El significado del 1 de mayo y el movimiento obrero argentino 

La izquierda internacionalista lo considera como un día de lucha y de conmemoración de las víctimas de los obreros caídos a consecuencia de las brutales condiciones de explotación del sistema capitalista, en concordancia con la interpretación asignada originalmente a lo largo del mundo occidental. Esto es, el repudio del baño de sangre descargado por la policía de Chicago, el 1 de mayo de 1886, sobre una multitud de trabajadores que reclamaban por la ejecución, sin juicio previo, de ocho trabajadores presuntamente involucrados en la muerte de un policía durante una protesta anterior, a los que se denominó como los “mártires de Chicago”.

La otra mirada, sin dudas preponderante dentro de nuestra sociedad, es la que comenzó a ensayarse en vistas de los drásticos cambios en la situación de los trabajadores, como consecuencia de las políticas implementadas por el general Juan Domingo Perón, a partir de 1943. Con el respaldo y la promoción de los derechos sociales y laborales por parte del estado nacional, una actitud reformista y negociadora fue caracterizando al movimiento obrero, beneficiado con el reconocimiento de derechos fundamentales, como la estabilidad laboral, salarios dignos, políticas de vivienda, salud y educación, cobertura frente a situaciones tales como maternidad o accidentes de trabajo, aguinaldo y vacaciones pagas, jubilación generalizada, etcétera. 

De este modo, la jornada de lucha y masacre que anualmente afrontaba la clase obrera, con picos críticos en la masacre del 1 de mayo de 1909, cuando la Policía Federal, a las órdenes del coronel Ramón Falcón ejecutó a doce obreros anarquistas que participaban del acto conmemorativo, o bien las matanzas masivas de la semana trágica de 1919 o de la Patagonia, en 1921-1922, pasó a convertirse, con el advenimiento del peronismo, en un día festivo, de celebración popular, donde las familias obreras concurrían a las plazas públicas, con epicentro en la histórica plaza de Mayo, para disfrutar de una jornada de alegría y entretenimientos. 

Para marcar la diferencia entre las dos interpretaciones sobre el 1 de mayo, el peronismo pasó a denominar la celebración como “día del Trabajo”, resaltando así la cooperación entre capital y trabajo, y despojándolo de la matriz clasista que subyacía al término “día del Trabajador”, lo convirtió en feriado nacional y lo incorporó a las efemérides del movimiento nacional y popular en un papel protagónico, prácticamente a la par del mítico 17 de octubre.

Tanto las clases medias como la oligarquía, así como la militancia clasista, tradicionalmente enfrentadas en la lucha entre capital y trabajo, observaron con espanto cómo la dignidad de los trabajadores recibía tan alta estima de parte de la conducción del nuevo movimiento político. 

“Allí donde haya una necesidad, existe un derecho”, afirmaría Evita, para espanto tanto de las clases medias, que insistían en poner en duda la condición humana de los trabajadores, cuanto de las organizaciones y agrupaciones internacionalistas, que no se resignaban a aceptar el fracaso de su prédica tradicional como consecuencia de la satisfacción pacífica de las necesidades y postergaciones de los humildes por parte de la alianza entre estado y movimiento obrero. Por eso su condena común a la pretendida “dictadura de las alpargatas”. Por eso su espanto ante el crecimiento exponencial de la CGT, que pasó de contar con 80 mil afiliados en 1943, a 1.500.000 en 1947 y a 4 millones en 1955. Por eso el odio visceral ante el reconocimiento de los derechos laborales de los trabajadores rurales, a través de la sanción del Estatuto del Peón. Por eso el rechazo a la vigencia de la ley 14.250, de Convenios Colectivos de Trabajo, que ratificaba el protagonismo de los sindicatos, y consolidaba los derechos, el nivel de ingreso y las condiciones de vida de los trabajadores.

