Quién es Sergio Torres, el hombre elegido por Vidal para integrar la Suprema Corte

Asumió como titular del juzgado Federal Nro. 12 en octubre de 2001, a pesar de haber quedado tercero en la terna. A diferencia de la currícula de la mayoría de los jueces federales –que entran “en un viejo boleto de colectivo”, como relata un prestigioso letrado- ejerció la docencia en la UBA y también dictó clases en la UADE y en Lomas de Zamora. En la misma realizó su especialización en derecho penal y criminología.

Varias personas escucharon a la actual fiscal Cristina Caamaño –ex vice ministra de Nilda Garré en el ministerio nacional de la Seguridad- afirmar en distintas ocasiones hace unos años, en referencia a Sergio Torres: “Es de los nuestros”.  El 11 de agosto de 2011, El Ojo Digital tituló: “El juez jederal kirchnerista Sergio Torres resolvió decretar preventivamente el bloqueo por parte de los proveedores locales de servicios de internet, el acceso a los sitios web www.leakymails.com y www.leakymails.blogspot.com”.

Asimismo, el supuesto kirchnerismo de su señoría, queda también denotado por cuanto el ex juez supremo Raúl Zaffaroni, prologó dos trabajos de su autoría y ambos dirigieron el doctorado en ciencias jurídicas de la Universidad de La Matanza

En una sentencia sumamente cuestionada, en el 2008 Torres envió a juicio oral al ex ministro de Justicia, Gustavo Béliz, por haber mostrado en televisión una foto del ex espía Antonio Stiuso. Todo en el marco de una persecución que obligó a Béliz a exiliarse.

Pero el tiempo pasa y los panqueques se dan vuelta, de manera que un supuesto kirchnerista, alegremente luego puede aparecer favoreciendo al macrismo. “El juez federal Sergio Torres procesó hoy por ‘incitación a la discriminación’ y embargó por 15 mil pesos al diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, a raíz de haber vinculado a su par Waldo Wolff con el servicio de inteligencia israelí Mossad”, afirmó el 11 septiembre de 2018 el portal NotiAr.

Conforme informaba Infobae: “El juez federal Sergio Torres archivó parte de la causa judicial relacionada con Avianca, en la que está imputado el presidente Mauricio Macri, por ‘inexistencia de delito’. La empresa de bandera colombiana es controlada por el mismo fondo de inversión, que bajo la firma Avian, compró en 2016 la compañía de la familia Macri MacAir”. Esta empresa se vio favorecida por el gobierno nacional, con la adjudicación de dieciséis rutas aéreas. En la causa, también estaba imputado el vicejefe de Gabinete Mario Quintana, por la supuesta vinculación con la empresa Flybondi, que también, obtuvo rutas aéreas por parte del gobierno. El juez Torres “analizó” la venta de las acciones de la empresa de los Macri a la empresa Avian, y “comprobó que cuando la nueva línea aérea se presentó para pedir las rutas ante el ministerio de Transporte, las acciones no estaban en poder de los Macri”. Para el juez no hubo incompatibilidades, y la venta de la empresa no fue simulada ni se hizo a un precio vil. Semejante bochorno, aparentemente se basó en un informe de la graciosa Oficina Anticorrupción: “No se configuraban situaciones que hicieran suponer un conflicto de intereses, al momento en que Avian Líneas Aéreas SA solicitara las rutas aéreas”. Seguramente esto originará otra de las denuncias por eventuales encubrimientos de parte de dicho organismo.

