Salieron a la luz mecanismos de la Justicia bonaerense para proteger jueces encarcelando inocentes

En un artículo previo, REALPOLITIK hizo mención a aquellos acusados sin pruebas, encarcelados con poco más que indicios para favorecer, directa o indirectamente, a un culpable mucho más poderoso. No hay causa de renombre que no tenga uno. El caso Dalmasso tuvo el suyo, la Masacre de Pompeya también y hasta la inundación de La Plata.

Causas sin sustento, plagadas de indicios y sin pruebas, que sirven para mostrar una supuesta proactividad de la Justicia o las fuerzas policiales. Alimento para el lector común mientras los verdaderos culpables, cuando los hay, continúan sus vidas sin mayores inconvenientes. Pan y circo para el votante promedio, sediento de castigo, aunque éste llegue tarde y caiga sobre la persona equivocada. En octubre del 2018, esta oscura tradición sumó una nueva protagonista.

Según fuentes judiciales y el propio testimonio del abogado Héctor Granillo Fernández, cuando la fiscal Betina Lacki desarrollaba la investigación sobre la Megabanda del juez César Melazo, llegó a la conclusión que los hilos alcanzaban a otro polémico magistrado, el integrante de la Cámara de Casación Penal bonaerense Martín Ordoqui. De frondoso prontuario y una polémica amistad con Aníbal Fernández, su sola mención en la causa fue suficiente para que Lacki ordenara allanamiento y detención.

Como Ordoqui era demasiado poderoso para enfrentar de un modo tan directo, se decidió recurrir a su secretaria administrativa, Eugenia Mercado. Basándose en una supuesta relación sentimental entre la secretaria y el juez, Lacki lanzó una acusación hacia ambos por asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.

La jueza Florencia Butiérrez, quien administraba la causa, rechazó la detención de Mercado, aunque aceptó el allanamiento. Como era de esperar, el único resultado del allanamiento llevado a cabo en su domicilio el 26 de septiembre de 2018 fue un celular viejo y sin uso de uno de sus hijos, que la policía sacó de un cajón como si en ello se les fuera la vida. Horas después, se supo que en el aparato no había nada de utilidad a la causa.

En Octubre de 2018, fue necesario volver a recurrir a Mercado. A pesar de que había sido desligada de la causa de la Megabanda de Melazo, en una insólita movida judicial se creó una segunda causa con el mismo motivo, sobre una supuesta asociación ilícita que Ordoqui habría creado junto al operador Enrique Petrullo con el objetivo de negociar beneficios procesales. Se necesitaba a una tercera parte, dado que de otro modo no hay, según la ley, asociación ilícita. La fiscal Lacki decidió, entonces, que se volvería a recostar sobre la figura de Mercado. Nuevamente apoyada su teoría en sostener la carátula de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho agravado. Esta vez, la causa cayó en la polémica jueza Marcela Garmendia, cuyo propio hijo aparece en las escuchas.

Lacki volvió a pedir el allanamiento y la detención, pero al llegar al allanamiento, el 22 de octubre de 2018, Eugenia Mercado no se encontraba en su domicilio. Durante la operación, que duró hasta las 12 de la noche, sólo pudieron llevarse –otra vez- los celulares de los hijos de Mercado y una computadora con juegos de deportes.

El 4 de diciembre comenzó el verdadero calvario de Mercado. A pesar de que no existía riesgo de fuga y de que había sido probado que no podía entorpecer la investigación, fue detenida en plena calle y llevada a la alcaldía de la calle Cavia en Palermo.

Al llegar, solicitó declarar, como lo habían hecho sus abogados anteriormente, pero no le fijaron audiencia. Cada vez más, se hacía evidente la presión que ejercía la Justicia sobre su persona, con el objetivo de que declare información que ella misma desconocía. En consecuencia, la encerraron en un pozo con una puerta en altura durante 48 horas. Recién entonces, física y psicológicamente agotada, sucia y denigrada, le permitieron hablar con familiares a través de una reja.

En su declaración, sólo atinó a decir lo que sabía. Era una secretaria privada que llevaba y traía papeles, servía café y concertaba citas y reuniones, de las que no participaba. No alcanzó. Los investigadores posiblemente sospechaban que Mercado no sabía nada más, pero no podían aceptar excarcelarla. Sin ella, no había asociación ilícita para Ordoqui, aun demasiado poderoso para llevarlo a un jury. Era necesario ganar tiempo.

El 15 de enero, luego de una audiencia en la que Mercado fue ampliamente interrogada, se reunió la Sala de feria de la Cámara de Apelaciones y Garantías para tratar el hábeas corpus. Los jueces Sergio Almeida, Laura Lasaga y María Oyhamburu, por unanimidad, limitaron los cargos de Mercado a sólo uno: Cohecho pasivo, y en calidad de partícipe secundario. Se eliminó así la asociación ilícita y el tráfico de influencias, dado que no se encontró una sola prueba en ese sentido. Con éste nuevo encuadre legal, se le otorgó el arresto domiciliario bajo la condición de que quedara firme el fallo. Volvía a su casa.

Teniendo en cuenta que Mercado tiene dos hijos adolescentes quienes, con éste castigo, se encuentran sufriendo graves perjuicios psicológicos, la medida de la Sala causó un positivo revuelo entre sus allegados, a quienes REALPOLITIK intentó contactar pero que prefirieron mantener el silencio. Estaban cantando victoria antes de tiempo: El poder político y la Justicia aún necesitaban a Mercado tras las rejas para tener a Ordoqui al alcance de la mano.

En un gesto inédito en las últimas décadas, el fiscal general Héctor Vogliolo, siguiendo las indudables indicaciones del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, decidió la nulidad y apelar ambas resoluciones. La movida, polémica en sí misma, causó conmoción porque además fue presentada cuando los tiempos ya se habían vencido y luego de interpretaciones sobre elementos sin calidad de imputaciones hacia Mercado. Finalmente, yendo diametralmente en contra de su propia doctrina histórica, Casación sorprendió a todos admitiendo la apelación.

La terna fue compuesta por la propia Budiño y los jueces Carlos Ángel Natiello y Mario Kohan. Entonces, para sorpresa de propios y extraños, Natiello se tomó licencia y, como Kohan aseguró que la apelación era inadmisible y que debía quedar firme la medida que dejaba a Mercado a un paso de la libertad, Budiño retrasó el fallo hasta exactamente un día después del regreso de Natiello. Entonces, el fallo fue firmado en tiempo récord. Recurriendo a un error formal -la falta de un papel-, le negaron la prisión domiciliaria a Mercado y su vuelta a casa.

Como consecuencia, Eugenia Mercado continúa detenida y la nulidad declarada por los jueces Budiño y Natiello –con la llamativa ausencia del doctor Kohan, quien habría insistido declarar inadmisible la apelación- retrotrajo todo lo avanzado al 15 de enero.

Víctima del manoseo, la burocracia y el poder político, Mercado ahora deberá esperar en la cárcel a que todo comience de nuevo. Otra procesión para ella y su familia, mientras el verdadero culpable, blindado por el poder político, continúa suspendido, en su casa, con vacaciones pagas. Bienvenidos a la Justicia argentina. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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