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26 de abril de 2019 | Cultura

Exclusivo REALPOLITIK

Documentos secretos: El espionaje al entorno de Walter Bulacio

Se cumple otro aniversario de la muerte del joven a manos de la policía y REALPOLITIK revela archivos de inteligencia que confirman el hostigamiento de los servicios a quienes pedían justicia.

HORACIO DELGUY

por:
Juan Provéndola

La muerte de Walter Bulacio, ocurrida el 26 de abril de 1991 luego de que la policía lo detuviera seis días después en la entrada de un show de Los Redonditos de Ricota, despertó automáticamente numerosas marchas y protesta en todo el país. Pero las responsabilidades no se agotaban únicamente en los efectivos policiales que golpearon a Bulacio hasta matarlo, sino que también alcanzan a los organismos de inteligencia que contribuyeron al encubrimiento del hecho. Conscientes de esto último, los servicios de espionaje no ahorraron diligencias para perseguir y hostigar a quienes que reclamaban justicia por Walter.

Por eso es que desde los organismos de inteligencia se dispusieron numerosas tareas para seguir de cerca toda actividad pública tendiente a visibilizar la culpabilidad de la policía en el hecho. En particular la de la Federal, bajo la órbita de la cual se encontraban los efectivos de la comisaría 35 de Buenos Aires que detuvieron y ultimaron a Bulacio a golpes, según revelaron las pericias forenses.

Pero como los reclamos no se efectuaban solamente en el ámbito de la Capital Federal, fue necesaria la tarea mancomunada de todas las dependencias de espionaje que operaban sobre los territorios en los cuales se producían movilizaciones. Y allí, naturalmente, entró en juego la dirección de Inteligencia de la Policía de la provincia de Buenos Aires para escrutar todo lo que sucedía en territorio bonaerense.

Una muestra de ello es el informe que la DIPPBA generó el 7 de junio de 1991 bajo el título de “Marchas del silencio – panfletos”. En ese documento, la dirección de Inteligencia bonaerense manifiesta una evidente inquietud por la participación de espacios políticos en las acciones de protestas luego de la “aparición de distintos libelos refrendados por la Juventud Socialista - MAS en el ámbito educativo provincial en relación a los casos María Soledad Morales (N: joven de Catamarca violada y asesinada el 8 de septiembre de 1990 por personas vinculadas al poder de aquella provincia) y Walter Bulacio, y en los cuales se hace mención a la formación de una comisión investigadora formada por parlamentarios, familiares, compañeros, personalidades y estudiantes vinculados con los antes mencionados”.

Por ese motivo, la DIPPBA le solicita a todas las dependencias zonales del organismo que estén atentos a la “aparición de estos panfletos en la jurisdicción (lugar, fecha y cantidad)”, la “repercusión de los mismos en el espectro educativo (secundario y/o universitario)” y las “posibles derivaciones”.

La misión encomendada tenía tan sólo cuatro días de duración, lo cual obligó a intensificar las tareas durante el breve lapso otorgado. Al término del mismo, la jefatura central recibió como respuesta un profuso informe en el que se brindan detalles y una claridad conceptual que no duda en vincular a los movilizados con otros fines: luego de anticipar que los volantes de la polémica “serán distribuidos en todos los centros de estudiantes, tanto secundarios como universitarios; así como también en villas y barrios carenciados de Capital y el Gran Buenos Aires”, el documento infiere que para la marcha organizada para el 23 de abril de 1993 desde el Congreso de la Nación hasta plaza de Mayo no participarán únicamente “cuadros militantes”, sino también “una cantidad importante de jóvenes habitantes de villas de emergencia del conurbano bonaerense, en su mayoría no politizados pero sí estrechamente vinculados a delitos comunes, los que ya están siendo convocados por los punteros de las organizaciones políticas, ya que la finalidad de la marcha y movilización es la de ‘juntarse a putear a la yuta asesina’, para lo cual ofrecen medios de locomoción gratis, sandwichs y bebidas”. 

Los pedidos de justicia por Walter Bulacio siguieron efectuándose varios meses después de su muerte, y con ellos también se extendieron la preocupación y la consecuente vigilancia de los organismos de inteligencia, entre ellos la DIPPBA, ya que las acciones también encontraron fuerte eco en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.

