Avanza la causa contra el ex titular de la IGJ, Carlos Alberto Flores, por enriquecimiento ilícito

El ex jefe del Departamento de Asuntos Jurídicos de la Inspección General de Justicia (IGJ), Carlos Alberto Flores, está siendo investigado por el Poder Judicial de la Nación junto al resto de los funcionarios que se habrían enriquecido con él. El fiscal Carlos Stornelli pidió una serie de medidas que aceleran las pericias “en atención a lo que desprende del informe de la División Anticorrupción de la P.F.A”, según consta en el expediente.

La causa investiga el presunto enriquecimiento ilícito patrimonial de Flores, que habría ocurrido “de manera coetánea y con posterioridad” a que asumiera el cargo en la IGJ en el año 2010. Según la pequisa, el ex funcionario habría cometido delitos de corrupción con la   participación, en calidad de “prestanombres” de Susana Graciela Junqueira, Susana María Krause Mayol y Sara Raquel Pelegri.

En el expediente consta que el ex funcionario habría escondido su patrimonio personal en diversas sociedades, por ejemplo, en “United Traders Corporation S.A.”, cuyo presidente sería Rodolfo Zanettin. Además, se sospecha que sería el financista del emprendimiento inmobiliario “Chacras de la Alameda”.

En tanto, la Justicia libró un oficio al Departamento de Asistencia al Poder Judicial del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para que solicite información a entidades bancarias, financieras, agencias y casas de cambio en relación a una serie de personas físicas y jurídicas, vinculadas a los hechos de corrupción denunciados, entre ellos, Flores. Además, la investigación recae sobre: Graciela Felicia Galicchio, Junqueira, Krause Mayol, Pelegri, Matías Zanettin, Federico Zanettin, United Traders Corporation S.A., Serylend S.A., Sur Inversiones y Representaciones S.A., Chacras de la Alameda y Continental Trust Fiduciaria.

Asimismo, la Justicia solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que la Dirección General Impositiva (DGI) realice un informe sobre los investigados desde el año 2011 hasta el año 2016. “Es dable destacar que las medidas ordenadas cuentan con la presencia de elementos objetivos idóneos, y sobre la base de ciertos patrones de probabilidad que brindan certeza y cabalidad al asunto examinado, justificando así su dictado”, sostiene el expediente. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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