Conforme nos informara Perfil: “Desde el juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 12 afirmaron que el intendente de Vicente López Jorge Macri, no está imputado en la causa, en la cual se investiga la firma de un contrato del municipio que conduce, Vicente López, con una empresa montada por un cartel de narcotráfico colombiano, International Trade and Comerce SA (ITC)”.  “En uno de los documentos, un comodato ‘por 90 días’ firmado el 1 de junio de 2012 por el colombiano Carlos Yorelmy Duarte Díaz —entonces presidente de ITC, hoy prófugo de la causa Narco Arroz— la municipalidad y la empresa, acordaban el préstamo de quince luminarias para vía pública”. Así lo revela el libro “Radiografía de la Corrupción Pro”, de Julián Maradeo e Ignacio Damiani: “Se deduce que las luminarias prestadas fueron el paso previo a la compra, ya que también había una factura tipo B por 203.193,27 pesos”. El fiscal federal Federico Delgado había solicitado, sin mucho éxito, como casi siempre a pesar de su destacada labor, que se incorporaran los nuevos documentos difundidos en el libro a la causa judicial conocida como “Narco Arroz”.

Luego de estos capítulos de la novela Panquequeando, y no obstante todo lo mencionado, las investigaciones realizadas en el juzgado Federal Nro. 12 más cuestionadas, sin dudas tienen que ver con las temáticas de narcotráfico y corrupción policial. Vale la pena tener en cuenta dos botones de muestra.

En el año 2012, se realizó una profunda investigación sobre delitos policiales de jefes e integrantes de la comisaría 28, con unos 150 cohechos distintos, muchos de los cuales tenían que ver con protección a narcotraficantes y coimas realizadas a comerciantes, para que no volvieran a sufrir robos. Dichos delitos deberían haber imputado a los tres primeros jefes, y a los delincuentes que operaban en la brigada de la comisaría, máxime cuando estaban todos identificados. Conforme informara el ministerio de la Seguridad de la Nación, de parte de la oficina a cargo de Cristina Caamaño: “Investiga el juzgado federal Nro. 12 Torres, secretaría Nro. 24 Iglesias. Causa 2594 / 2012”, a los pocos meses graciosamente archivada por Torres “por inexistencia de delito”. En segundo término, los mismos juzgado y secretaría, investigaron cuatro “cuevas de venta de drogas y sexo dominicanas” ubicadas en Santiago del Estero 1422/4/6/8, en las cuales incluso se había cometido un asesinato. Se allanaron las mismas o bien se simuló allanarlas, con policías federales a pesar que las denuncias, detallaban el cobro de coimas de efectivos de la comisaría 16. Por supuesto todo terminó con un par de perejiles detenidos y, hasta donde pudo saberse, sin ninguna condena. Las cuatro cuevas se encuentran aún en operaciones, una muestra más de la protección policial, judicial y política.

El inventario de despropósitos de las investigaciones del juzgado de Torres podría seguir durante varias hojas. En buena parte de los mismos actuó el secretario Diego Iglesias, aparentemente ayudante de cátedra de su señoría. Amigos son los amigos, a pesar de todos estos dislates, luego Iglesias fue nombrado al frente de Procunar, o sea la entelequia inoperante de procuración de Narcocriminalidad.

Pero la currícula del señor Torres y también en buena medida la del señor Iglesias, tiene una gran frutilla del postre: la causa 11882/2010 de infracciones a la ley 23737 de estupefacientes. La “investigación” terminó llevando a juicio oral a una veintena de narcotraficantes de nacionalidad peruana, buena parte de los mismos con condenas irrisorias de entre dos años y medio y cuatro años. En ningún momento el juzgado citó a quienes habían investigado tanto en Argentina como en Perú, al cartel que produce cocaína en el Bajo Flores, como tampoco al autor del libro “Laboratorios de Cocaína en la Ciudad de Buenos Aires”.

Por supuesto que los funcionarios judiciales no quisieron enterarse de la existencia de quince laboratorios, ni de un territorio liberado peruano de unas quince manzanas. Todos estos “buenos muchachos peruanos” fueron premiados con sus ridículas condenas, y chochos de la vida y a festejar, gracias a la mentira de la guerra contra las drogas o, como la define este gobierno, la lucha contra el narcotráfico.

En síntesis, esta es la gran currícula de Sergio Torres, merced a la cual la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, está por nombrarlo integrante de la Suprema Corte bonaerense.

Como decía Tato Bores: “Vermú, papas fritas y good show”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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