Un documento del 27 de enero de 1992 que llevaba por nombre el de “Panfletos críticos hacia el accionar policial” detalla la aparición de volantes que la DIPPBA atribuye a “una supuesta organización denominada ANARQUÍA (SIC), cuyo logo es una letra ‘A’ encerrada en un círculo generalmente de color rojo que ya ha aparecido en varias pintadas efectuadas en diversas zonas de La Plata desde hace largo tiempo”.

El informe transcribe el contenido de los panfletos y subraya dos líneas: aquella que dice “Policía, más que una profesión: asesino” y otra que sostiene que “la yuta mata, la indiferencia también; cualquiera puede ser Walter Bulacio; el poder que ellos tienen es el que nosotros les damos, no deleguemos nuestra soberanía”.

En otro párrafo, el citado memo de la DIPPBA hace una particular lectura de lo que le sucedió a Bulacio, según el cual el joven debió ser internado en el sanatorio Mitre porque “comenzó a sentir mareas y cefaleas”, aunque sin explicar debidamente qué fue lo que había ocasionado estas molestias que lo condujeron al deceso. Pero lejos de ser una omisión involuntaria, el informe luego sostiene que “las circunstancias particulares en las que ocurriera el fallecimiento dieron lugar a la utilización parcializada del hecho por parte de los medios de comunicación, los cuales en un principio publicaron extensos artículos adjudicando en algunos casos la responsabilidad de la muerte al desempeño policial en la oportunidad”.

No obstante estas observaciones, la DIPPBA se encarga de resaltar en las líneas finales del informe que la detención y posterior muerte de Bulacio se produjeron en el marco de un operativo de la Policía Federal, y no de la Bonaerense a la que este organismo de inteligencia reportaba, por lo que no oculta su sorpresa al entender que en estos panfletos vigilados “se involucra también a esta institución policial (N: la Bonaerense), en virtud de captar la atención del lector ante el término generalizador ‘Policía’”.

La causa judicial por el asesinato de Walter Bulacio deambuló por distintos juzgados de instrucción, cámaras de apelaciones y la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación, aunque sin ninguna resolución favorable al esclarecimiento del hecho. Por eso las marchas y movilizaciones continuaron incluso años más tarde, como por ejemplo ocurrió el 23 de abril de 1993, poco después de un nuevo aniversario de la muerte del joven.

Un espía infiltrado en esa marcha que procesó desde el Congreso de la Nación hasta la plaza de Mayo dejó asentado en un informe secreto las exposiciones que los distintos oradores realizaron en el escenario montado sobre la calle Balcarce, frente a la Casa Rosada. Curiosamente, el agente abocado a esa misión no logró averiguar el nombre de la primera disertante, de quien sólo pudo decir que se trataba de “una estudiante con una alta voz que no se identificó”, evidenciando una llamativa inutilidad para lograr un cometido esencial en la tarea de cualquier espía: conocer la información básica de quien se vigila.

Sí, en cambio, el efectivo logró precisar a la persona encargada de cerrar el acto. Se trataba de la madre de Bulacio, dato que el agente averiguó simplemente porque la mujer se presentó como tal ante el micrófono del escenario. Lo único que el espía consideró relevante consignar de su alocución fue una expresión desahuciada y dolorosa: “Esta mujer manifestó que le había mandado dos cartas al presidente (N: Carlos Menem) y, entre llantos, dijo que no había tenido respuesta alguna a sus reclamos”. 

Sólo la persistente lucha de familiares y allegados a Walter Bulacio impidió que la causa agonizara, logrando que en 2004 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenada la reapertura de la misma. Gracias a esa acción, el Tribunal Oral en lo Criminal 29 de Capital debió llamar a un juicio oral y público para finalmente condenar en 2013 a Miguel Ángel Espósito, comisario de la seccional 35 y jefe del operativo que acabó con la vida de Bulacio, aunque no por la muerte del joven sino tan sólo por “privación ilegal de la libertad”. La sentencia judicial, en suspenso, le permitió a Espósito eludir la prisión, aunque permanece por siempre una pena imposible de soslayar, la social. Aquella que, tal como reza un divulgado cántico entre las marchas e incluso recitales de rock, declama: “Yo sabía, yo sabía: a Bulacio lo mató la policía”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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