La Junta Electoral bonaerense puso en riesgo el medio ambiente por no saber preparar un pliego

El reconocido escritor y filósofo Fernando Savater afirmó que la educación no es un gasto sino una inversión, porque la ignorancia sale cara. En este caso, la falta de conocimiento de los trabajadores de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires le salió muy caro a todos los bonaerenses.

El bochornoso episodio ganó conocimiento público cuando se lanzó la convocatoria al procedimiento abreviado 4-0147-PAB19, a través del cual la Junta Electoral se dispone a comprar tóners de impresoras, olvidando unas cuantas leyes en la confección de los pliegos.

El caso de los tóners es uno particularmente paradigmático para el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS), dado que su contenido contiene algunos de los polvos y productos más peligrosos para la salud y el medio ambiente, como plomo y mercurio, entre otros. Esto prohíbe a un organismo público el poder desecharlos una vez que se terminan de usar. El poder contaminante de los mismos puede ser fatal.

Para poder resolver el problema, la provincia aprobó la ley medioambiental 24.501, que obliga a quienes proveen éste tipo de artículos a aplicar la “disposición final”. Es decir, retirar los cartuchos una vez que están vacíos, reducirlos con fuego en un ambiente controlado, vitrificarlos y almacenarlos en un lugar especialmente preparado para evitar la contaminación. Además, se debe entregar un comprobante firmado por el OPDS avalando toda la operación.

Paradójicamente, los abogados de la Junta Electoral desconocen sus propias leyes, por lo que no incluyeron esta.

Por otro lado, prácticamente ningún organismo provincial exige cartuchos originales. La razón para ello es que la mayoría de los proveedores de los mismos simplemente los importan y los entregan tal y como viene al país, sin generar ningún tipo de valor agregado. Los tóners producidos en el país, por otro lado, se ensamblan en plantas industriales argentinas, dándole empleo a cientos de trabajadores y, además, produciendo productos de igual o mejor calidad y asegurando garantías hasta para la impresora que utiliza los mismos.

La ignorancia de los empleados de la Junta Electoral esta vez le costará muy caro a los bonaerenses. Dejará de lado a los trabajadores y a las pymes locales para beneficiar a importadores cuyas “compañías” se componen de ellos mismos en una oficina, y además deberán conservar una cantidad importante de cartuchos vacíos, altamente contaminantes, en algún oscuro rincón apartado del vetusto edificio de la calle 8. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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