Protección política y lujos: Los secretos de Ordoqui, el juez que no se atreven a llevar al jury

El camarista Martín Manuel Ordoqui, nacido en 1959 en La Plata, se encuentra suspendido e investigado por haber sido parte de la megabanda del ex juez César Melazo y acusado de haber otorgado beneficios procesales a miembros de una organización de delincuentes, policías exonerados y barras bravas a cambio de dinero y dádivas.

Su cargo de presidente de la Sala V de Casación, la máxima instancia penal en la provincia de Buenos Aires, era tan determinante para los delincuentes como para la salud judicial de todos los bonaerenses. “La sola sospecha de que haya utilizado un puesto de tanta responsabilidad para cometer delitos debe motivar un jury inmediato. Investigar hasta las últimas instancias, hasta que no quede el menor rastro de duda. Y si es culpable, debe ir a la cárcel”, aseguró un prestigioso abogado constitucional y docente de la Universidad Nacional de La Plata a REALPOLITIK.

Sin embargo, Ordoqui está libre. La Suprema Corte de Justicia bonaerense lo licenció durante noventa días y luego prorrogó el beneficio durante otros noventa días más. Dicho sea de otro modo, le otorgó seis meses de vacaciones pagas. Hoy por hoy, sus días de franco terminaron, pero el jury por alguna razón todavía no tiene fecha.

La situación penal del juez Martín Ordoqui es de esas que ponen incómoda a la Justicia. Según dos funcionarios de la Suprema Corte, sus delitos estarían “completamente comprobados”, pero resulta sumamente incómodo avanzar. Tanto, que a pesar de tener una causa previa en curso por un arresto domiciliario, Ordoqui es considerado un “intocable”. ¿Quién protege al juez?

Los intocables de la Justicia argentina son aquellos oscuros personajes que poseen “espalda política”. Un padrinazgo otorgado a fuerza de favores judiciales y, como en el caso del propio Ordoqui, osadas maniobras hollywoodescas a través de las cuales se ganaron un “piedra libre” para poder hacer lo quieran y no obtener ninguna consecuencia de sus actos.

Ordoqui se ganó su padrinazgo una fría noche de 1994, cuando la policía se acercó al despacho de Aníbal Fernández, por entonces intendente de Quilmes, con una orden de arresto por la presunta falsificación de un decreto. En aquel entonces, según cuentan sus allegados, el propio Ordoqui habría escondido a Fernández en el baúl de un Peugeot 504 blanco y juntos se escaparon a una quinta del sur de la provincia, donde "La Morsa" se mantuvo escondido, esperando que la Cámara de Quilmes levante la orden de detención.

Esos favores no se olvidan. Y Ordoqui lo sabe.

El pago llegó en el 2008, con Aníbal Fernández en el apogeo de su poder político, cuando Ordoqui recibió un premio sin precedentes: ingresó a Casación, la máxima autoridad penal de la provincia, en calidad de juez. Como frutilla del postre, también comenzó a cobrar un sueldo del ministerio de Seguridad por una supuesta tarea de instrucción jurídica a policías, aunque REALPOLITIK no logró encontrar ninguno que haya asistido a sus supuestas lecciones.

Así como el hada madrina transformó a Cenicienta en una princesa, la política habría transformado a Ordoqui, en las postrimerías de una mañana del 2008, en un poderoso juez de Casación y supuesto ñoqui del ministerio de Seguridad.

Fue entonces cuando comenzó su colección de automóviles. Una Hyundai Tucson 2.0, una Land Rover Discovery TDI, un Audi a4, un Mercedes Benz C200 Kompressor, un BMW, una Volkswagen Amarok y un Mercedes Benz 230 E, entre otros. Esto ocurrió en los años en los que, además, adquirió una lujosa propiedad en la calle 132 de City Bell. Nada mal para un abogado platense sindicado de profugar gente en un Peugeot 504.

A pesar de las peligrosas acusaciones en su contra, nada evitó que hasta el 2019 continúe cobrando religiosamente los 35.431,81 pesos mensuales del ministerio de Seguridad, además de los 254.624,38 del Poder Judicial.

Hoy por hoy, además de estar libre, sus consumos con tarjeta de crédito parecieran demostrar que el juez Ordoqui no tiene ninguna intención en detener su alocado tren de vida. En solo un mes, gastó algo más de 130 mil pesos en crédito. La historia del juez de Casación Martín Ordoqui es tan vieja y paradigmática como la corrupción misma. Su protección política es extensa y le permite gozar de beneficios a los que ningún otro ciudadano podría acceder en iguales circunstancias.

Su perfil incomoda a la Justicia, porque en un año electoral la sociedad exige un cambio de paradigma, pero nadie se atreve a llevarlo al jury por temor a las represalias políticas. De hecho, sus “vacaciones” vencieron el 4 de mayo, pero el proceso no se inició.

Así, personajes de nulo valor político, desnudos de protección y sin siquiera contar con pruebas firmes en su contra, terminan detenidos con el único fin de darle algo de comer a la sociedad. Uno de los casos más paradigmáticos en el caso Ordoqui es el de su jefa de despacho, Eugenia Mercado, quien a pesar de que la Justicia admitió tener en su contra tan sólo “indicios” y que su rol como empleada administrativa no le permitía incidir en los procesos judiciales, decidieron mantenerla detenida en el penal de Ezeiza. No solo eso, sino que además le negaron una solicitud de morigeración de la pena -prisión domiciliaria-, presentada por su abogado Héctor Granillo Fernández por un error formal, a pesar de que se trataba de un habeas corpus.

De nada importó que Mariana, su ex esposa, haya sido acusada de arreglar los sorteos de las causas en presidencia de Casación. Nadie la citó a declarar. A nadie se le ocurrió que, después de varias décadas de matrimonio, pudiese tener información relevante sobre su marido. Tampoco citaron a quienes fueron sindicadas como personas con vínculos muy especiales con el juez Ordoqui, la fiscal de Casación Daniela B. y la secretaria del tribunal de Casación Penal Sala V, María Andrea E.

Así, la imagen del juez Martín Ordoqui se alza como un estandarte de todo lo que está mal en la Justicia argentina. Un retroceso en la seguridad de los bonaerenses quienes, a pesar de haber exigido un cambio, observan con asombro cómo el dinero y la protección política continúan siendo los principales valores en una ley de la selva que tiende a fagocitar delitos y corrupción. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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