Presos “a la carte”: La Justicia recurre a los medios para justificar la cárcel sin pruebas

De la unión al rojo vivo de un medio de comunicación moribundo y el sector más corrupto de la Justicia bonaerense nació un artículo periodístico que se montó sobre teorías incomprobables, anécdotas que nunca ocurrieron, fragmentos de audios imaginarios y preconceptos infantiles.

El que posiblemente haya sido el periódico más influyente de la ciudad de La Plata se encuentra sumergido en una crisis de la que ya no puede salir. Vetustas oficinas con olor a humedad, empleados trabajando en pupitres escolares, computadoras de la década del 90 y suciedad por donde se mire, todo sumido en una bucólica modorra, una apatía de bizcochitos de grasa y mate cocido que pareciera impregnarse en cada ladrillo del viejo edificio. El costo de años de dejadez, de no haberse aggiornado al avance de la tecnología en el periodismo y aferrarse tercamente al formato papel, décadas de desprolijos manejos financieros y una familia tan alejada al periodismo puro y la administración de empresas que no supo hacer otra cosa que encallar el barco, tomar lo que alguna vez fue prestigioso y transformarlo en una oscura cueva de mediocridad.

A este entumecido letargo periodístico se le sumó un sector de la Justicia bonaerense que se encuentra caminando, en puntas de pie, por el borde de la cornisa. Jueces que supieron acumular dinero y poder y que, ahora, necesitan postrarse ante un poder político que los amenaza con encarcelarlos si no cumplen con sus exigencias.

Tal y como lo anunció REALPOLITIK en el curso de la investigación que lleva adelante, un reducido pero poderoso círculo de magistrados bonaerenses decidieron detener, encarcelar y someter a un duro maltrato a María Eugenia Mercado, secretaria administrativa del corrupto juez de Casación Martín Ordoqui, bajo el supuesto de que sabe más de lo que declara. En oscura y peligrosa similitud con los procedimientos de la KGB soviética en la década del 50 o los de las fuerzas de seguridad clandestinas del norte de África en la década del noventa, se habría encarcelado a una persona, ciudadana común, sometida a todo tipo de vejaciones, con la sola “sospecha” de que no declaró lo suficiente.  La propia jueza Marcela Garmendia, según cuenta en el escrito presentado por los abogados de Mercado, explicó que la única razón por la que la mantienen detenida es porque “no colabora”.

Lo ocurrido presenta una gravedad institucional pocas veces vista. Es la prueba irrefutable que en el territorio bonaerense, cualquiera puede ir preso aunque no se tenga prueba alguna en su contra.

En un intento fútil de responder a las entregas de la investigación de REALPOLITIK, el diario El Día lanzó un artículo bajo el título “El juez, la secretaria y 30 mil pesos de ‘compensación’ en una Jackie Smith”. En el mismo, y con el aparente objetivo de satisfacer las exigencias de los agentes judiciales involucrados en el caso, se describió una escena que supuestamente ocurrió a fines de septiembre del 2018.

Según el matutino, “dos hombres y dos mujeres” se reunieron en un bar del casco céntrico de La Plata, en el que “uno de los varones toma la mochila de una de las mujeres y se la pasa a la otra para que ponga adentro un sobre con 30 mil pesos, planteados de antemano como una indemnización” en una mochila Jackie Smith. La anécdota, contada con pobres dotes literarios, carece además de rigor periodístico.

Los errores, omisiones y datos falsos se acumulan unos sobre otros. Se aseguró que el encuentro “ya fue chequeado”, pero no se especifica el cómo. ¿Cómo chequear la veracidad de un encuentro que supuestamente ocurrió hace 9 meses en un bar que no tiene cámaras en su interior? ¿Cómo saber que lo declarado por la supuesta arrepentida es cierto? Quien cuenta esta historia, dicho sea de paso, es Lidia Perna, una falsa abogada acusada de gestionar beneficios procesales a cambio de dinero y esposa de Ariel Heine, quien lideraba una banda dedicada a usurpar terrenos por medio de la violencia en San Vicente y Canning, y que escapó de la cárcel de San Miguel del Monte limando barrotes como en una serie de El Zorro. Una joyita.

Lo que la nota del diario El Día confirma en modo inocente es lo que ya había afirmado Héctor Granillo Fernández, abogado defensor de Mercado, cuando aseguró que “todo lo que tienen en su contra es poco menos que indicios”. Un café y un pago cuyas pruebas parecieran existir sólo en la imaginación de una persona procesada, casada con un delincuente convicto, y una cartera que, a pesar de lo que el matutino afirma, tiene un costo similar a cualquier otra de marcas reconocidas. Llama la atención, además, la notoria omisión a otros fragmentos de la declaración de Perna, en la que señala a figuras judiciales de alto vuelo involucradas en la red delincuencial. Por alguna razón, se ocultó lo vital para darle protagonismo a lo circunstancial e irrelevante.

Lo alarmante del caso Mercado no es ella en sí misma, sino su potencial extrapolación a todos los bonaerenses. El mensaje pareciera ser claro: Con la Justicia de la provincia de Buenos Aires acorralada por su propia historia de corrupción y excesos, cualquier ciudadano puede ir preso, aunque no existan pruebas en su contra. Sólo hace falta un político de peso -un procurador general o una gobernadora, por ejemplo- que elija a dedo a quien quiere encarcelar y a qué juez desea apretar por sus pecados del pasado, y el truco de magia estará completo. Presos a la carte, el último paso en la descomposición del Poder Judicial. (www.REALPOLITIK.com.ar)

SI TE GUSTA
LO QUE
HACEMOS

Ayudanos a seguir haciendo
periodismo con la mayor
independencia y objetividad
posible.

COLABORÁ A PARTIR DE $500

COMENTÁ / VER COMENTARIOS