Denuncian a Roberto Canay, subsecretario de SEDRONAR, ante la Oficina Anticorrupción

Sucede que el subsecretario de Estrategias de Prevención y Tratamiento de la SEDRONAR había omitido informar en su última declaración jurada patrimonial integral que su cónyuge, Mariana Inés Maiztegui, es vicepresidenta de Mental Health Management SA, una consultora fundada en octubre del 2017, especializada en la misma temática en la cual Canay desenvuelve sus funciones públicas desde hace años: la salud mental y las adicciones. Como agravante, Mental Health también figura como proveedora del estado, lo cual hace pensar en un posible tráfico de influencias.

La investigación de REALPOLITIK vio la luz el 24 de diciembre del 2018, en vísperas de Navidad. Dos semanas después, el 8 de enero del 2019, y según consta en la nota NO-2019-01346202-APN-DGP#SEDRONAR a la que este medio tuvo acceso, el subsecretario Canay se apuró a presentar ante la Oficina Anticorrupción el formulario F1246 (anexo reservado - cónyuge, conviviente y/o hijos menores no emancipados).

Resulta bastante llamativo que con inmediata posterioridad a la publicación de nuestra la nota, el funcionario haya procedido a cumplimentar, fuera de término (tenía plazo hasta el 31 de agosto del 2018 para hacerlo), la documentación faltante en su declaración jurada patrimonial 2017 (casualmente, el formulario que refiere a los datos personales, laborales y patrimoniales de Mariana Inés Maiztegui y los vínculos con Mental Health).

Al margen de la obligación de pesquisar los posible negociados que Canay podría haber establecido teniendo a su mujer como titular de una sociedad anónima vinculada a la salud mental (más aún con el antecedente de Fundación Convivir y su sociedad con Mercedes Aranguren de Vásquez como mejor pantalla), ya existe una presentación ante la Oficina Anticorrupción de fines de enero de este año, para que se indague si la “omisión” del subsecretario de Estrategias de Prevención y Tratamiento encuadraría bajo la conducta descripta en el artículo 39 de la ley 25.188 de “ética en el ejercicio de la función pública”.

¿Qué dice este artículo? Que será reprimido con prisión de quince días a dos años e inhabilitación especial perpetua el que, en razón de su cargo, estuviere obligado por ley a presentar una declaración jurada patrimonial y omitiere maliciosamente hacerlo. El delito se configurará cuando mediando notificación fehaciente de la intimación respectiva, el sujeto obligado no hubiere dado cumplimiento a los deberes aludidos dentro de los plazos que fije la ley cuya aplicación corresponda.

Luego de la investigación de REALPOLITIK, hay algo de lo que no quedan dudas. El subsecretario Canay omitió presentar en tiempo y forma el formulario F1246 (anexo reservado - cónyuge, conviviente y/o hijos menores no emancipados) en el que hubieran quedado en evidencia sus vínculos con Mental Health. 

Si no hubiéramos publicado el artículo periodístico poniendo en evidencia el tráfico de influencias, ¿la hubiera presentado?. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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