Caso D’Alessio: Los “pedidos” de Carrió que no pudieron concretarse cuando apresaron al abogado trucho

El falso abogado y espía ilegal, Marcelo D’Alessio, está preso por integrar un entramado de extorsión y espionaje ilegal que investiga el juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla. El letrado trucho, invitado asiduamente a programas de televisión, fue denunciado por el empresario Pedro Etchebest por extorsionarlo, en nombre del fiscal federal Carlos Stornelli, para no involucrarlo en la causa de las fotocopias de los cuadernos.

En este contexto, el escándalo se desató cuándo se comenzó a conocer una red cuasi mafiosa que involucra a servicios de inteligencia, funcionarios del poder judicial, periodistas y políticos. Entre los dirigentes que formarían parte del oscuro entramado se encuentra la diputada nacional por Cambiemos, Elisa Carrió.

“Ramos Padilla, quien responde a La Cámpora, estaría haciendo una operación para ensuciar al fiscal Stornelli”, expresó la legisladora horas después del primer allanamiento a D’Alessio el pasado 8 de febrero. Sin embargo, Ramos Padilla comprobó que el espía ilegal tenía relación con la diputada, al punto tal de visitar su casa en Exaltación de la Cruz.

ARMADO DE CAUSAS

Uno de los delitos que investiga el juez de Dolores es el armado de causas y, en este marco, Carrió, la diputada Paula Oliveto y la parlamentaria del Mercosur Mariana Zuvic, fueron imputadas por presunto espionaje ilegal. Cuando D’Alessio fue encarcelado, se habrían caído varias operaciones solicitadas por la líder de la Coalición Cívica, fundamentalmente las que lograrían desplazar a integrantes de la Justicia para luego ir de lleno contra el dirigente del Frente Renovador, Sergio Massa, el sindicalista Hugo Moyano y  el ex funcionario kirchnerista, Aníbal Fernández.

Según una fuente reservada, las próximas operaciones que se le habían encargado al falso abogado apuntaban contra jueces y fiscales. Uno de los objetivos de la lista de Carrió habría sido el juez Martín Ordoqui, suspendido desde el año pasado mientras se lo investiga por “tráfico de influencias agravado”.

El juez Luis Carzoglio, quien rechazó el pedido de detención de Moyano, sería otro de los hombres a los que apuntaba la diputada de Cambiemos. Cabe recordar que el magistrado aseguró, semanas atrás, que espías de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) lo presionaron para que encarcele al sindicalista.

Una fuente reservada aseguró que Carrió también tenía pensado avanzar contra Daniel Carral, juez de la Sala 1 del Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires. En su página web, la legisladora publicó un escrito en el que se declara “escandalizada” porque el magistrado nombró a Florencia Piermarini como relatora de su vocalía. “La Justica de la provincia de Buenos Aires debería estar investigando sus responsabilidades penales en la fuga de los condenados por el triple crimen de General Rodríguez”, disparó la diputada en relación a la ex titular del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB).

El fiscal Álvaro Garganta, titular de la unidad funcional de instrucción y juicio Nro. 11, también formaría parte de la lista negra de la aliada de Mauricio Macri desde que decidió no meter preso al ex gobernador bonaerense, Daniel Scioli. La nómina también la integraría el ex fiscal general Julio Novo, vinculado a Massa, y al juez Mario Kohan, sobrino del ex funcionario menemista Alberto Kohan.

Uno de los funcionarios judiciales que trabajan con D’Alessio y Carrió sería el fiscal de San Isidro, Luis Angelini. El peso de las evidencias parece aplastar a la dirigente de Cambiemos, quien más temprano que tarde no tendrá más remedio que dar explicaciones ante la Justicia. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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