Denunciaron la crisis del sistema judicial argentino ante las Naciones Unidas

La comitiva, que reclamó la independencia judicial en la Argentina, estuvo encabezada por Maximiliano Rusconi, creador de la Fundación Iniciativa Justicia y abogado de Julio De Vido. Además participaron José Ernesto Schulman, secretario nacional de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y Emanuel Desojo, presidente de Abogados por la Justicia Social de La Plata.

Los visitantes presentaron una carta conjunta, en la que se destaca, en sus párrafos más salientes, "la situación de gravedad institucional por la que atraviesa el sistema de Justicia en nuestro país. Sin poder judicial independiente no hay límite al poder, y con ello, no hay república, tampoco hay estado de derecho y la vida en comunidad sería directamente inimaginable. Nuestro país atraviesa, en particular desde la asunción del gobierno actual, una de las peores crisis institucionales que haya involucrado el rol del poder judicial". 

La misiva incluye una serie de ejemplos para fundamentar la veracidad de su denuncia. Entre los principales se cita el "intento de nombramiento de dos miembros de la Corte Suprema de la Justicia por decreto de necesidad y urgencia sin acuerdo del Senado", la "elección discrecional de jueces", la "presión a los jueces para promover un uso irracional de la prisión preventiva con fines de desprestigio del sector político opositor", la "pública presión para que los jueces que hubieran firmado fallos perjudiciales para los intereses del gobierno renuncien", y la "utilización indebida de escuchas presuntamente ilegales, a ex funcionarios hoy privados de su libertad, con fines políticos".

Los visitantes solicitaron que intervenga de manera urgente el "sistema universal o regional de protección de los derechos humanos”, a los fines de proteger “las garantías básicas individuales” y “el principio orgánico de independencia judicial, esencial para la subsistencia republicana", y requirieron “la visita del relator a nuestro país” en el curso del presente año para recibir “diagnósticos precisos” sobre lo que califican como “un plan sistemático y estructural de cooptación del poder judicial y del Consejo de la Magistratura” por parte del poder ejecutivo, “con tres objetivos: la persecución de los jueces independientes, el armado de causas fraudulentas como método de persecución de los opositores y la digitación de los nuevos jueces”.   

Las objeciones y cuestionamientos sobre el accionar de la Justicia y del denominado “lawfare” no son nuevos, pero han incrementado su protagonismo en la agenda pública en el marco de la campaña electoral.  No por casualidad el poder judicial es la institución que genera mayor desconfianza entre los argentinos. Y la calidad de la Justicia y la de la república siempre deben marchar de la mano. En una instancia clave de nuestra vida política y social, garantizar su transparencia y credibilidad constituye una asignatura central para el bienestar y la seguridad de todos. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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