiva final con un enérgico discurso: “La mujer argentina ha superado el período de las tutorías civiles. La mujer debe afirmar su acción, la mujer debe votar (…)”. 

El proyecto de ley respectivo debió esperar casi un año para su sanción. Finalmente, el 9 de septiembre de 1947, la ley 13.010, estableció la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres y el sufragio universal en la Argentina. La nueva ley se aplicó por primera vez en las elecciones del 11 de noviembre de 1951, oportunidad en la que fueron elegidas las primeras 23 legisladoras argentinas, todas pertenecientes al Partido Justicialista. Las demás fuerzas políticas desistieron de incluir candidaturas femeninas. 

En 1948, la ONU proclamó en el artículo 21 de la Declaración Universal de los DD.HH. que “toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos”.

En 1952, la Convención de Derechos Políticos de la Mujer amplió el concepto, al proclamar que: “Las mujeres tendrán derecho a votar en todas las elecciones en igualdad de condiciones con los hombres, sin discriminación alguna”. Esta decisión entraría en vigencia el 7 de julio de 1954. 

El avance de la paridad de derechos la mujer avanzó aceleradamente en la mayor parte del planeta a partir de entonces. En nuestro país, la ley 24.012 de Cupo Femenino, sancionada el 6 de noviembre de 1991, durante la presidencia de Carlos Menem, apuntó a garantizar la presencia de al menos un tercio de legisladoras en el parlamento nacional, y constituye el antecedente inmediato de la decisión legislativa de la representación igualitaria.

Si bien los avances logrados son el merecido fruto a una larga lucha en pos de la paridad de género, aún queda mucho trayecto por recorrer. Millones de mujeres a lo largo del planeta sufren discriminaciones y están privadas del acceso a la tierra, la propiedad y la vivienda, perciben salarios inferiores a los masculinos por el desempeño de tareas similares y todavía encuentran dificultades para acceder a puestos jerárquicos, sufriendo a menudo situaciones de discriminación y acoso en diversos ámbitos sociales y laborales. La violencia de género afecta al menos a un 30 por ciento de la población femenina a escala mundial, y en amplias regiones son negados sus derechos a la salud sexual y reproductiva. Esta lista de demandas pendientes podría ampliarse extensamente, pero sirve como indicador de algunas de las asignaturas pendientes en la empresa de construir una sociedad pluralista e igualitaria. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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