​​​​​​​ARBA le declaró la guerra a los matarifes 

En la provincia de Buenos Aires, la cadena agropecuaria mira cada vez más de reojo al gobierno en materia de presión tributaria. La voracidad fiscal de la gestión de María Eugenia Vidal  parece no tener fin y de acuerdo a estudios privados, en el caso de la producción de granos el porcentaje es el más elevado a nivel nacional, con un 63,2 por ciento, según a un informe elaborado por la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA).

La intransigencia de ARBA con los productores agropecuarios bonaerenses no es novedad. En los dos últimos años, los ruralistas de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP) chocaron una y otra vez contra una pared al momento de reclamar por los fuertes incrementos en el impuesto inmobiliario rural. 

Pero esta férrea postura se extiende a toda la cadena agroindustrial. En las últimas semanas, ha cobrado visibilidad un nuevo frente del ente recaudador, pero esta vez con un sector de la cadena de la carne bovina. 

En el marco de la transparencia comercial impulsada por el gobierno nacional para la industria frigorífica de este sector, los matarifes mantienen una fuerte disputa con ARBA por el cobro de ingresos brutos a las carnicerías. El nudo del problema son las carnicerías que no están inscriptas, sobre todo en la zona del Gran Buenos Aires. 

Ante esta situación, el organismo encabezado por Gastón Fossati pretende que los matarifes cobren IIBB a los carniceros. Tras una ardua discusión, el año pasado se acordó que el porcentaje sería de 1,75 por ciento a todos los puntos de venta, con papeles en regla o no. No era la medida ideal, pero constituía un punto de partida para que las carnicerías -en su mayoría monotributistas- empezaran a tributar un monto más acorde a su actividad. 

Si bien no hay una cifra exacta de carnicerías en la provincia, es estiman que podrían ser entre 50 y 60 mil. Para tomar una real dimensión del problema impositivo que existe en este rubro, hay registrados cerca de 8 mil establecimientos. De esta manera, ARBA busca que los matarifes se conviertan en agentes de percepción y cobren ingresos brutos a los carniceros.

Esta situación genera un enorme malestar entre los matarifes, que entienden que la facultad de hacer cumplir pagos de impuestos corresponde al estado y no a los privados. Pero con el acuerdo antes mencionado de esta especie de “tarifa plana” de 1,75 por ciento de IIBB, se había llegado a un acuerdo. 

Esta especie de “pax tributaria” se rompió en mil pedazos hace unos pocos días: distintos matarifes empezaron a recibir multas de hasta 8 millones de pesos por no haber liquidado IIBB entre los meses de enero y marzo de 2018. Por el lado de ARBA, aducen que la medida regía desde enero, para los matarifes desde abril. Esta situación rebasó el vaso y desde la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores (CAMyA) visibilizaron su enojo con el ente recaudador. 

En un duro comunicado denunciaron “la actitud intransigente de ARBA, que aplica sanciones, en base a normativas que lo único que logran es mayor informalidad, aumento de la evasión y de los precios de la carne”. 

Los matarifes entienden que esta situación puede sacarlos de la cancha y su mayor frustración es que su patrimonio peligra por obligaciones ajenas. En un contexto de caída en el consumo de carne bovina, los matarifes remarcaron que “la intransigencia y comodidad de ARBA, que elige el camino fácil de obligar a los inscriptos, no hace más que retroceder en los avances logrados y volver a colocar a la cadena en una situación de tensión”.

De persistir esta situación, los matarifes adelantaron que están evaluando medidas de fuerza. Una vez más, la voracidad fiscal del gobierno bonaerense genera fuertes chispazos con la cadena agroindustrial.  (www.REALPOLITIK.com.ar)

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