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16 de mayo de 2019 | Municipales

Fieles de la iglesia evangélica

Escándalo en Junín: Petrecca le compró 2 millones en pan a una empleada municipal

Con el aval del intendente de Cambiemos, la mujer se encuentra de los dos lados de mostrador. Denuncian que la situación es completamente ilegal, y este medio presenta un informe exclusivo con información y documentación para comprobar las insostenibles irregularidades del caso.

Gabriela Victoria Orellano tiene 41 años, es de la localidad bonaerense de Junín, y se dedica a la venta al por menor de pan y productos de panadería, los cuales vende y elabora en su local ubicado en avenida Libertad 208. En febrero pasado, mediante los decretos 508 y 509, el intendente de Cambiemos, Pablo Petrecca, le adjudicó dos contratos para comprarle pan para los comedores escolares por 1.010.657,12 y 888.144,07 pesos, respectivamente.


Uno de los decretos que adjudican la provisión de pan a Gabriela Victoria Orellano.       

Otro de los decretos por los que se le adjudicó la provisión de pan a Gabriela Victoria Orellano.

Pero Orellana no es sólo panadera, también es empleada municipal de Junín. Trabajó para la municipalidad del año 2013 al 2017 en relación de dependencia, cumpliendo tareas administrativas generales, cobrando alrededor de 10 mil pesos. Sin embargo, mediante el decreto municipal número 78 del día 10 de enero del 2019, se la designó hasta el 31 de diciembre del corriente año para que se desempeñe como trabajadora social en el área de Prevención y Asistencia en Violencia Familiar.


Historia laboral de Gabriela Victoria Orellano.

Nombramiento de Gabriela Victoria Orellano como trabajadora social municipal.

Por esta contratación se le está abonando 13 mil, y le comenzarán a pagar 16 mil en el segundo semestre. Algunos concejales de Junín señalan que es “completamente ilegal” que sea empleada y a la vez proveedora del municipio. El caso es tan insólito que roza lo obsceno, dado que la mujer trabaja para un área para la que su panadería prepara las viandas.


Gabriela Victoria Orellano junto al presidente de la Nación, Mauricio Macri.

SOSPECHAS Y RECLAMOS

La panadería se localiza a pocas cuadras de la iglesia evangélica a la que Orellano asiste asiduamente, a la cual también concurre el intendente Petrecca y el resto de su familia, y donde su hermano, Christian Petrecca, es el pastor. La Catedral de la Esperanza se localiza en avenida Libertad al 305, a dos cuadras del local de la empleada municipal.


Gabriela Victoria Orellano en la iglesia, en la imagen está el mismo Pablo Petrecca tomándose la barbilla.

Lo irregular de la situación hace sospechar que la mujer sería una suerte de testaferro de los Petrecca. Se espera que el Tribunal de Cuentas, a cargo de Alejandra Gieco, tome cartas en el asunto, dado que ya recibió una carta en reclamo por la contratación tan anormal, que pone a una misma persona de los dos lados del mostrador.


Reclamo de concejales de Junin al Tribunal de Cuentas.

Esta designación viola las propias normas municipales, porque el artículo 179 de la ley Orgánica de Municipalidades señala: “Ninguna persona será empleada en la municipalidad cuando tenga directa o indirectamente interés pecuniario en contrato, obra o servicio de ella”.

INHABILITADA

Además de infringir el artículo 179 de la ley Orgánica Municipal, Orellano debería estar inhabilitada para ser proveedora del municipio porque le debe al fisco y, según los organismos oficiales, cuenta con varias irregularidades. Está inscripta en el monotributo desde el año 2017 en la categoría G, pagando el mínimo. Tiene ingresos mensuales por 645.151. No registra empleados en relación de dependencia, lo cual es llamativo considerando que maneja una panadería capaz de asumir contratos millonarios.


El registro de AFIP de Gabriela Victoria Orellano.

Tampoco registra balances para ser consultados y no posee cargas sociales, ni pagadas por ella ni por el estado. Asimismo, Orellano aparece como deudora en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), específicamente está registrada en la categoría 2, eso significa que debe entre 4.501 y 10 mil. Permanece a dos escalones de ser una contribuyente en instancia judicial.


El registro en ARBA que comprueba que Gabriela Victoria Orellano mantiene una deuda con el Estado.

Como se dijo antes, cabe destacar que Orellano está inhabilitada para ser proveedora del estado por infringir la ley Orgánica Municipal, tener deudas con ARBA, no pagar aportes y no presentar balances, además del sospechoso detalle de que no tiene empleados en relación de dependencia.

La mujer posee una Meriva G.L. 1.8 año 2007, cuyo valor en el mercado ronda los 160 mil, y un Citroen C3 Aircross modelo 2013, que cuesta alrededor de 330 mil y el cual comparte con su pareja, Diego Armando Papa. El concubino de Orellano no tiene ningún tipo de registro en la ANSES y está dado de baja en el monotributo por no pagar los impuestos ni presentar declaración jurada. En el organismo nacional aparecía registrado como vendedor de pan y productos de panadería.


Vehículos a nombre de Gabriela Victoria Orellano.

El registro de Diego Armando Papa en AFIP.

En este contexto, según allegados, la empleada municipal habría adquirido dos hornos eléctricos que los vecinos vieron que bajaban en la panadería al mismo tiempo en que en Junín estallaba el escándalo que complica mucho a la mujer y a su compañero en alabanzas en la iglesia, el intendente Petrecca.

OTROS ESCÁNDALOS

Vale recordar otros informes que desarrolló REALPOLITIK y que desnudan el cuestionable accionar del jefe municipal de Cambiemos. En diciembre pasado este medio dio a conocer la aparente red de corrupción que involucra al intendente y a su hermano Christian, el pastor de la iglesia evangélica. El religioso y otros miembros de la familia, se hicieron millonarios a través de negociados en torno a la obra pública y los emprendimientos inmobiliarios.

Asimismo, en abril del año pasado, y con Petrecca de viaje, trascendieron imágenes del municipio sometido al abandono, en especial en las instalaciones de la Agencia Seguridad Vial y las dependencias del área de Salud.

Por otro lado, este medio difundió, en julio pasado, que el intendente debía pagar de su bolsillo una multa de 750 mil pesos que fijó el Tribunal de Cuentas. El dirigente de Cambiemos contrató a una universidad pública por los servicios de auditoría y asesoramiento, cuando son tareas propias de los funcionarios municipales, el Tribunal de Cuentas y el Concejo Deliberante. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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