Las clases propietarias argentinas y su sueño de un voto calificado 

En efecto, el reparto de votos y consideraciones para algunos, y coacción, cárcel, la frontera y la muerte para las grandes mayorías populares fue el preferido por los fundadores del Partido Unitario, que ya en 1815 sancionaron la ley de Vagancia para terminar con la protesta social de los sectores populares hambreados por los exportadores de carne. 

El 14 de diciembre de 1810, Mariano Moreno, reconocido agente británico, respondía a una consulta sobre quienes debían ser admitidos en las fiestas y celebraciones públicas, señalando que sólo se permitiría el ingreso de la "gente decente", para luego aclarar: "Se reputará decente toda persona blanca que se presente vestida de fraque y levita".

En la convención constituyente de 1826, Bernardino Rivadavia y sus secuaces sostuvieron una cláusula que proclamaba el voto calificado, privando de su ejercicio a los domésticos, soldados de línea, peones y jornaleros, es decir, de los protagonistas de las luchas por la independencia, y también negaba el derecho de voto a los menores de veinte años, a los analfabetos, a los deudores fallidos, deudores del tesoro público, a los dementes, a los notoriamente vagos, criminales con pena corporal o infamante. 

A esta iniciativa se opuso enfáticamente Manuel Dorrego, quien sostuvo la sanción del sufragio universal, argumentando que la iniciativa de los unitarios "forja una aristocracia, la más terrible porque es la aristocracia del dinero. Échese la vista sobre nuestro país pobre, véase qué proporción hay entre domésticos asalariados y jornaleros y las demás clases del estado (…). Entonces sí que sería fácil influir en las elecciones, porque no es fácil influir en la generalidad de la masa, pero sí en una corta porción de capitalistas; y en ese caso, hablemos claro, el que formaría la elección sería el Banco, porque apenas hay comerciantes que no tengan giro con el Banco, y entonces sería el Banco el que ganaría las elecciones, porque él tiene relación en todas las provincias".

Las cosas no quedaron allí. En 1828 los unitarios trataron de dar un marco de cierta legitimidad a su decisión de deponer y asesinar a Manuel Dorrego, por lo que previamente montaron una farsa frente a la capilla de San Roque, convocando a elecciones con sufragio calificado y a mano alzada, en flagrante oposición con la ley Electoral provincial de 1821, que sostenía un sufragio prácticamente universal. Agüero fue designado "presidente del acto electoral", y se exigió que los votantes estarían habilitados una vez cumplido el requisito de tener galera o sombrero de copa, lo que naturalmente excluía a los sectores populares. De este modo, afirma nuestra historia oficial, Lavalle fue designado gobernador "por la estricta voluntad popular", de los que cubrían sus cabezas con costos apéndices…

UN VOTO CALIFICADO DE HECHO

Durante la Confederación Argentina liderada por Juan Manuel de Rosas, el sufragio universal fue una realidad tangible, realizándose las elecciones en tiempo y forma con llamativa asistencia popular. Sin embargo, tras su caída, el liberalismo oligárquico, siempre desconfiado de la voluntad popular y resistidos con razones más que justificadas por el pueblo, recurrieron al ejercicio sistemático del fraude electoral para imponer a sus candidatos y convertir a la cosa pública en competencia de una minoría calificada.

Ya en las elecciones del 11 de abril de 1852, a menos de dos meses de la caída de Rosas: "El señor Bartolomé Mitre, nuestro compañero político -recordaba Héctor Varela-, poniéndose al frente de las necesidades supremas de aquel momento solemne, comprendiendo la necesidad de vencer a Urquiza en los comicios, desenterró los muertos del cementerio, llevó sus nombres a los registros y venció a Urquiza en la contienda electoral, sin que a nadie se le ocurriese entonces ni después, en nombre de eso que se ha llamado aquí la pureza del sufragio, a espantarse ante la aparición de los muertos que venían a dar vida a las instituciones y la libertad amenazadas”.

A partir de entonces, si bien no faltaron los nostálgicos promotores de un voto calificado, en la práctica el liberalismo argentino prefirió mantener la ficción del sufragio universal, para violarlo sistemáticamente recurriendo al fraude o la proscripción de los sectores populares o del partido popular. Tal fue el caso, por ejemplo, de la denominada Década Infame, que se extiende entre 1930 y 1943, o bien los 18 años de proscripción del peronismo, entre 1955 y 1973. En ocasiones, incluso esa selecta oligarquía civilizada y que olía a perfume francés y libras esterlinas optó directamente por la supresión del sistema electoral recurriendo a dictaduras cìvico - militares que resolvían el trámite sin tomarse la incómoda tarea de fabricar resultados electorales artificiales.

En sus Apuntes para la Militancia, escritos en 1964, John William Cooke diferenciaba la estrategia de los unitarios rivadavianos, que abogaban por el sufragio calificado y la exclusión popular, de la oligarquía de su época, que pretendía aplicar el "mismo principio proscriptivo aunque no tiene la valentía de sostenerlo como doctrina”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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