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El día de ayer, en la sede de la ONG “Las Mirabal”, la comisión por la Liberación de Mariano Bruera realizó una conferencia de prensa para denunciar irregularidades en el proceso judicial y dar a conocer la iniciativa de la defensa de recurrir a los organismos internacionales de derechos humanos.
En ese marco, el abogado responsable de realizar las presentaciones ante los organismos internacionales, el doctor Oscar Rodríguez, comentó: “Hemos hecho una presentación, atento a que no hay garantías constitucionales en Argentina, en Ginebra, denunciamos la persecución política en general y posteriormente hacemos hincapié en el caso particular de Mariano Bruera en la ciudad de La Plata”.
En ese sentido, Rodríguez, que es especialista en derechos humanos, detalló que se acudieron a los dos organismos: “Al de ONU y al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Nosotros pretendemos que se notifique al estado nacional y al estado provincial, en el mejor de los casos que se declare la arbitrariedad de lo actuado”.
“Estamos ante un fenómeno que invade a las democracias latinoamericanas, que es la judicialización de la política. Es decir, que la política ya no crea consensos, hay una construcción amparada en la teoría de la grieta de que el otro no tiene derecho y se lo persigue penalmente para poder gobernar sin oposición”, explicó el abogado.
En ese sentido, el jurista recordó que “con Mariano Bruera se utilizó la misma metodología que con Milagro Salas. Es decir que las notificaciones siempre fueron en diciembre y en enero. Hay deseo de venganza, deseo de estigmatizar”.
Según explicó el letrado, a Mariano Bruera se le imputa “asociación ilícita”, y en ese sentido explicó: “Esto quiere decir que él integra una banda para cometer determinados delitos y no se dice cuál, ni con quién, ni dónde. Acá hay una exacerbación de las medidas precautorias, pero también hay una pobreza franciscana de pruebas. Resulta que Mariano fue detenido, procesado y elevado a juicio, porque hay escuchas telefónicas de otros que le nombran a él”.
Cabe señalar que la Justicia estableció la fecha del juicio para agosto del 2020, pero hay un inusitado pedido de la fiscal Victoria Huergo para que se realice en agosto del 2019, en plena campaña electoral, con el argumento de que es el hermano del ex intendente.
En primera instancia, entre los fundamentos del escrito por el adelantamiento del juicio, la fiscal expresa: “Máxime encontrándose imputado el hermano de quien ocupara el cargo de intendente durante dos periodos…”.
Desde la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman, aseguró: “La fiscal demuestra en sus fundamentos que las motivaciones de sus peticiones se encuentran absolutamente alejadas de los objetivos y principios legales que marcan su actuación como agente de la Justicia. Utilizar el grado de parentesco de un acusado y la función política que ese pariente cumplió en el pasado como fundamento de un acto de impulso procesal, no permite deducir otra conclusión”. (www.REALPOLITIK.com.ar)
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