La Justicia bonaerense, arrinconada por extender ilegalmente el encarcelamiento de una persona

En pocas palabras, el abogado defensor de María Eugenia Mercado le solicitó a la Justicia Bonaerense que se ponga a trabajar. Incluso, que respete los tiempos y los procedimientos legales. Y lo hizo por escrito.

Hastiados de las idas y vueltas de una causa interminable, de un papeleo que representa una pérdida de tiempo y dinero para todos los bonaerenses, los abogados Héctor Granillo Fernández y Juan Ángel Di Nardo formularon un pedido de “pronto despacho” e iniciaron un trámite de habeas corpus. De este modo, consciente o inconscientemente, dejaron en evidencia las dilaciones de la Justicia en el caso Mercado.

Tal y como lo mencionó REALPOLITIK en anteriores ediciones de esta investigación, a María Eugenia Mercado se la detuvo en plena calle, a pesar de no existir pruebas en su contra, ni riesgo de fuga o de entorpecimiento de la causa, por considerar que en su calidad de secretaria administrativa y supuesta pareja del juez de Casación Martín Ordoqui, podría aportar datos de relevancia.

A pesar del pedido de audiencia de Mercado y de confesar todo lo que sabía, la Justicia decidió mantenerla en prisión bajo la esperanza de que sepa algo más. Lamentablemente, al no haber participado de ninguno de los procesos ilegales de su por entonces jefe, no hay más información que brindar.

El calvario que vive desde entonces es cinematográfico. La enviaron dos días a vivir adentro de un pozo con una puerta en altura y luego la trasladaron al penal de Ezeiza, lugar en el que permanece desde entonces, observando con desesperación como las autoridades judiciales dilatan, retrasan y coquetean con todos y cada uno de los reclamos de sus abogados, extendiendo su estadía en la cárcel al infinito.

Los retrasos voluntarios llegan al límite del ridículo. Por ejemplo, se tardó más de 25 días en notificar a Lidia Perna, una imputada cuya dirección fue fijada por la Justicia y vive en la misma ciudad que sus notificadores.

Granillo, abogado de Mercado, sostuvo que “no se respetaron los plazos de la Justicia, provocando que Eugenia Mercado se encuentre desde diciembre de 2018 hasta la fecha privada ilegal y arbitrariamente de su libertad. Se violó el debido proceso en detrimento de las garantías de la imputada, al no controlar los plazos de notificación, retrasando todos los plazos y dejando a Mercado en una precaria situación personal y psiquiátrica”.

Además, solicitaron una audiencia con la presencia de su defendida y una pericia médico-psiquiátrica de forma urgente. Privada de su libertad y sin un proceso en marcha, los plazos se hacen insostenibles tanto para ella como para su familia.

Para Granillo, la situación de Mercado “ya no resiste análisis. Las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en su contra son patéticas”. Es por esto que interpusieron un pedido de pronto despacho.

Como se recordará de una anterior investigación de REALPOLITIK, los jueces Sergio Almeida, Laura Lasaga y María Oyhamburu habían limitado, por unanimidad, los cargos de Mercado a sólo uno: Cohecho pasivo, y en calidad de partícipe secundario, eliminando así la asociación ilícita y el tráfico de influencias, dado que no se había dado con pruebas en este sentido. Bajo la condición de que quedara firme el fallo, se le había otorgado incluso el arresto domiciliario.

Para sorpresa de propios y extraños, el fiscal general Héctor Vogliolo, siguiendo lo que indudablemente fueron las indicaciones del procurador general bonaerense Julio Conte Grand, apeló la resolución. Luego, dicha apelación fue insólitamente admitida por la jueza Florencia Budiño, quien de este modo retrotrajo los tiempos de Mercado al 15 de enero, tirando a la basura todo lo trabajado entre principios de año y el mes de mayo.

La arbitrariedad fue tal que incluso la propia jueza Marcela Garmendia, cuyo hijo se encuentra en las escuchas pidiendo 500 mil pesos “para que se los dejen a Mamá”, admitió que Mercado se mantiene presa, atrapada en eternas dilaciones de la Justicia, por “no haber colaborado” con la causa. Es decir, un vulgar apriete, manteniendo a una persona presa para que declare hasta lo que no sabe. En este sentido, su abogado aseguró que “se la mantiene en la cárcel para que declare algún contenido imputatorio contra Ordoqui, pero esto no es posible porque María Eugenia no puede confesar ni declarar algo que no sabe”. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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