La constitución de 1949 incorporó el denominado Decálogo del Trabajador, en su artículo 37, que consignaba los derechos a trabajar, a una retribución justa, a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. Se ha llamado la atención sobre la ausencia del derecho de huelga dentro de este decálogo, lo que era respondido por las autoridades con el argumento de que en un gobierno popular, ese derecho debería estar acotado a situaciones extremas. O, en palabras de Evita: “El que le hace una huelga al peronismo es un carnero de la oligarquía”.

EL SINDICALISMO DE LA RESISTENCIA

Los partidos tradiconales (conservadores, UCR, socialista, y algunas expresiones provinciales) junto con las vertientes internacionalistas –Partido Comunista, minorias trotkistas-, que ya se habían alineado contra el movimiento nacional y popular en 1945, en la autodenominada Unión Democrática, exigieron y celebraron el fin de la democracia en nuestro país, de la mano del Partido Militar, nacido con el golpe de 1930. Todos ellos aplaudieron la intervención de la CGT y de los sindicatos “peronistas” por parte de la tiranía fusiladora, la privatización de empresas públicas, la desnacionalización de los depósitos bancarios, la virtual entrega del Banco Central a la banca privada. De una distribución prácticamente igualitaria de la renta nacional entre capital y trabajo, durante los dos primeros gobiernos de Perón, la participación de los trabajadores se desploma a su nivel más bajo de las últimas cuatro décadas durante la presidencia del radical Arturo Frondizi, en 1959. 

La tiranía fusiladora, y luego sus continuadores que acceden a la magistratura presidencial aprovechando la prohibición del justicialismo, intentan fragmentar y debilitar al sindicalismo, desmembrar los sindicatos por rama o actividad, multiplicar las centrales y federaciones y reprimir los reclamos y la lucha obrera. Una vez intervenida la CGT, los sindicatos se nuclean en el marco de dos centrales: las 62 Organizaciones Peronistas, y los autodenominados como 32 Gremios Democráticos (antiperonistas). 

Es justamente en el marco de la “resistencia peronista” a estas políticas que pretenden borrar todo rastro de las conquistas sociales del período 1943-1955, que surge una nueva generación de delegados de base y dirigentes sindicales, que constituyen la oposición más sólida a las políticas de ajuste y saqueo de la alianza dominante, y a su sueño de liquidar definitivamente al peronismo. Por algo Perón reconocería al sindicalismo como la “columna vertebral” del movimiento, más allá de las contradicciones y, en algunos casos, las oscuras negociaciones con las dictaduras de turno. 

Sería justamente la lucha obrera, este sindicalismo combativo el que marcara el territorio la reacción autoritaria y antipopular posterior a 1955, a través de iniciativas tales como los planes de lucha de 1963 a 1965, hasta el majestuoso cordobazo de 1969, que anunció el inicio del fin para el sueño monárquico del general Onganía y su “revolución argentina”. 

Durante los 18 años de interregno autoritario que significó la prohibición casi permanente del partido popular, no faltaron las contradicciones ni la violencia en la lucha obrera, ni tampoco al interior del movimiento obrero, en una sociedad donde esa violencia se había vuelto una práctica cotidiana, habida cuenta de la clausura de los mecanismos de participación democrática. Augusto Vandor, en 1969, y José Alonso, en 1970, fueron asesinados en represalia por sus conductas sinuosas, mientras que decenas de trabajadores y delegados fueron asesinados o encarcelados por su militancia y su compromiso con la causa popular. 

Entre 1968 y 1970, la CGT se dividió en dos. Ante el rechazo de la actitud negociadora de su secretario General, Augusto T. Vandor, hacia el régimen de Onganía, nació la CGT de los Argentinos, liderada por Raimundo Ongaro, que anunció en su discurso del 1 de mayo de 1968 su convocatoria a la “unidad nacional”. 

