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3 de julio de 2019 | Opinión

Sistema de Control de Cárceles

Monitoreo sorpresivo a la cárcel de Ezeiza arrojó preocupantes resultados

Con el propósito de constatar las condiciones de vida de las personas privadas de su libertad, se realizó un monitoreo sorpresivo en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza encabezado por el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles. 

HORACIO DELGUY

por:
Hugo López Carribero

Presidido por el juez federal Gustavo M. Hornos, este organismo tiene el fin de la búsqueda constante de la protección de los derechos humanos de las personas que se encuentran alojadas en la cárcel, privadas de su libertad. 

Las inspecciones se realizaron particularmente en los pabellones B y J de la Unidad Residencial III. Desde el comienzo de la inspección se pudo notar la situación que allí se vivía. Las condiciones eran paupérrimas, los internos desde sus celdas pedían a gritos que la comisión no se fuera y que atienda sus pedidos, reclamaban por una mejoría en los tratos y en la alimentación. 

A simple vista, los pocos objetos que había estaban tirados en el piso, en mal estado y rotos. La cárcel se había transformado en un espacio oscuro y maloliente.

El Sistema estuvo representado en la ocasión por su presidente, el juez Gustavo M. Hornos; los jueces Sergio Paduczak y Vilma Bisceglia; el defensor Agustín Carrique; Eugenia Garcia Sigilli, de la comisión de Cárceles; Luciano Hazan, del programa de Violencia Institucional; Agustín Mosso, de la procuraduría contra la Violencia Institucional; los jefes de despacho Lara Bertoli y Nicolás Herbin; la secretaria del Sistema de Control de Cárceles, Lucía Gallagher; y el delegado de Casación Luis López Lo Curto. La sociedad civil estuvo representada en la inspección por Eva Asprella y Fabio Vallarelli, en representación del CELS -miembro consultivo del Sistema-.

A pedido del juez Hornos, se realizó una entrevista con seis reclusos del pabellón B para intentar llegar a una solución. En ese diálogo se llegó al acuerdo de la apertura de las celdas y la flexibilización del régimen de vida del pabellón. 

También se dispuso que la totalidad de las personas alojadas fueran revisadas por el médico de la unidad y que absolutamente todos los sectores fueran correctamente aseados y recompuestos. 

La comitiva pasó tiempo en cada pabellón atendiendo las necesidades de los internos y escuchando sus reclamos. En el caso del pabellón B del módulo III donde se encontraban los presos que habían protagonizado hechos de recíproca violencia, habitaban treinta personas, todas juntas y encerradas desde hace varios días, y algunos contaban con lesiones graves. 

Cuando se dirigieron al pabellón J, destinado al alojamiento de personas sancionadas o con resguardo de integridad física, se pudo observar fácilmente la mala iluminación que había, el poco ingreso de luz natural y sobre todo, la humedad y las filtraciones de agua abarcaban todo el sector. 

Los internos dieron a conocer que pasaban ahí encerrados en la oscuridad unas 23 horas diarias, que no salían al patio y que las duchas estaban tapadas. En un caso particular, se ordenó el traslado de un interno al hospital penitenciario con intervención del sector de Psiquiatría. 

Todas las entrevistas con los internos, coincidieron en las graves falencias a la hora de pedir atención médica y a las incorporaciones a programas de trabajo, además agregaron que en varias oportunidades, se les servía comida en mal estado. 

La comitiva fue acompañada durante todo el recorrido por el director del Complejo, José Luis Millaqueo, y por el director del módulo III, Rafael Aguilar, que luego de la supervisión se reunieron para tratar los temas que más afectaciones está teniendo el sistema penitenciario, asuntos como la alimentación, acceso al trabajo y sobre todo la falta de protocolo del uso de la fuerza. 

Hornos señaló contundentemente que hay que garantizar que las condiciones de las personas privadas de su libertad sean dignas tal como lo ordenan las leyes y la misma constitución. En virtud a todo lo observado y analizado, se producirá un informe detallado con todos los señalamientos, observaciones y recomendaciones, destinado a las autoridades correspondientes, para que atiendan cada uno de los puntos a resolver. 

Es así como el Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles reafirma el compromiso con todas las personas privadas de su libertad, asegurándoles sus derechos fundamentales. 

 

 

(*) Hugo Lopez Carribero es abogado penalista y director del Instituto de Derecho Penal Colegio de Abogados.

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