Dietrich designó a un militar torturador en Seguridad Vial y ya sembró quejas de los trabajadores

Alberto Daniel Beltrán vivía en Puerto Belgrano, a unos 40 kilómetros de Bahía Blanca, en donde se destacaba como un capitán de Corbeta rígido y exigente. En el año 2004, decidió que una buena lección para los tenientes y oficiales a su cargo consistiría en obligarlos a permanecer sentados dentro de una zanja que recorría las instalaciones del cuartel de la Escuela de Infantería de Marina.

El agua corría a cien grados centígrados, y Beltrán les prohibió pararse y salir de la zanja “hasta que pase el último comando anfibio recién egresado”. Minutos después, cuando los tenientes y oficiales fueron trasladados a la enfermería, fueron atendidos por quemaduras de primero y segundo grado, incluso varios tuvieron que permanecer internados. En abril del 2009, cinco años después de la brutal tortura, Beltrán fue procesado como “autor prima fascie penalmente responsable del delitos de lesiones culposas agravadas”.

Menuda sorpresa se llevaron sus víctimas el primero de junio de 2018, cuando el ministro de Transporte nacional Guillermo Dietrich decidió nombrar al torturador como director de Coordinación de Control y Fiscalización Vial de la Dirección Nacional de Coordinación Interjurisdiccional de la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

Su gestión, tan cuestionada como su paso por la Marina, se vio teñida de iniciativas igualmente polémicas. La base de Hudson de la Agencia Nacional de Seguridad Vial permanece con 3 baños en pésimo estado para los más de 180 empleados. Aquellos que necesitan cambiarse para vestir el uniforme de la agencia, lo deben hacer en un galpón a temperaturas bajo cero. En una medida que despertó altercados y discusiones por igual, Beltrán habría decidido incorporar personal del ejército haciendo uso de contratos de ACARA, cuyos pagos desembolsaría el Estado.

La improvisación reinante en la Agencia Nacional de Seguridad Vial es alarmante. Tanto que la semana anterior gran parte del predio se mantuvo sin luz por un desperfecto. Se utilizaron generadores que gastaron una verdadera fortuna diaria en combustible, pero se olvidaron de llamar al electricista.

En uno de los últimos capítulos, y a pesar de los tibios reclamos de los delegados de ATE presentes en la agencia, quienes también fueron denunciados por cobrar hasta el presentismo sin siquiera ir a trabajar, los directivos decidieron autorizar el acompañamiento de las aspas con destino a los parques eólicos de Bahía Blanca. Al no ser una función propia del organismo y estar destinado a una empresa de seguridad privada, no fueron pocos los que sospecharon un negociado.

Entre militares torturadores, decisiones sin justificación y gestiones improvisadas, la Agencia Nacional de Seguridad Vial pareciera encaminarse día a día hacia el fin de una administración mediocre, que llegará en un diciembre cuyos empleados anhelan como agua en el desierto. (www.REALPOLITIK.com.ar)

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