La UTA incumple y pone en riesgo la vida de una niña con retraso madurativo

Mía Novillo tiene 10 años. Vive en una humilde vivienda de Florencio Varela con sus padres y está sin tratamiento médico porque la obra social UTA (Unión Tranviarios Automotor) burocratiza la entrega de insumos, los servicios de terapia kinesiológica, visual y ocupacional. "Ella cada día está peor. Su calidad de vida se deteriora y casi ya no se puede sentar porque le agarran vómitos y mareos. Todo eso porque en lugar de tener 14 sesiones de kinesiología por semana, le dan solo una cada dos días y a veces ni aparecen"  contó su mamá Viviana Rodríguez a REALPOLITIK.

El caso de Mía se suma a la larga lista de pacientes que esperan de la obra social lo que le corresponde por derecho. Su papá, Pablo Novillo, es chofer de la empresa de larga distancia Plusmar. "Todos los compañeros nos apoyan y ayudan con lo que nos pasa pero la decisión de que mi hija mejore está en manos de la obra social. Por este problema en 2016 realizamos un amparo que salió a nuestro favor y el año pasado se inició una ejecución de sentencia pero igual no cumplen. Yo no tengo ni para pagarle al abogado que nos ayuda con todo esto", dijo la mujer.

El problema de salud de Mía comenzó a los seis meses cuando los médicos detectaron que padecía del "Síndrome de West", una enfermedad correspondiente al grupo de patologías conocidas como "encefalopatías epilépticas catastróficas”.

Según contó Viviana, cuando la niña tenía 4 años llegó del jardín con convulsiones. "Como ella tenía una secuela madurativa la llevé al grupo pediátrico (Clínica Brandsen de Quilmes). Pero me dijeron que era producto de su patología. Yo le decía que no porque ella era una nena con secuelas madurativas nada más, que nunca había tenido otro problema. Me la dejaron estar cinco días". En ese momento, según se desprende del fallo judicial, Mía llegó  convulsionar 56 veces en cinco días hasta que la derivaron a una clínica de Munro. Le diagnosticaron una encefalitis herpética (herpes hoster).

Viviana dice que Mía podría haber salido bien de ese trance si los médicos hubieran tomado otros recaudos. Precisamente, una vez en Munro, "el neurólogo me explicó que tenían que haberla inducido al sueño y entubarla, sedarla y mandarla a terapia por todas las convulsiones. (Los médicos) no se dieron cuenta que realmente era grave.  Desde ahí, después de dos meses que estuvo internada, ya no caminaba. Empezó toda la lucha. Nunca cumplieron con la internación domiciliaria, con nada de lo que se necesita mi hija", lamentó la mamá.

"La UTA está incumpliendo el fallo del juez  (Luis Antonio) Armella que siempre nos apoyó. Mía debería estar en una cama ortopédica pero ni eso tiene. Para darle una silla de ruedas estuvimos esperando dos años”, contó.

La resolución judicial indica que la obra social de la UTA debe “brindar la cobertura médico asistencial y total (100 por ciento) del tratamiento requerido para enfrentar la grave enfermedad que padece: parálisis cerebral con retraso mental severo”.

Entre los servicios se destacan: “psicología, psicopedagogía, fonoaudiología, terapia ocupacional, músico terapia, dos veces por semana. Pero además kinesiología o fisioterapia de lunes a viernes, enfermería de 8 a 20 horas todos los días, sillas de ruedas para traslado y movilización y silla de ruedas postural, leche, pañales y los remedios”. Aún la UTA no se hizo cargo de nada. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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