“...Nos pidieron que aguantáramos un invierno; hemos aguantado diez. Nos exigen que racionalicemos: así vamos perdiendo conquistas que obtuvieron nuestros abuelos... La clase obrera vive su hora más amarga. Convenios suprimidos, derecho de huelga anulado, gremios intervenidos, conquistas pisoteadas, personerías suspendidas, salarios congelados. El aplastamiento de la clase obrera va acompañado de la liquidación de la industria nacional, la entrega de todos los recursos, la sumisión a los organismos financieros internacionales…”.

“La CGT de los Argentinos no se considera única actora en el proceso que vive el país, no puede abstenerse de recoger las aspiraciones legítimas de los otros sectores de la comunidad, ni de convocarlos a una gran empresa común”. 

Es por esa razón que convoca a la “unidad nacional” con los “empresarios nacionales”, los “pequeños comerciantes e industriales”, los “universitarios” los “artistas, intelectuales y estudiantes”, los “militares” y los “religiosos de todas las creencias”, “para combatir de frente al imperialismo, los monopolios y el hambre”.

Un año después, el 29 de mayo de 1969, se produce el cordobazo. Obreros, estudiantes, amas de casa, las clases medias, todos expresan su repudio al autoritarismo y a las políticas de saqueo del patrimonio nacional implementadas por Onganía y su gurú económico, el economista Adalbert Krieger Vasena. Al día siguiente, un paro general obtiene adhesión total. La lucha se continúa en otras provincias: rosariazo, tucumanazo, mendozazo, vivorazo… La lucha armada suma nuevos elementos de inestabilidad a una alianza cívico-militar que se desgasta a paso acelerado, a punto tal que aquellos que había profetizado la desaparición del peronismo, ahora deben recurrir a la estrategia de propiciar el retorno del general Perón, como última garantía de paz en una sociedad convulsionada hasta sus fibras más íntimas a consecuencia de los afiebrados sueños que quienes no habían comprendido que los fundamentos del movimiento nacional y popular habían pasado a constituir en la argamasa esencial de la Argentina contemporánea. 

EL RETORNO DEL PERONISMO Y LA MASACRE DEL TERRORISMO DE ESTADO

El 25 de mayo de 1973 las instituciones democráticas recobraron su vigencia en nuestro país, de la mano del movimiento nacional y popular. En este nuevo contexto se sancionó una ambiciosa ley de Contrato de Trabajo y una nueva norma de Asociaciones Profesionales, que amparaba explícitamente la acción política de los sindicatos. Asimismo se reconoció la participación de la CGT en el comando de diversos organismos, tales como la comisión nacional de Trabajo Rural, la comisión nacional de Precios y Salarios, la dirección nacional de Servicio de Empleo, el Instituto Nacional de Remuneraciones, la comisión de Cooperación Económica, la comisión Económica Consultiva y la comisión de Emergencia Sanitaria, etcétera. También se propició la autogestión de la empresa estatal Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA), en tanto el pacto social impulsado por el ministro de Economía José Ber Gelbard garantizó el incremento del ingreso y la distribución igualitaria de la renta nacional entre capital y trabajo. 

Sin embargo, la armonía entre capital y trabajo, propia del programa nacional y popular, no habría de perdurar. El asesinato del secretario General de la CGT, José Ignacio Rucci, en 1973, y la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, aceleraron la catástrofe. En su último y célebre discurso público del 1 de mayo de ese mismo año, el quiebre entre las organizaciones juveniles y el sindicalismo era ya indisimulable. 

Tras la muerte de Perón, el gobierno de María Estela Martínez de Perón profundizó el conflicto. La violencia institucional se instaló a través de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), fomentada por José López Rega, que descargó su accionar sobre la juventud militante y los sectores que promovían una transformación más revolucionaria de la sociedad. Si bien la gestión de Isabel fue respaldada inicialmente por la CGT, el lazo se quebró en el mes de julio de 1975, cuando el gobierno decidió anular los convenios colectivos que acababan de firmarse y que incluían fuertes aumentos salariales para tratar de compensar la acelerada inflación desatada tras la muerte de Perón. Un paro general y una fabulosa movilización a plaza de Mayo -la primera organizada por la CGT a un gobierno peronista- obligaron al ejecutivo a dar marcha atrás y homologar los convenios, al tiempo que renunciaban López Rega y el ministro de Economía, Celestino Rodrigo. Para el mes de noviembre de ese mismo año, la patronal de las grandes empresas conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales (APEGE), y declaró un lock out que paralizó las actividades rurales. También promovieron el desabastecimiento y el acaparamiento a los fines de crear el clima social apropiado para un nuevo golpe de estado, el más terrible de la historia de nuestro país. 

El terrorismo de estado impuesto por la dictadura cívico - militar apuntó a destruir el tramado social y político, a fin de propiciar la concentración de la riqueza y el saqueo de nuestra economía. No se trató de liquidar a las organizaciones armadas, como se argumentaba habitualmente, ya que éstas habían perdido prácticamente toda su capacidad operativa para fin de 1975. Por esa razón, justamente, la gran mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron trabajadores, dirigentes y activistas sindicales. 

El objetivo principal de la dictadura fue liquidar el estado de bienestar, propiciando el achicamiento de la economía y la desocupación, para así crear precariedad laboral. Los salarios pasaron de representar el 42 por ciento del PBI en 1974 al 25 por ciento en 1976 y al 19 por ciento en 1981 y una desocupación del 9 por ciento reemplazó al pleno empleo alcanzado en el período 1973 - 1976. Para favorecer la concentración de la riqueza y el empobrecimiento de los trabajadores, era necesario atomizar al movimiento obrero. En palabras del general Albano Harguideguy: “La unidad sindical atenta contra los principios liminares del proceso”. También era primordial imponer la “disciplina laboral”. Juan Alemann, ministro postrero de Economía de la dictadura, resaltaba en 1983 que un logro fundamental del régimen había sido atomizar los sindicatos, llevándolos de “algo más de 500 en 1976 a más de 1500 en la actualidad”.

La dictadura intervino a la inmensa mayoría de los sindicatos, les amputó sus obras sociales, disolvió la CGT, eliminó la representación sindical en los organismos provisionales, de seguridad social y bancarios, y penó criminalmente, con seis años de prisión a los trabajadores que participaran de una huelga, mientras que a los dirigentes sindicales les corresponderían diez años. Incluso se fusiló de manera sumaria a trabajadores que propiciaban huelgas, con la pretendida finalidad de “asegurar la libertad de trabajo”. 

Muchos más dirigentes sindicales de renombre fueron víctimas de la represión oficial. René Salamanca, uno de los organizadores más destacados del cordobazo, fue detenido - desaparecido en la madrugada previa al golpe del 24 de marzo de 1976, y se lo considera como el “primer desaparecido de la dictadura”. Salamanca estaba en situación de clandestinidad desde 1974, cuando el SMATA de Córdoba fue intervenido por José Rodríguez. Jorge Di Pascuales, miembro de la Asociación de Empleados de Famacia (ADEF), de destacada trayectoria durante los años de la resistencia, fue detenido - desaparecido el 29 de diciembre de 1976, y sus restos fueron identificados en una fosa común del cementerio de Avellaneda en 2009. Antes de su desaparición, Di Pascuale había advertido: “Si algo me llega a pasar no pidan por mí, pidan por todos”. Oscar Smith, secretario General de Luz y Fuerza, fue secuestrado el 11 de febrero de 1977. Un compañero de celda asegura que murió en enero de 1978, luego de sufrir terribles torturas. Los casos se multiplican hasta el hartazgo: son tristemente célebres las represalias tomadas sobre los miembros de comisiones internas de fábrica, siendo emblemáticos los casos de las empresas Ford y Mercedes Benz, el ingenio Ledesma, etcétera. El libro Nunca Más, que contiene el informe final de la CONADEP, ofrece un listado bastante detallado al respecto. 

Aplicando el terror, las políticas de desindustrialización, la anulación de conquistas sociales, la anulación de los contratos colectivos de trabajo, leyes de “prescindibilidad”, congelamiento de salarios, indexación de alquileres y de créditos hipotecarios, promoción de la inflación, endeudamiento externo, prohibición de centrales y confederaciones sindicales y de actividad política en los sindicatos, atomización gremial, etcétera, la dictadura cívico - militar trató de llevar a su extremo la política de empobrecimiento y precarización de los trabajadores, y, como correlato indispensable, la desperonización de la sociedad. 

Pese a la magnitud de la catástrofe, no lo consiguió. Una vez más, el movimiento obrero le puso un límite. En 1979, la denominada comisión de los 25, decretó la primera huelga general contra la dictadura. El movimiento obrero argentino había sabido echar lazos internacionales, tanto con la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) como con la Confederación Mundial del Trabajo (CMT), que desarrollaron una importante acción solidaria con el sindicalismo argentino, denunciando las acciones de la dictadura a nivel internacional. Sólo la Federación Sindical Mundial (FSM), que nucleaba a los sindicatos comunistas, se negó a criticar a la dictadura, siguiendo las directivas de la URSS, aliada con el terrorismo de estado, que vetaba de manera sistemática en los foros internacionales las condenas y denuncias por violación de los DDHH en nuestro país.

A partir de esa medida de fuerza inicial, la acción sindical fue incrementándose paulatinamente. En septiembre de 1979 se crea la Central Única de Trabajadores Argentinos (CUTA), de existencia efímera. Finalmente, en septiembre de 1981 la comisión de los 25 recrea la CGT, y convoca a una nueva huelga general. Una vez más, el movimiento obrero se constituía en bastión de la resistencia y en promotor de la salida democrática, aunque las disidencias en la estrategia a aplicar provocarían una nueva fractura: la CGT Brasil (liderada por Saúl Ubaldini), mas confrontativa, y la CGT Azopardo, por Jorge Triaca, más dialoguista. 

El 30 de marzo de 1982, la CGT Brasil organizó una masiva movilización a plaza de Mayo, que finalizó con miles de detenidos en el marco de una gran represión. Sería el último estertor de la dictadura. En efecto, tras la derrota de Malvinas, el colapso de la dictadura cívico - militar se acentuó. Por primera vez desde la instalación de la dictadura, el 22 de septiembre de 1982 se organizó una masiva marcha bajo la consigna “Paz, pan y trabajo” a la iglesia de San Cayetano. El 6 de diciembre de 1982 la CGT Azopardo convoca a una huelga general con acatamiento masivo, y repetiría la experiencia el 28 de mayo de 1983. Finalmente, el 16 de octubre de 1983, dos meses antes de la asunción de Raúl Alfonsín, se confirmó la reunificación de la CGT. Por entonces casi 4 millones de trabajadores estaban sindicalizados. Prácticamente la misma cantidad que en 1955, aunque ahora sólo componían el 56 por ciento de los asalariados de nuestro país. 

Pese a que es moneda común en el imaginario social la asociación entre sindicalismo y prácticas autoritarias o violentas, el trayecto realizado permite destacar una dimensión poco explorada de la acción del movimiento obrero organizado: el desempeño de un papel protagónico en la defensa de los intereses populares en épocas de ofensiva sobre los derechos y las condiciones de vida de los trabajadores, y la incidencia decisiva de sus acciones en la promoción de la recuperación de las instituciones democráticas en nuestro país. 

De este modo es posible afirmar que, si bien con el peronismo el día del Trabajador se convirtió en un día festivo, la aplicación de políticas de ajuste y precarización de los trabajadores por parte regímenes reñidos con los intereses de las grandes mayorías populares, exigió desempolvar las estrategias de lucha y de resistencia, para recuperar la vigencia del Decálogo de los Derechos del Trabajador, sancionado por la constitución de 1949. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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